Inés Guimaraens

Gobierno afín de prorrogar suspensión de etiquetado obligatorio y armonizar a nivel Mercosur

La idea es discutirlo en el segundo semestre cuando Uruguay asuma la presidencia pro témpore del bloque

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11 de junio de 2020 a las 05:02

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Santiago Soravilla y Diego Cayota

El gobierno está afín de prorrogar el etiquetado obligatorio de alimentos hasta fin de año y planteará discutir el tema a nivel del Mercosur en el segundo semestre de este año, según dijeron a El Observador fuentes del Poder Ejecutivo. Uruguay asumirá la presidencia pro témpore del bloque en julio y con esa condición pretende agilizar los trámites de discusión de un tema que ya estaba en negociaciones. 

De esta forma queda relegada la postura del Ministerio de Salud Pública (MSP) -que pretendía comenzar a fiscalizar en julio- pero acelera los tiempos para resolver el tema este año. “Es algo que va a salir (lo del etiquetado obligatorio)”, aseguró una fuente del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, la idea del gobierno es que esté armonizado en el bloque regional porque de lo contrario, según entienden, podría generar problemas en el comercio. 

La administración de Tabaré Vázquez aprobó un decreto que, luego de un plazo de 18 meses de margen, establecía que a partir del 1º de marzo era obligatorio que los alimentos con exceso de sodio, azúcares y grasa advirtieran al consumidor con una etiqueta octogonal.

Una vez que asumió el nuevo gobierno, el presidente Luis Lacalle firmó un decreto que prorrogaba por 120 días la obligatoriedad y conformaba una comisión interministerial para analizar el tema. A fines de mayo esa comisión no llegó a un acuerdo y elevó dos propuestas al Poder Ejecutivo. Una respaldada por el MSP, que pretendía comenzar a fiscalizar cumplidos los 120 días, y otra con el respaldo de cancilerría, el Ministerio de Economía, el de Industria y el de Educación que pedía prorrogar la fiscalización. 

Si bien el gobierno respaldó la postura de esos cuatro ministerios de postergar la obligatoriedad, pretende acortar los plazos. Mientras que la propuesta era postergar hasta julio de 2021, el Poder Ejecutivo pretende que se decida antes de fin de año. Uno de los reparos que planteaba el Ministerio de Salud Pública (MSP) inicialmente era que la discusión en el bloque regional se podía extender durante mucho tiempo. 

Leonardo Carreño

Cuando Uruguay presentó el decreto aprobado por la administración de Tabaré Vázquez (2015-2020), Argentina planteó algunos reparos en el entendido de que es un tema que se debe trabajar en conjunto porque si existen diferencias entre los países puede afectar el comercio. 

Es decir, los cuatro ministerios que están afín de postergar la aplicación del etiquetado obligatorio defienden la necesidad de aplicar una normativa armonizada a nivel regional y, además, en este contexto de crisis por la emergencia sanitaria entienden que la obligatoriedad generaría un aumento de costos para las empresas. 

De todos modos, muchas compañías ya tenían las etiquetas prontas para colocar porque la obligatoriedad comenzó a regir el 1º de marzo y recién el 11 de ese mes el gobierno emitió el decreto que postergaba la obligatoriedad.

FAO pidió implementar etiquetado

La oficina en Uruguay de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pidió que Uruguay ponga en marcha el etiquetado obligatorio de alimentos. En un artículo titulado Etiquetas para elegir, y recogido por La Diaria, asegura que “experiencias y estudios internacionales muestran que el etiquetado frontal de alimentos procesados ayuda a comprender qué contienen y a mejorar la calidad nutricional de la oferta”. 

El texto agrega que la Oficial en Nutrición y coordinadora de la Red internacional de sistemas de datos sobre alimentos de la FAO en América Latina y el Caribe, Ruth Charrondière, dijo que "sería un paso importante hacia una mejor salud para la población de Uruguay si el decreto de etiquetado se implementara lo antes posible”.

Un grupo de sociedades médicas uruguayas también se pronunció a favor del etiquetado, según recogió El País este miércoles. “Esta política, junto con otras tendientes a estimular la alimentación saludable, contribuyen al control de factores de riesgo modificables que están en la base del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles con conocido impacto sobre la morbimortalidad de nuestra población”, dice el comunicado difundido. 
 

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