Inmobiliarias se quejan por la venta de propiedades uruguayas en el exterior sin pagar impuestos

La comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados recibió a una delegación integrada por la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay y la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este. En agosto de este año, los operadores presentaron un proyecto de ley que busca regular la actividad del operador inmobiliario.

En comisión, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Javier Sena, recordó que en 2010 se efectuó un estudio sobre informalismo en el sector y allí se concluyó que el 60% de los negocios no pasaban por las inmobiliarias. Añadió que actualmente se realiza otro y aunque todavía no están los resultados, se estima que el porcentaje será superior.

“Hay muchísimos millones de dólares que se comercializan fuera del país, sea por campos, industrias, venta de apartamentos y de casas de los que se cobran comisión y no están registrados; no se paga ningún tipo de impuesto y tampoco interviene la Senaclaft en el lavado de activos”, relató.

El representante de la Asociación de Agentes Inmobiliarios Nelson Alonso explicó que el  proyecto de ley que promueve el sector solicita la creación de un registro en el que se piden determinados requisitos para operar en la actividad inmobiliaria.

El integrante de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya Luis Silvera se refirió a grandes emprendimientos  que se desarrollan en el este del país. “Habrán visto las grandes inversiones que se están haciendo, por ejemplo en las zonas turísticas de Punta del Este. Resulta que las compraventas no las realiza, no las ejecuta un operador registrado en Uruguay”, dijo a los legisladores.

Al respecto, Sena complementó que hay muchos emprendimientos de 200 apartamentos en Punta del Este y cada vivienda vale entre US$ 300 mil y US$ 600 mil. “El 90% de las ventas se hacen afuera del país, por las que se cobra comisión, no se paga IVA, no se paga ningún impuesto y el Estado no tiene control de ese dinero, que puede, inclusive, caer fuera del control de lavado de activos, por fuera de los controles de la Senaclaft. Esto está todo por fuera”, denunció. Sin embargo, aclaró que los operadores sí están inscriptos en esa dependencia y por obligación deben declarar cualquier hecho sospechoso.

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Silvera indicó que la Cámara Inmobiliaria Uruguaya integra la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana y del Consejo Federal  de Agentes Inmobiliarios de Brasil. “¿Qué significa esto? Que podemos hacer corresponsalías. Alguien va a ir a comprar una propiedad en Brasil, referenciado por nosotros. La propiedad es tal, damos toda la memoria descriptiva y constructiva. La operación se realiza. Facturamos nuestros honorarios acá correspondientes a esa operación y pagamos todos los tributos, tanto renta como IVA”, mencionó.

“Esa situación no está pasando ahora, no con nosotros, sino con los que vienen desde el exterior, que venden directamente el producto que se está gestando, como por ejemplo, la torre millonaria que se está construyendo en Punta del Este”, continuó. En ese caso, indicó que el único que interviene en la operación y podría controlarla es el escribano (ya que hay que hacer la escritura en Uruguay) y no el operador inmobiliario. “La evasión es absolutamente monstruosa”, sostuvo Silvera.

Después expuso que si el sector tiene un informalismo de 50% significa que ese porcentaje no aporta rentas ni IVA.

Planteó que la Senaclaft tiene registrados a 2.800 operadores inmobiliarios, sujetos obligados o sujetos colaboradores en el sector, pero hay más personas vinculadas a la actividad. “Si nosotros solos, que estamos todos inscriptos, somos 2.000, ¿los otros dónde están? Tal vez haya alguien más interviniendo en el tema, que puede ser un ingeniero agrónomo, un arquitecto o un abogado”, expuso.