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Gobierno mantendrá política de tarifas en combustibles aunque caiga la LUC

El Poder Ejecutivo aprobó para setiembre una baja en el precio de las naftas y el gasoil, por primera vez desde la aplicación del régimen basado en Precio de Paridad de Importación (PPI)
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31 de agosto de 2021 a las 05:03

Los precios de los combustibles tendrán una baja al público desde este miércoles 1º de setiembre, de acuerdo al nuevo mecanismo mensual de fijación de tarifas del gobierno, que acompasa los valores en función del comportamiento del Precio de Paridad de Importación (PPI), relevado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

El nuevo esquema de fijación de precios se había aplicado en junio, julio y agosto cuando hubo tres aumentos consecutivos en las naftas y el gasoil. En setiembre será la primera vez que ocurre una baja desde la puesta en funcionamiento del PPI, una pata clave de la revisión integral del mercado de combustibles que está en marcha.

El Poder Ejecutivo prevé mantener el mecanismo de actualización mensual de los precios. A principios de mes desde el gobierno se había manejado la posibilidad de evaluar hacer ajustes cada dos meses. Esa es la periodicidad máxima para actualizar los precios  que se establece en el artículo 235 de la ley de Urgente Consideración (LUC). Pero finalmente quedó descartado.

Por otro lado, en el Ejecutivo están decididos a continuar con el mecanismo basado en el PPI como la “política” para la fijación de precios de los combustibles, aun en el caso que sean derogados los 135 artículos de LUC por la vía de un referéndum, según supo El Observador en base a fuentes oficiales.

El artículo 235 dice que el Poder Ejecutivo aprobará el precio de venta de los diferentes combustibles producidos por Ancap, con entrega en cada una de sus plantas de distribución, previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y de Ancap.

Según se explicó, lo que la ley hizo fue generar un mecanismo que antes no existía, pero se mantuvo la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre qué hacer con los precios. Por ejemplo, aun cuando el artículo fuera derogado, el gobierno podría pedir a la Ursea que le envíe los insumos para actualizar los precios, en base al criterio que hoy se considera “es el más conveniente” y “transparente”.

Los nuevos valores

El precio de la nafta Súper 95 bajará $ 0,4 por litro en surtidor (0,6%) este miércoles, y pasa de $ 70,81 a $ 70,41 por litro; mientras que el gasoil común se reduce $ 0,76 por litro (1,5%) y pasa de $ 50,7 a $ 49,94.

“La reducción mensual responde a una baja de los refinados en la Costa del Golfo –que representan más del 80% del  PPI-derivada de la caída de la cotización del petróleo”, afirmó el Poder Ejecutivo en un comunicado.

En tanto, el precio del supergás (GLP) se mantiene en $ 56,16 por kilo aun cuando la referencia internacional indicaba un ajuste al alza. De esa manera, la garrafa de 13 kg continuará con costo al público de $ 730,08 (sin envío).

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Los nuevos valores para los combustibles regirán a partir de la medianoche de este 1°de setiembre de 2021.

El PPI de la Ursea que el Poder Ejecutivo tomó como insumo abarca el último mes móvil entre el 26 de julio y el 26 de agosto. Y es la segunda vez que el nuevo esquema se aplica en plenitud, es decir, tomando también en cuenta los sobrecostos de Ancap ($ 2,97 por litro).

“El sistema que estamos implementado es transparente. Hay una clara relación entre las tarifas de los combustibles y los costos de Ancap. Las tarifas no se van a determinar en base a  las necesidades del Estado, van a seguir principalmente el precio del petróleo. (…) Cuando el  petróleo baje van a bajar las tarifas”, había dicho la ministra Azucena Arbeleche el pasado 30 de julio.

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En ese componente se incluye el subsidio al supergás -que se mantiene sin aumento- la mezcla del etanol en las naftas, del biodiésel en el gasoil, las pérdidas del negocio del pórtland, y los resultados acumuladas y los costos financieros en los que se debió incurrir por las pérdidas millonarias de Ancap en períodos anteriores, según el Poder Ejecutivo.  El objetivo planteado es que la incidencia en las tarifas de sobrecostos y subsidios tienda al mínimo en un período de 2 a 3 años.

“Ese comportamiento permite cumplir con el objetivo del nuevo sistema, que garantiza que la evolución real de los costos de los precios de los combustibles, tanto a la baja como al alza, serán reflejados en los valores al público, eliminando la discrecionalidad fiscal en su fijación”, señaló el gobierno.

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