Intendentes exigen que no se recorten transferencias y OPP pide ser "realista"

El Poder Ejecutivo ya dio a conocer sus aspiraciones de austeridad y los gobiernos departamentales quieren evitar un recorte a sus ingresos. El reloj, mientras tanto, corre. Este miércoles, el Congreso de Intendentes avaló con el apoyo de todos los partidos políticos una hoja de ruta con 11 puntos para la negociación con el gobierno central, en la que se exige como "mínimo" el mantenimiento de los valores reales de las partidas destinadas a los departamentos en 2020, así como el piso de 3,33% del presupuesto nacional vigente desde la anterior administración. 

El documento, al que accedió El Observador, fue redactado por una comisión del Congreso de Intendentes integrada por tres representantes blancos, tres frenteamplistas y un colorado.

Esa delegación será la que comenzará a negociar con OPP a partir de la semana que viene. La cabeza de la negociación presupuestal con las intendencias en nombre del Poder Ejecutivo es el subdirector de OPP, José Luis Falero, exjefe de San José y expresidente del Congreso de Intendentes.

En una conferencia vía Zoom el 17 de junio, Falero comentó que si bien asumió con el “objetivo” de “lograr achicar la brecha fiscal entre los distintos departamentos”, la situación “cambió sustancialmente" a partir de la pandemia y que el contexto “complejo” obligaba ahora a “ser realistas” y “dejar ambiciones personales”. En concreto advirtió que no podía "asegurar" que se mantuviera el porcentaje para las intendencias.

"Debemos ser realistas y partir de la base de que va a haber una reducción a todo nivel, y no podemos desconocerla (...) Tenemos que ser más eficientes para que eso no afecte el trabajo y el resultado en los servicios y la acción”, expresó entonces el subdirector de OPP. 

El plazo máximo previsto por el artículo 214 de la Constitución para que la Comisión Sectorial de Descentralización –integrada por las intendencias– eleve a la OPP el porcentaje del presupuesto que aspira a tener es el 31 de julio. Dirigentes de diferentes partidos señalaron a El Observador que los gobiernos departamentales suelen priorizar la negociación en esta etapa por el "riesgo" que supone llevar la discusión abierta al Parlamento, donde existen varios legisladores que responden a las intendencias. En este caso, además, se da la particularidad de que la negociación es en paralelo a las campañas departamentales, que se aplazaron por la pandemia. 

Senadores de la coalición de gobierno, como el nacionalista Sergio Botana o el colorado Germán Coutinho ya se expresaron públicamente a favor de mantener los niveles de transferencias departamentales. Coutinho, que es candidato a intendente de Salto, incluso planteó subir el porcentaje a 5%.  

Este mismo miércoles, mientras sesionaba el Congreso de Intendentes, Botana se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y le planteó, entre otros puntos, avanzar en medidas para "descentralizar algunos gastos" y "evitar las superposiciones entre estructuras departamentales y nacionales".

Botana dijo a El Observador que la propuesta –que planteó analizarla en el marco de la discusión presupuestal– supone "transferir recursos a los gobiernos departamentales" para que se dediquen a "tareas específicas", que hoy comparten con el Mides, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Vivienda, entre otros, y luego deban "rendir cuentas" al Ejecutivo.

"Donde el gobierno departamental está haciendo una función, que la haga el gobierno departamental, y con eso el organismo nacional correspondiente evita costos de locales, vehículos, y otros gastos y consumos", comentó el senador, y agregó que "al presidente le gusta la idea" y que también la planteó a la ministra de Economía Azucena Arbeleche.

Sobre la negociación con las intendencias, Botana sostuvo que "el 3,33% es la cifra de base mínima, en términos reales" y que también es necesario "eliminar el sobre aporte a la seguridad social". 

Los 11 puntos

La hoja de ruta respaldada este miércoles por el Congreso de Intendentes consta de 11 puntos. El primero plantea "mantener el porcentaje sobre el monto de recursos que corresponderá a los gobiernos departamentales, en el 3,33%, estableciendo el monto anual mínimo en el equivalente en valores reales, al que corresponde a la partida a abonar en el ejercicio 2020". En segundo lugar, se exige "conservar los porcentajes de distribución actuales" y que el porcentaje se reduzca a 2,90% "en caso de incumplimiento de los compromisos de gestión", tal como estaba dispuesto en el presupuesto vigente. 

Además, se señala que "previamente a realizar deducciones por el pago de servicios públicos y otros cargos se procederá a un mecanismo de verificación que determine las compensaciones pertinentes" y se plantea establecer "una partida o porcentaje extraordinario con el cual se constituirá un Fondo Complementario con el objeto a mitigar divergencias e inequidades" de la distribución por departamento. Ese fondo sustituiría al Fondo Metropolitano creado en la última ley de presupuesto, en el marco de un acuerdo político, y que repartió US$ 150 millones entre Montevideo y Canelones. 

La continuidad de esa partida adicional  es una de las preocupaciones de los jerarcas frenteamplistas al mando de los gobiernos del área metropolitana. Pero para esta oportunidad, se plantea también incorporar departamentos fronterizos que pierden matriculación de patentes con Brasil. Si bien el documento indica que no hay un monto definido, fuentes del Congreso de Intendentes señalaron a El Observador que se piensa en una partida de unos US$ 70 millones.

Los intendentes también piden "incrementar el crédito presupuestal" del Programa de Caminería Rural a $ 1.070 millones a valores de 2020 (unos US$ 24,5 millones) y exigen "mantener las partidas presupuestales de subsidio del alumbrado y eficiencia energética" (unos US$ 17 millones a valores actuales), así como "la destinada a financiar los gastos correspondientes al funcionamiento del Sucive y sus desarrollos auxiliares y complementarios" (unos US$ 8,5 millones).

Por último, reclaman que "al término del quinquenio, el 3% del Fondo de Desarrollo del Interior, que se destina actualmente al apoyo y contralor técnico de los proyectos, pasará a ser administrado por Congreso de Intendentes, con destino al Instituto de Formación y Estudios".

Dirigentes del Congreso de Intendentes señalaron que están abiertos a "comprometer" como "moneda de cambio" un límite a la provisión de vacantes en los gobiernos departamentales. En mayo, Falero había dicho a El Observador que ese tema estaría arriba de la mesa y que evaluaban "por lo menos pedir que ayuden" al ajuste de funcionarios públicos.