La comisión interministerial que estaba negociando sobre el etiquetado de alimentos no logró llegar a un acuerdo y elevó un informe al presidente Luis Lacalle que tiene dos propuestas. Por lo tanto, será el mandatario el que tenga la última palabra y decidir entre la propuesta de Salud Pública o la que tiene el respaldo de otras cuatro carteras.
Además del MSP, también integraban la comisión cancillería, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la cartera de Economía y Finanzas (MEF). El objetivo era analizar el decreto que venía de la administración anterior “valorando la armonización en el marco de la normativa del Mercosur, reconociendo el rol de rectoría del MSP”.
Eso decía el texto aprobado a mediados de marzo que postergó por 120 días la puesta en marcha del rotulado obligatorio. Es que el gobierno encabezado por Tabaré Vázquez (2015-2020) aprobó un decreto en agosto de 2018 que establecía un plazo de 18 meses –hasta marzo de 2020- para que la industria se pudiera adaptar a la nueva normativa.
Leonardo Carreño Salinas y Lacalle durante una conferencia en Torre Ejecutiva Ese decreto establecía que los alimentos a los que se les haya agregado sodio, grasa o azúcares y en cuya composición final el contenido de esos elementos o grasas saturadas exceda los valores establecidos en el texto deberán llevar la etiqueta octogonal correspondiente.
La misma resolución que postergaba la obligatoriedad del etiquetado de alimentos, también creaba la comisión y establecía que debía presentar un informe escrito al menos 30 días antes de vencida la prórroga.
Sin embargo, la comisión no llegó a un acuerdo y el informe elevado tiene dos propuestas.
La propuesta defendida por el ministerio que encabeza Daniel Salinas plantea comenzar a aplicar el decreto que proviene de la administración anterior tal y como está una vez que se cumpla el plazo de 120 días.
Los argumentos manejados por la cartera en las reuniones de la comisión –que mantuvo tres encuentros durante mayo- defienden la normativa como una forma de combate al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles, según pudo saber El Observador. En el entorno de Salinas entienden que al no existir una norma regional –Uruguay tomó como ejemplo la legislación chilena- es necesario avanzar en el desarrollo de políticas que ofrezcan herramientas para luchar particularmente contra las enfermedades no transmisibles.
Inés Guimaraens La otra propuesta que el presidente deberá analizar, y que tiene el respaldo de cuatros ministerios (MIEM, MEC, MEF y la cancillería), plantea aprobar una nueva prórroga hasta julio de 2021 para continuar negociando a nivel del Mercosur la aplicación de una norma en conjunto. La información nutricional de los alimentos envasados es un tema que, hasta ahora, se encuentra armonizado a nivel regional.
El problema, según la visión de Salud Pública, es que el acuerdo sobre un nuevo etiquetado de alimentos a nivel regional se podría extender hasta 2023.
Cuando Uruguay presentó el decreto aprobado por la administración anterior, Argentina planteó algunos reparos en el entendido de que es un tema que se debe trabajar en conjunto porque si existen diferencias entre los países, pueden haber complicaciones para el comercio regional.
Es decir, los cuatro ministerios que están afín de postergar la aplicación del etiquetado obligatorio defienden la necesidad de aplicar una normativa armonizada a nivel regional y, además, en este contexto de crisis por la emergencia sanitaria entienden que esto generaría un aumento de costos para las empresas.
Cruces en el gobierno
Cuando El Observador informó que el etiquetado de alimentos no iba a ser una prioridad para el nuevo gobierno, distintos actores involucrados en el tema mostraron sus diferencias. Mientras que el ministro de Salud Pública, integrante de Cabildo Abierto, defendió el decreto de la administración anterior, el número dos de esa cartera, José Luis Satdjián, fue mucho más cauto.
“Cómo Ministerio de Salud Pública lo que velamos es por la salud, no por los intereses de la industria”, sostuvo Salinas entrevistado en febrero por Canal 4.
Camilo dos Santos El subsecretario de Salud José Luis Satdjián en Torre Ejecutiva Por esa misma fecha, el subsecretario de la cartera, integrante del Partido Nacional, puso en duda la continuidad de la normativa. “No es un decreto que hayamos elaborado nosotros, no fue controlado por nosotros, por lo tanto, va a estar en revisión constante”, dijo en Desayunos Informales.
En tanto, la Cámara Industrial de Alimentos aseguró que había empresas que ya estaban poniendo los octógonos que exige la normativa ahora en pausa, mientras que otras están esperando que el gobierno flexibilice esa regulación.
Pedido de informes
Una de las impulsoras de este tema fue la exsubsecretaria de Salud y actual diputada del Frente Amplio, Cristina Lustemberg. Incluso, según pudo saber El Observador, las personas que Salinas designó para integrar la comisión que discutió este tema vienen de la administración anterior.
Ante la cercanía del vencimiento del plazo para que la comisión elevara las conclusiones, la ahora diputada presentó un pedido de informes para conocer el estado de situación. “Nos preocupa que el tema quede sin resolver y que no se avance con celeridad, ya que esto es una cuestión prioritaria para la salud”, escribió Lustemberg en un tuit, y recordó que Uruguay enfrenta una “epidemia de sobrepeso y obesidad”.
