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IMM evalúa capacitar a personal de seguridad para evitar discriminación en boliches
La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) evalúa capacitar al personal de seguridad que trabaja en los boliches para evitar casos como el que tuvo lugar en la madrugada del 16 de febrero en Jackson Bar, luego de que una mujer trans denunciara que fue discriminada por empleados del local.
El prosecretario de la comuna, Juan Canessa, aseguró que la capacitación al personal de seguridad es una posibilidad que está analizando el gobierno departamental, algo que podría incluirse en los requisitos para que un local bailable tenga la habilitación para funcionar. La ciudad argentina de Rosario, que tiene una intensa actividad nocturna a lo largo del año, adoptó un modelo similar al que hoy aspira conseguir Montevideo.
En julio de 2015 la provincia de Santa Fe aprobó una normativa que estableció que el personal de seguridad de los boliches, denominado Cuerpo de Admisión y Permanencia (CAP), debe registrarse ante el Ministerio de Seguridad Pública de la provincia. Así, el gobierno provincial maneja todo lo referido a las habilitaciones de estas personas, así como sanciones en caso de incumplimiento del reglamento.
Para habilitar al personal de seguridad el ministerio santafesino pide que las personas no tengan antecedentes penales, que cumplan con un examen psicológico previo y que asistan a distintos cursos de capacitación.
La idea de implementar un sistema similar al de Santa Fe fue impulsada por el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, quien exploró esta posibilidad mientras ocupaba la Prosecretaría General de la comuna. Por distintas razones –algunas vinculadas al presupuesto–, la idea no se llevó a cabo, aunque en los últimos días el gabinete municipal volvió a analizar esta opción, ante las denuncias de discriminación en Jackson Bar.
Romina Juani, la joven transexual que denunció discriminación, asistió al boliche con una amiga, pero sobre las 4 de la madrugada, el personal de seguridad le pidió a ambas que se retiraran, debido a que, según la versión de los responsables del local, su comportamiento no era adecuado. La situación derivó en una discusión que quedó grabada por Juani y donde se escucha que un hombre le dice: "flaco, flaca, 'flaque' ni idea, la verdad no sé lo que sos".
El boliche Jackson Bar emitió este jueves un comunicado en el que lamentó "los hechos ocurridos" y afirmó que "deplora" la forma en que su funcionario se refirió a Juani, aunque la empresa insistió en que "motivos ajenos a la identidad de género determinaron" la expulsión de la influencer.
Según el escrito que presentarán los representantes del local a la justicia en los próximos días, las dos mujeres provocaron "molestias a un grupo de clientes", lo que afectaba "el ambiente, tranquilidad y propuesta del lugar". Jackson Bar también advirtió que tuvieron un "tenso momento" con personal de una de las barras, que les pidió que no apoyaran sus carteras sobre la superficie, ya que debía quedar "libre".
Juani, por su parte, aseguró en el video que se viralizó en las redes, que fueron invitadas a retirarse “sin ninguna explicación” y que fueron “echadas como perros”.
En la comuna también consideran como antecedente para impulsar la capacitación de guardias de seguridad de locales bailables un episodio ocurrido en 2016 en las canteras del Parque Rodó, cuando durante una fiesta un funcionario de la organización del evento empujó a un joven de 18 años y le provocó lesiones que lo dejaron en coma. El agresor fue a la cárcel y otras tres personas fueron procesadas por omisión de asistencia.
El actual prosecretario de la comuna, Juan Canessa, dijo a El Observador que acordó junto a Di Candia avanzar en las próximas semanas en la reglamentación de algunos puntos que quedaron pendientes del decreto que la Junta Departamental de Montevideo aprobó en marzo de 2018, luego de que la aparición de decenas de boliches, bares y pubs en la zona de Cordón y Parque Rodó se volviera un reclamo de los vecinos de la zona.
Sin embargo, algunos puntos de ese decreto todavía no se reglamentaron, por lo que la comuna no puede fiscalizar el cumplimiento de las normas.
Pautas de admisión y capacidad
Uno de los aspectos que quedó por el camino es el referido a la colocación de carteles en la entrada de los locales, que fijen claramente las pautas de admisión, siempre y cuando no sean discriminatorias.
De esta manera, si un local quiere limitar el ingreso de personas con determinada vestimenta, lo puede hacer, pero no así si lo que se excluye es a personas por otras cuestiones como su orientación sexual, raza o nacionalidad.
En este punto en concreto Di Candia pidió mayor celeridad y la intendencia espera que en pocas semanas esté pronta la reglamentación, aprovechando la polémica y el debate a nivel social que generó el episodio e la mujer trans en el boliche Jackson Bar.
Si un boliche se aparta de la normativa podrá recibir una multa de 20 UR (casi $ 24 mil), mientras que la reiteración de cinco infracciones puede provocar la clausura del local. Por otra parte, si la intendencia comprueba que hay un local que lleva adelante una práctica discriminatoria de forma sistemática –más allá de que haya llegado a cinco infracciones o no– la comuna tendrá la potestad de suspender la habilitación para funcionar.
Además del caso de Jackson Bar, la comuna está al tanto de que hay "denuncias sobre situaciones que personas consideran discriminatorias a la hora del ingreso" a los boliches. "Estamos trabajando con el Servicio de Convivencia Departamental para poder incrementar los controles. Convivencia hace mucho hincapié en el control de accesos, sobre todo en relación a los temas de exceso de capacidad", dijo Canessa.
Sobre ese aspecto, el prosecretario general de la comuna aseguró que también se está evaluando agravar las penas referidas al exceder la capacidad en los boliches. "Queremos modificar la normativa porque nos parece que las sanciones son demasiado bajas, por lo que a veces les conviene pagar la multa para seguir abiertos", aseguró.
Según el régimen punitivo departamental, los locales reciben una multa de 40 UR (unos $41 mil) "por cada 50 personas o fracción que exceda de las 25 personas, de capacidad locativa autorizada por la Intendencia de Montevideo".
"Independientemente de lo que pase con el caso de Jackson Bar, lo que estamos seguros es que esta viralización y esta movilización social es bastante más fuerte que otras. Me parece que hay que aprovechar, porque puede marcar un precedente", concluyó el jerarca.
