Gobierno y UPM negocian prórroga y evalúan costos del atraso en las obras

Según supo El Observador a partir de fuentes del gobierno y de la empresa, la discusión está centrada en establecer un nuevo cronograma para acercar la fecha en que esté listo el Ferrocarril Central y la planta comience a operar, para evitar que la ruta 5 se inunde de camiones sacando la producción hacia el puerto de Montevideo.

Las partes evalúan el costo de estos atrasos, que surgen porque el gobierno debe realizar más expropiaciones debido a errores de cálculos mientras que UPM demoró en enviar los planes de monitoreo exigidos por la Dinama y aún no tiene las autorizaciones ambientales definitivas.

“Hemos venido ajustando algunos procedimientos para sopesar cierto retraso que había en las obras del Ferrocarril Central vinculadas a las expropiaciones”, reconoció la semana pasada el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, tras una visita a la planta en Durazno de la que participaron varios ministros y autoridades de UPM.

Más allá de la negociación en curso, la jueza civil de 15° turno María Magela Otero definirá este miércoles sobre una acción de amparo presentada por el Movimiento Uruguay Sustentable (Movus) para suspender las obras por incumplimientos de las normas ambientales.

La Dinama sancionó tres veces a la empresa por avanzar en obras sin tener autorizaciones definitivas.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, afirmó el lunes en el Senado que la autorización ambiental previa que otorgó la Dinama a UPM estuvo condicionada a la presentación de planes de monitoreo para medir cuatro aspectos: el socioeconómico, el aire y el ruido, el suelo y el agua subterránea, y el río y la biota (plantas, animales y otros organismos que ocupan un área). 

En algunos casos, los planes debían presentarse un año antes del comienzo de la construcción de la obra, y en otros, dos años antes del comienzo de la operativa. 

Pese a esto, el plan de monitoreo del río y la biota se presentó recién hace veinte días, y Ambiente le hizo a la empresa una solicitud de información complementaria, que aún no presentó. “Estamos en noviembre de 2020, quiere decir que, si en este mes la empresa levanta esas observaciones y comienza a medir, en dos años ya tendrá cumplidos los dos años de monitoreo. Si empieza después, tendrá cumplido más tarde el monitoreo y recién a partir de ahí podrá operar”, manifestó Peña.

El ministro dijo que UPM cometió faltas administrativas porque presentó planes “con retraso” y consideró “fundamental” el monitoreo del río. “No se trata de cualquier emprendimiento, está ubicado en un lugar muy particular, junto a un río con un caudal mucho menor que el del río Uruguay, es la parte más débil del proyecto, en la cual deberemos prestar más atención”, agregó. 

La Dinama también hizo observaciones al proyecto de la planta de efluentes que construirá UPM. La empresa hizo sus descargos y los técnicos del gobierno aún no se pronunciaron acerca de si son satisfactorios. Una situación similar ocurre con el colector y la pluma de descarga en el río Negro. 

“Si la información que presentaron no fuera satisfactoria deberán levantar las observaciones y recién entonces –sea en el tiempo que sea– podrán empezar a construir. Si nunca levantan las observaciones, nunca construirán la planta de efluentes, y entonces nunca operará. En realidad, se atrasan los tiempos de la empresa”, dijo Peña.

UPM también tiene pendiente presentar el proyecto para el sitio de disposición final de residuos, que estará dentro de la planta.

El tren

Más allá de los atrasos de UPM por errores en los informes previos, en el gobierno también se retrasaron con las expropiaciones para la construcción del Ferrocarril Central. 

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, dijo que la vía debe levantarse más para que no sea inundable en algunos tramos, lo que provocará un mayor movimiento de tierra –casi el doble de lo que estaba previsto– porque hay que ensanchar la superficie por la cual pasa la vía. 

Según consignó El País, el atraso de las obras ronda entre los seis y ocho meses y el sobrecosto de la obra del tren está entre los US$ 60 millones y US$ 100 millones.

De las 256 expropiaciones proyectadas originalmente, se pasará a 1.400 y de 300 intersecciones que estaban previstas en servicios del gas, UTE y OSE, Antel, entre otros, ahora se harán 1.500. 

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para que las intermediaciones (entre los dueños de los predios y el gobierno) y los movimientos de tierra no nos hagan alargar el período de entrega y poder llegar en fecha a setiembre de 2022. Esta situación nos preocupa mucho, porque tenemos problemas de multas; no quiero terminar con juicios”, había dicho Heber ante la comisión de Presupuesto.