"Lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas", expresó el gobernante en una declaración ante la prensa en Quito.
Al tiempo ordenó acciones "militares y policiales" en la convulsa frontera con Colombia contra los captores.
"Hemos reiniciado (...) las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza que fueron suspendidas y dispuesto inmediatamente el despliegue de las unidades élite de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dicho territorio", indicó Moreno.
El gobierno acusó del crimen del reportero Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) a disidentes implicados en el narcotráfico que operan en territorio limítrofe.
El jueves, Moreno había dado plazo de 12 horas a los captores para que entreguen una prueba de vida de los secuestrados luego de que las autoridades recibieran del canal colombiano RCN unas fotografías de cadáveres que correspondían a los rehenes.
Moreno apuntó que "más allá de los esfuerzos realizados se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos, es muy probable (...) que lo único que hayan querido es ganar tiempo".
¿Cómo empezó todo?
Ortega, Rivas y Segarra, del diario El
Comercio, fueron secuestrados por disidentes de la exguerrilla de las FARC el pasado 26 de marzo en la localidad costera de Mataje, limítrofe con Colombia.
Estaban realizando un trabajo periodístico sobre la situación de la convulsa frontera, a raíz de la oleada de ataques a la fuerza pública registrada en la zona desde el pasado mes de enero.
Con un saldo por ahora de cuatro muertos y cuatro decenas de heridos, esta violencia sorprendió y conmocionó a un país que se preciaba de ser un remanso de paz en medio de los problemas derivados del narcotráfico que enfrenta Colombia.
Hay versiones opuestas sobre el paradero de los trabajadores de la prensa. Quito sostiene que tras la captura fueron trasladados al lado colombiano de la frontera. Bogotá, en cambio, lo pone en duda.
¿Qué se supo después?
La última vez que se los vio con vida fue en una grabación filtrada a la prensa colombiana el 3 de abril. En ella aparecían los tres abrazados, con cadenas y candados al cuello, e instaban al gobierno de Ecuador a llegar a un acuerdo con los captores.
Al inicio de esta semana circuló un supuesto comunicado de los secuestradores –cuya autenticidad fue puesta en duda por las autoridades de ambos países– en el que se anunciaba la muerte de los rehenes durante una fallida operación de rescate coordinada por los dos gobiernos.
Quito negó que estuviera realizando operaciones militares en la zona de frontera, y Bogotá sostuvo por su parte que no realizó operaciones especiales sin el conocimiento de Ecuador.
El 28 de marzo, dos días después del secuestro, una conocida radio colombiana informó de la liberación del equipo periodístico. Sin embargo, la información resultó ser falsa.
Agonía a cuentagotas
Este jueves el canal colombiano RCN entregó a las autoridades ecuatorianas fotografías de los que serían los cuerpos ajusticiados de los rehenes.
Tras analizar las imágenes, el gobierno estableció que en dos de ellas hay semejanzas con la ropa de los secuestrados y una tercera correspondería al rostro de uno de los periodistas.
Aunque en Colombia y Ecuador se cree que existe una alta probabilidad de que las fotos sean auténticas, según el presidente Moreno, no hay evidencia concluyente.
El material gráfico no ha sido publicado prácticamente por ningún medio, aunque ya circula en redes sociales.
Los autores
El equipo cayó en poder del Frente Oliver Sinisterra, un grupo que se apartó del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC y que está vinculado con el narcotráfico.
Según la inteligencia colombiana, se trata de una organización con entre 70 y 80 hombres, dirigida por el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en Ecuador. Guacho se mueve por ambos lados de la frontera sembrando el terror en una zona que es clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por el Pacífico.
Bogotá lo responsabiliza de varios ataques con explosivos que han dejado a oscuras a Tumaco, un poblado de unos 200 mil habitantes a escasos kilómetros de la zona limítrofe y que concentra el mayor número de narcocultivos en el mundo.
Frontera caliente
Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera de 720 kilómetros, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y la tala ilegal.
Pero tras el acuerdo de paz firmado a finales de 2016 con las FARC, que según analistas dominaban el territorio, arreciaron disputas entre desertores del pacto de paz, bandas procedentes de antiguos paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.
"Lo que estamos viviendo ahora es una herencia del conflicto y de la falta de resolución de estrategias claras para la desmovilización de las FARC", explica la internacionalista ecuatoriana Katalina Barreiro, del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
El gobierno ecuatoriano sostiene que la violencia vivida en los últimos meses en el lado ecuatoriano es en represalia por los golpes que sus autoridades le han dado al narcotráfico, que han dejado varios detenidos e incautaciones.
