Gobierno y oposición juegan sus cartas por seguridad

En este tema, los colorados quieren tomar la posta. El senador Germán Coutinho dijo que incluso no descartan "aprontar la lapicera" para con respaldo de la población intentar sacar adelante proyectos. En particular apuntan a respaldar la propuesta del senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) de aumentar las penas a narcos y menores delincuentes.

Precisamente, entre las ideas que el gobierno no tomará en cuenta, están dos de Larrañaga. Una es la de aumentar las sanciones para los adolescentes infractores y a quienes vendan drogas.

"Endurecimiento de penas está habiendo desde hace años", disparó Bonomi desde Salto marcando la posición oficial.

La otra propuesta de Larrañaga es para que los militares ayuden a la Policía. En ese sentido planteó crear una guardia nacional similar a los Carabineros de Chile. En el gobierno rechazan de plano sacar militares a la calle. "No tienen marco jurídico; no están capacitados para hacer un patrullaje de tipo policial; y no nos queda claro cuál va a ser la intervención en el uso de armas", dijo ayer a El Observador el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez. Ante la consulta de que esos aspectos que marcó se resuelven por ley, el jerarca opinó que "entonces pasen a los militares al Ministerio del Interior". De todos modos, consideró que pasar militares "ya fracasó" cuando se pidió que se incorporarn voluntariamente y por más sueldo. Para Larrañaga, el Frente tiene "una vincha ideológica" que le impide aceptar esa idea.

En el oficialismo se respalda mantener a militares en la guardia perimetral de las cárceles y en la custodia de las embajadas, pero no para patrullar, insistió Vázquez.

En ese marco, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou expresó su disposición a participar del diálogo si el gobierno muestra "una vocación de cambio". El mensaje "no es un condicionamiento", aclaró a El Observador el senador Javier García (Lista 40). "No condicionamos sino que partimos de un supuesto. Si llaman a dialogar es porque lo que se hizo hasta ahora no dio resultados y están dispuestos a hacer cambios profundos, radicales, con respecto a lo actual. Si no, no es diálogo, es un monólogo oficialista y para eso no tiene sentido, no cuenten con nosotros", afirmó García.

Sin embargo, el gobierno anunció el 29 de marzo que convocará a un diálogo con la oposición. A pesar de las diferencias, el oficialismo irá con la expectativa de recibir proyectos que se puedan incorporar.

El tema seguridad fue analizado el lunes por el Directorio del Partido Nacional –que pidió que Tabaré Vázquez esté presente en el diálogo– y también ayer en el Parlamento por los senadores colorados Germán Coutinho y Pedro Bordaberry.

Coutinho dijo ayer a El Observador que presentaron 18 proyectos sobre seguridad e intentarán que prosperen. Además, adelantó la disposición de Vamos Uruguay a juntar firmas para impulsar el aumento de penas. En el período anterior los colorados convocaron a la población para bajar la edad de imputabilidad, y el plebiscito finalmente fue rechazado.

El subsecretario Vázquez, informó que uno de los proyectos que presentará el gobierno apunta a bajar la reincidencia.

Para eso, se propondrá que los delincuentes puedan tener "una sola vez" el beneficio de la salida anticipada. Los que salgan y cometan nuevamente un delito no lo tendrán y deberán cumplir la totalidad de la pena. "Actualmente entre 70 % y 80% de los presos sale en libertad anticipada sin haber cumplido la totalidad de la pena o sin tener pena. La reincidencia de esa gente es importante" por lo que se buscará cortarla, explicó Vázquez.

En contrapartida, se propondrá que los delincuentes que cometan delitos menores, "donde los individuos no signifiquen un riesgo para la sociedad, y sean primarios" puedan salir con una libertad "controlada", ya sea con prisión domiciliaria o con tobillera.

Las autoridades aseguran que la eficacia policial mejoró. Se basan en números y lo adjudican a cambios en el patrullaje, en los tiempos de respuesta y en planificar los operativos con tecnología. Del otro lado, en la oposición, entienden que la seguridad está cada vez peor.

El Ministerio del Interior no permitirá partidos de fútbol"de alto riesgo" que implican movilizar a centenares de policías, dijo ayer en el Parlamento el subsecretario del Interior Jorge Vázquez. Los partidos serán evaluados previamente considerando, entre otros aspectos, cómo van los clubes en la tabla de posiciones, quién juega, quién es locatario, y qué se dice en las redes sociales desde donde muchas veces se alienta a la violencia. De ser un encuentro definido como de alto riesgo se podrá jugar si así lo decide la Asociación Uruguaya de Futbol, y para ello tendrá que tomar medidas para mitigar el riesgo, por ejemplo habilitar menos entradas o no permitir que haya hinchada del cuadro visitante. Esas ideas fueron manejadas ayer por el subsecretario Vázquez en la comisión de Deportes de Diputados. También abogó para que la AUF compre cuanto antes las cámaras de identificación facial que se proyectan instalar en los estadios. En otro orden, Vázquez explicó que "no es conveniente" el proyecto que impulsó el Partido Nacional por el cual el Ministerio del Interior pasa a decidir en los partidos de basketbol y fútbol quién entra a las canchas. Hoy el derecho de admisión lo ejerce el organizador del espectáculo y la Policía colabora.