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Incertidumbre catalana

Parlamento regional debe debatir la designación del expresidente Carles Puigdemont

30 de enero de 2018 5:00 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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AFP

Incertidumbre. Esa era la sensación dominante en Cataluña a última hora de este lunes, apenas unas horas antes de que este martes se realice en el Parlamento catalán la prevista sesión de investidura del nuevo presidente del gobierno regional.

Distintos escenarios están planteados luego que hace algunas semanas el presidente del cuerpo, el independentista Rogert Torrent, anunciara que el único candidato a presidir el gobierno catalán es el destituido presidente, Carles Puigdemont.

Este encabezó las listas de Juntos por Cataluña y junto a otros dos partidos secesionistas obtuvo la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas realizadas el 21 de diciembre (70 escaños sobre un total de 135.

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Y ahí está el meollo del problema: el dirigente está impedido de participar en el debate para su eventual designación porque su captura está requerida por la Justicia española.

Al igual que otros siete miembros de su gobierno (tres continúan presos y cuatro le acompañan en su exilio voluntario en Bruselas) fueron acusados por rebelión, sedición y malversación tras la fallida declaración de independencia ocurrida en octubre.


TODOS LOS ESCENARIOS


1. Prohibición

El Tribunal Constitucional dispuso una medida cautelar el pasado sábado por la cual se impide a Carles Puigdemont una investidura a distancia, es decir de manera telemática, como el expresidente de la Generalitat había sugerido inicialmente.

El tribunal también impidió su sustitución por otro diputado en el debate de investidura: la única chance es que esté presente en el Parlamento catalán apenas se discuta la designación del futuro presidente regional.

Pero esa alternativa, la única que le queda, es riesgosa: apenas pise suelo español, Puigdemont será detenido porque todavía pesa en su contra una orden de captura por los delitos de sedición y rebelión.

2. Permiso

Otra alternativa, a la que el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas casi descartó, es que el dirigente independentista regrese a Cataluña, sea detenido y luego tramite una autorización especial al juez del Tribunal Supremo, Pedro Llanera, para que le permita asistir a la sesión.

Entre todas las opciones a su alcance, Puigdemont elevó un escrito al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, a quien pidió este lunes una acción de "amparo" para que "salvaguarde sus derechos" como diputado electo, lo que en los hechos garantice su investidura.

Puigdemont recordó que tiene el derecho de asistir "a los plenos y votaciones" y que tiene "inmunidad".

3. "Sacrificio"

La situación es de tal complejidad que Torrent está en los hechos en una disyuntiva, pues la legislación catalana establece que la investidura del presidente para formar un nuevo gobieno debe ocurrir diez días después del inicio de la legislatura (ese plazo vence este miércoles 31); pero si el presidente del Parlamento auspicia su designación, será pasible de responsabilidades penales, tal como le advirtió el Tribunal Constitucional.

En ese marco, dirigentes de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) –el mismo partido separatista al que pertenece Torrent– sugieren "sacrificar" a Puigdemont para poner a otro en su lugar, con tal de que exista gobierno en la región.

4. Postergación

Una posibilidad real para ganar tiempo es postergar el acto formal de investidura.

En ese caso, la mesa de la cámara presidida por Torrent y sus servicios jurídicos podrían apelar al artículo 103 del reglamento del cuerpo.

Este permite postergar el plazo por un período idéntico al establecido, es decir otros diez días hábiles para convocar a la sesión plenaria en la que se debatirá la investidura.

De esa forma, se evitaría que Cataluña ingresara en una suerte de limbo jurídico.

Es que si se suspende la sesión, se incumpliría el plazo que marca la ley del gobierno de Cataluña y si se insiste en nombrar a Puigdemont la ley caerá con todo su peso sobre Torrent.

5. Intervención

La nominación de otro candidato sobre el que no exista ninguna causa judicial vinculada con la declaración unilateral –e ilegal para el gobierno español– de independencia es la única salida para evitar que la intervención del Ejecutivo de Mariano Rajoy se prolongue por tiempo indeterminado.

En caso contrario, cualquier otra opción en la que esté en juego la designación de Puigdemont dará luz verde a la continuidad de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Este artículo fue el invocado por el gobierno central para intervenir el gobierno regional tras la declaración de independencia de octubre.

Ese artículo nunca fue utilizado en 40 años.

6. Elecciones

Entre todos los caminos para salir del atolladero político en el que está sumida Cataluña desde octubre también figura la convocatoria a nuevas elecciones legislativas.

Para que eso suceda –esta no era una chance planteada, al menos hasta la noche de este lunes– es necesario que ocurra lo que se conoce como una votación de investidura fallida: para ello, el candidato propuesto no debería obtener la confianza de la mayoría de la cámara.

Una vez que eso se concretara, entraría a correr un plazo de dos meses.

Si en ese período, ningún otro candidato obtuviese el aval del Parlamento, la legislatura sería disuelta y se convocaría a elecciones en 40 a 60 días después.

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