Gobierno electo eliminará por decreto topes a vivienda promovida 

El presidente electo Luis Lacalle Pou aseguró en enero durante la Expo Real Estate en Punta del Este que se comprometía a eliminar a través de la Ley de Urgente Consideración dos decretos que él entendía que habían frenado la inversión. Sin embargo, desde la Appcu le trasladaron la necesidad de que se eliminaran por decreto para agilizar el trámite y el gobierno accedió. 

El primer decreto al que se refería Lacalle es de junio de 2014 e introdujo el tope sobre los precios del 25% de las unidades de la Vivienda Promovida (antes conocida como Vivienda de Interés Social). El otro, de febrero de 2017, establece que los inversores pueden exonerar el 100% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) cuando los arrendamientos no superen "precios máximos" establecidos por el Ministerio de Vivienda. Si se superan esos valores tope la exoneración es del 40%.

Leé también

Lacalle Pou anunció que eliminará decretos de vivienda social que "limitaron su crecimiento"

El primero es el que Ferrés se comprometió a derogar en los primeros días de marzo. Durán explicó que también le pidieron al gobierno electo que esta modificación sea retroactiva, para que se aplique a proyectos que ya están en marcha, y el prosecretario quedó en darle una respuesta más adelante porque lo están evaluando. 

Originalmente cuando se aprobó la ley de Vivienda Social en 2011 no había topes sobre los precios de venta. Tres años después se limitó el precio del 25% de las unidades de cada proyecto. Luego, en 2017 el tope se redujo al 10% de las viviendas, pero con la salvedad de que esas unidades se ponen a disposición del Ministerio de Vivienda hasta un año después de terminadas y a valores de entre US$ 35 mil y US$ 40 mil menos que su valor de mercado.

Ferrés le pidió a los empresarios que le enviaran un documento con todas las aspiraciones para analizarlos en profundidad. “Hay 20 proyectos esperando este cambio para empezar”, dijo Durán. El presidente de la asociación, Ignacio González, aseguró en diciembre entrevistado por Búsqueda que había dos promotores con terrenos comprados en Montevideo que comenzaban el proyecto “al otro día” que se eliminaran los topes. 

Leonardo Carreño

El propio González, socio de González Conde, aseguró que están esperando ese cambio para hacer una obra de “100.000 metros cuadrados en Montevideo”. Según afirmó al semanario, será el emprendimiento “más grande” con capitales privados realizado hasta el momento en el país con una inversión cercana a los US$ 120 millones. Se trata de dos torres de 130 metros de altura, que serían las más altas, y 900 viviendas.  

Otro tema que estuvo sobre la mesa fueron los mínimos que se establecen para considerar una obra como “megaproyecto” y tener algunas exoneraciones fiscales. Actualmente esos topes son de US$ 15 millones para Punta del Este y US$ 11 millones para Montevideo. Lo que pide la asociación es que se reduzca el mínimo de la capital porque “los terrenos no son tan grandes” como en Maldonado. 

Reunión con Mieres

Los empresarios también se reunieron con el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que les aseguró que a pesar de los comentarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la negociación en los Consejos de Salarios seguirá siendo tripartitita y que el gobierno bajará pautas para la negociación. Cuando no existe acuerdo entre las partes el que lauda es el gobierno y el organismo internacional entiende que el gobierno no debería participar de esa negociación.