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Gobierno retaceó dinero a organismos que lo controlan

Junto con la Fiscalía fueron los más perjudicados en esta asignación de recursos

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07 de julio de 2018 a las 05:00

En todos los ejercicios presupuestales pasa lo mismo. Hay organismos que reciben más recursos que otros y están más cerca de satisfacer sus reclamos. En general, a ninguno se le cumplen todas las expectativas. Pero hay organismos del Estado que quedan más desprotegidos que otros porque la diferencia entre lo que pedían y lo que finalmente se les otorgó es muy grande. En este caso fueron los organismos de contralor y la Fiscalía los que sufrieron el cierre de la billetera. Si bien todavía queda la discusión parlamentaria, donde se pueden realizar reasignaciones, el margen es acotado.

En pleno proceso de adaptación al nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y con nuevas leyes por implementar, la Fiscalía tenía importantes reclamos para hacer. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue de los primeros en salir a reclamar una vez que se presentó el proyecto al Parlamento. En la Rendición de Cuentas del gobierno, según Díaz, la Fiscalía recibió el 10% de los recursos que necesitaba. El organismo precisaba $ 300 millones para crear nuevos cargos de fiscales penales por el nuevo CPP y otros $300 millones para poner en práctica la ley de violencia de género, según el fiscal de Corte. El Poder Ejecutivo le asignó apenas $ 65 millones.

En este contexto, Díaz aseguró en el programa Todo Pasa de Océano FM que no podrán cumplir con la Ley Integral Contra la Violencia de Género por falta de recursos. En el Poder Judicial plantearon un reclamo similar por esta ley y tampoco recibieron los recursos suficientes.

Los organismos de contralor tampoco recibieron incrementos presupuestales significativos. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ni siquiera figuran en el texto enviado por el Poder Ejecutivo. "Esto es algo que se repite en todas las Rendiciones de Cuentas de este gobierno", lamentó en conversación con El Observador el diputado blanco Jorge Gandini.


El Tribunal de lo Contencioso Administrativo jugó en esta Rendición de Cuentas su última carta para lograr una reforma que vienen reclamando desde hace años, y perdió. En el proyecto que envió al Ejecutivo reclamaba crear cinco juzgados de primera instancia para evitar que todo siga llegando al organismo integrado por cinco ministros, con una estructura igual a la de la Suprema Corte pero con instancia única.

Los ministros de la justicia administrativa deben pronunciarse por todo tipo de asuntos, desde expedientes donde se impugnan multas de tránsito por $ 8.000 hasta licitaciones de US$ 100 millones, pero también temas de objeción de conciencia, concursos y reformas.

Para impulsar la reforma, el TCA estaba dispuesto a aportar dos tercios de esos cargos redistribuyendo funcionarios del organismo y había dicho que el costo de esa reestructura era de aproximadamente US$ 420 mil por año. El ministro del TCA, William Corujo, había dicho a El Observador que "el TCA ha sido el último orejón del tarro porque no moviliza masas". "Es ésta o nunca", agregó. Pero no tuvieron suerte. El TCA ni siquiera figura en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Parlamento.

El Tribunal de Cuentas tampoco aparece en este proyecto pero eso ya no sorprende a sus ministros. "El Ministerio de Economía nos ignora", dijo a El Observador el ministro del tribunal, Álvaro Ezcurra. El organismo había elevado un documento con tres artículos donde se pedía un ajuste por gastos de funcionamiento. Sin embargo, no recibieron nada.

"En estas condiciones no podemos cumplir con todos los cometidos del organismo", explicó Azcurra y mencionó que el control sobre las empresas públicas de derecho privado o las obras por Participación Público Privada es difícil de ejercer por falta de recursos.


La Jutep es otro de los organismos que no aparece en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El organismo había enviado un documento al gobierno donde pedía poco más de $ 7 millones para poder seguir cumpliendo con sus funciones. Para eso solicitaba contratar dos abogados, un contador y un secretario, más la incorporación de otros dos funcionarios como efectivos que actualmente estaban trabajando como pases en comisión.

Incluso, uno de los artículos presentados por la Jutep implicaba un ahorro de dinero para el Estado. El organismo pretendía que la lista de funcionarios públicos que no presentaron sus declaraciones juradas se pueda publicar en la página web de la institución. Ahora necesita contratar espacios en medios escritos de circulación nacional. "No sabemos la razón, así que no sacamos conclusiones", dijo al portal Ecos el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne. Desde la oposición entienden que esta decisión del Ejecutivo de ignorar al organismo es una venganza contra la Jutep. A principios de marzo, el presidente Tabaré Vázquez cesó a su consuegro, que integraba el equipo de seguridad presidencial, luego de que el organismo le recomendara la desvinculación por su relación familiar.

Para el diputado blanco Rodrigo Goñi existe un "intento de limitar" las tareas de investigación "de los hechos de corrupción que involucran al gobierno".

Los más beneficiados

Presupuesto tras presupuesto el gobierno define prioridades. La educación y la salud, que son parte de esos rubros que el gobierno pone en primer orden de atención, fueron los más beneficiados en las negociaciones previo a que el proyecto ingresara al Parlamento. Y esas mejoras en general se destinan a salarios.

Las propuestas del PIT-CNT y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) tuvieron eco en el gobierno. La central sindical consiguió que el Ejecutivo decidiera no llenar vacantes en el Ministerio de Defensa y con ese dinero financiar el aumento salarial de los soldados. El dinero que inicialmente iba a ser destinado a ese aumento se utilizará para regularizar la contratación de 300 auxiliares de servicio en Primaria.

A última hora del viernes 29, un día antes de que el proyecto de Rendición de Cuentas ingresara en el Parlamento, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) consiguieron un preacuerdo con el gobierno en donde se compensa el presupuesto que el Poder Ejecutivo había destinado para la salud pública: $ 70 millones para lo que queda de mandato, algo que los sindicalistas consideraban escaso.

"Es buenísimo el acuerdo que logramos", dijo a El Observador Martín Pereira, presidente de la FFSP.
En cuanto al aumento económico, los funcionarios que ganen $ 25.000 nominales van a recibir un 5% de aumento. Los que ganen $ 45.000 nominales, que es el tope máximo, recibirán 3%. Asimismo el gobierno repartirá una partida única de $ 4.000 para todos. Además, lograron que los trabajadores reciban el 100% de su salario cuando se ausentan por enfermedad, entre otras cosas.

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