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Firmas por tren de UPM: ediles de Canelones piden al Parlamento que laude sobre accionar de Lust
La Junta Departamental de Canelones aprobó este martes un proyecto de resolución para remitir a la Cámara de Representantes las actuaciones del diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, de modo que los legisladores determinen si el dirigente incurrió en un procedimiento inconstitucional al impulsar una campaña de consulta popular y presentar firmas ante las juntas de Canelones, Florida y Durazno.
El proyecto de resolución se aprobó con votos del Frente Amplio y también del Partido Nacional.
El organismo canario había elevado la misma consulta al Senado el pasado 4 de agosto, a lo que la presidenta de la Cámara, Beatriz Argimón, respondió que los documentos debían ser remitidos a Diputados, al ser Lust un representante nacional.
Ahora la Cámara Baja deberá determinar si el cabildante incumplió con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 124 de la Constitución, que establece que los legisladores no pueden "tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados" durante su mandato. De constatarse esta situación, la Carta Magna prevé la "pérdida inmediata del cargo".
"Nos preocupa mucho este asunto, porque más allá de que el pueblo nos dé en mayor o menor medida determinadas facultades para representarlo, es muy difícil y realmente muy molesto ver cuando alguien anda a los codazos con las instituciones y cree que puede llevarse a todo el mundo por delante", declaró en la sesión de la junta el edil frenteamplista Juan Ripoll.
El dirigente aclaró que no se trata de "nada personal" con el diputado cabildante y apuntó: "Nos genera hasta simpatía por su similitud con uno de aquellos personajes que tanto nos hicieron reír en nuestra niñez". La iniciativa del legislativo parlamentario fue aprobada con 20 votos en 24.
En diciembre -previo a asumir su banca- Lust terminó de redactar la iniciativa legislativa con la que vecinos de ocho localidades de Florida, Durazno y Canelones pretenden modificar el trazado de la vía de tren, después de haber juntado las firmas de 15% del electorado de esos centros poblados.
Pretendía de esta manera que las juntas departamentales se pronunciaran sobre la modificación del trazado de la propuesta en cada localidad, para lo que tendrían un plazo de 60 días. Si los integrantes de la Junta no llegaban a un acuerdo en ese tiempo, antes de los 60 días el intendente debería convocar a un referéndum local, para que los habitantes validen o no el trazado alternativo.
El 6 de marzo -ya en ejercicio del cargo que asumió el 15 de febrero- presentó la documentación ante la Junta Departamental de Durazno, y estampó su firma en la rúbrica. El 13 de marzo, no obstante, al remitir la documentación al legislativo de Florida, el cabildante ya no firmó el acta de entrega, y dejó de aparecer como asesor letrado, tal como lo hacía en el documento del 6 de marzo.
El documento luego fue elevado a la Junta de Canelones, que esta semana pide el pronunciamiento de la Cámara de Representantes.
Lust explicó en marzo a El Observador que entiende que no está violando el artículo de la Constitución. "El constituyente lo que pensó fue que el legislador no podía tener clientes para valerse de su calidad de legislador y poder influenciar en la administración para conseguir algún trámite de forma más inmediata o hacer pesar su calidad para influenciar en su calidad", argumentó al ser consultado sobre el punto.
"Lo que estoy haciendo es asesorar al grupo de vecinos sobre el instituto de la iniciativa local y ahora el viernes anterior (6 de marzo) me presenté como un ciudadano, aunque claramente soy legislador", afirmó.
El diputado de Cabildo Abierto señaló que históricamente en Uruguay los legisladores se plegaron a consultas populares como la referida a la ley de Caducidad y la de empresas públicas. "Esto es lo mismo", argumentó.
"Entiendo que no puedo presentar un recurso o una impositiva, defender a un cliente en una licitación... Ahora, presentarme como un ciudadano acompañando a un grupo de ciudadanos... Entiendo que no estoy impedido porque no estoy tramitándolo, estoy formando parte de un grupo", sostuvo, aunque reconoció que esa es su "posición" personal.
El abogado constitucionalista José Korzeniak remarcó en ese momento que las actuaciones del legislador eran inconstitucionales y señaló: "No tiene nada que ver que firme como ciudadano, todos los gobernantes son ciudadanos".
