IMM canceló deuda a exembajadora de Mujica, pese a que informe jurídico no encontró fundamento

La diplomática había obtenido en 2017 la autorización para construir un "edificio en régimen de propiedad horizontal con determinados apartamientos normativos, en carácter de modificación cualificada con mayor aprovechamiento", en un padrón de su propiedad sobre la calle Tabaré (Punta Carretas). Ese régimen implica "el incremento del valor económico" de un inmueble que, en este caso, era una subestación de UTE. 

El mayor aprovechamiento —y la consiguiente realización de obras para transformar el predio— implicaba un pago de $ 1.727.569 por parte de Portell. La exembajadora abonó el pasado 6 de octubre de 2017 un 10% de esa suma, es decir, un monto de $ 172.756,90. En esa fecha se estableció mediante un convenio de reconocimiento de deuda que el saldo restante de $ 1.554.813 se abonaría en cuatro cuotas mensuales reajustables por IPC. 

Casi dos años más tarde, a fines de julio de 2019, Portell había pagado solo una de las cuatro cuotas que le correspondían, por una suma de $ 409.156. La exembajadora nunca inició las intervenciones que años antes había pretendido llevar a cabo en la subestación de UTE. 

Tal como describió diario El Este, la propiedad se encuentra al día de hoy cercada por una chapa azul, al tiempo que acumula desechos. Fue así que Portell solicitó “cancelar el convenio de pago” suscrito en 2017, según recoge el informe jurídico de la IMM. También pidió que respecto a lo ya pagado "se reconociera un crédito a su favor". 

A fines de abril, la administración de Cosse resolvió acceder "parcialmente" a esta solicitud. Esto implicaba renunciar a percibir el monto restante de $ 1.145.657 adeudado por Portell, aunque no accedió a dejarle un crédito a su favor respecto a lo ya abonado. Ambas partes firmaron para eso un convenio. La comuna remitió el expediente a la Junta Departamental para su aprobación. 

Fue allí que el edil colorado Leonel Aguirre —de la lista del diputado y exfiscal Gustavo Zubía— reparó en que la IMM planteaba cancelar la deuda a una exembajadora durante el gobierno de José Mujica, cesada en el cargo por Tabaré Vázquez en su segundo período e impulsada nuevamente para una embajada por la entonces flamante vicepresidenta, Lucía Topolansky, al asumir el puesto en lugar de Raúl Sendic. 

En la IMM defendieron la resolución –al diario El Este— como "razonable", dado que la exembajadora no había usufructuado el régimen de mayor aprovechamiento.

El edil colorado presentó un pedido de informes. La comuna respondió en julio con un informe jurídico a cargo de la abogada y escribana Verónica Morales. La letrada afirmó que "no surge elemento alguno que permita ligar el cobro del precio compensatorio a la efectiva finalización de la obra", contrario a lo argumentado por la IMM. 

"Existe fundamento y causa jurídica para la obligación del pago del precio compensatorio, sin que esté condicionada a la finalización de la obra ni en la normativa aplicable, ni en el convenio", subrayó el informe. "Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el hecho de que las obras hayan sido iniciadas pero no culminadas, eventualmente podría dar lugar a la aplicación de sanciones si correspondiera, por lo que deberá verificarse su estado actual", planteó. 

Morales concluyó el informe declarando que "no existirían razones de legitimidad para acceder a lo solicitado, puesto que el convenio suscrito es válido y eficaz, estando la Administración facultada para perseguir el cobro del saldo todavía pendiente de pago".

"Sin perjuicio de ello y con carácter discrecional, la superioridad podría evaluar dejar sin efecto el convenio por razones de mérito, esto es, de acuerdo a máximas de orientación política, no cristalizadas en la norma de Derecho, que procuran la prosecución de valores de oportunidad, conveniencia, utilidad o justicia en la realización de los fines públicos", reparó la Unidad Asesoría.

Y eso fue lo que hizo la gestión de Carolina Cosse: firmar un convenio de mutuo disenso para renunciar al cobro de lo adeudado, pero sin acceder a dejar un crédito a favor de Portell. 

Embajadora

Portell, antigua militante frenteamplista con orígenes en la juventud comunista, fue designada por José Mujica en 2010 como embajadora uruguaya ante la República Popular de China. Durante su primera administración (2008), Tabaré Vázquez la había cesado como subdirectora general Asuntos Económicos Internacionales de la Cancillería. 

El número dos de la embajada en aquel entonces, Leonardo Traversoni, llegó a declarar a El Observador: “No ha habido jamás una embajadora tan incompetente, arbitraria y corrupta como la señora Portell en la China. Era el hazmerreír porque creía que hablaba inglés y decía cualquier cosa y exigía volar en primera, en fin, y cosas peores”.

Al asumir la presidencia por segunda vez, Vázquez volvió a cesarla. Sin embargo, el nombre de Portell volvió a la agenda oficialista en 2018, esta vez a instancias de Lucía Topolansky, quien había asumido como vicepresidenta tras la salida de Raúl Sendic. La venia remitida por el Poder Ejecutivo se aprobó solo con votos del Frente Amplio, que entonces contaba con mayorías en el Parlamento. 

Durante la discusión parlamentaria, el ya senador y expresidente Mujica fundamentó: "Viene de mucha humildad, y ha pagado un cierto precio por esos pecados de origen, seguramente. Y de desprecio. Porque puede ser que esta señora no tenga mucha capacidad, pero puede ser que sea una hormiga trabajadora". 

En diálogo con El Observador, el edil Leonel Aguirre afirmó: "Me di cuenta (del expediente de la IMM) pero porque conocía quién había sido Rosario Portell. Pero me hace pensar en qué pasará con aquellos sobre los que no sé el nombre".