Con el respaldo de un informe jurídico del abogado Ricardo Gorosito y bajo el siempre esgrimido estandarte de la autonomía departamental, los intendentes del Partido Nacional se unirán la semana próxima para acusar de "inconstitucional" el proyecto del senador colorado Adrián Peña para limitar el "desmadre" de las designaciones directas en los gobiernos departamentales.
"Antes de entrar en el mérito y lo político, se va a empezar a analizar la juridicidad, porque tal como está, tenemos informes de que es inconstitucional. Si se salva lo jurídico, llegaremos a darla. Sino, es insalvable", declaró a El Observador el intendente sanducero, Nicolás Olivera.
El propio Gorosito, exministro de Vivienda en el gobierno de Jorge Batlle, apuntó que hay "dos extremos" que a su entender son "inconstitucionales".
Por un lado el artículo 6° que prohíbe incluir las erogaciones de las designaciones en las plantillas presupuestales sin cumplir con la ley. "Eso evidentemente no está incluido en el permiso constitucional para establecer normas que por su generalidad sean aplicables a todos sus funcionarios y esto es una especie de invasión que el legislador pretende hacer", dijo.
Y por otro el artículo 2° sobre que los concursos para contrataciones deberán tener "previo pronunciamiento favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre aspectos de juridicidad". "No vería tan grave que se requiera informe, pero esto significa la posibilidad de un veto de un órgano de la República", acotó Gorosito.
El texto de seis artículos presentado por Peña para equiparar el régimen de designaciones en las intendencias al de la administración central –lo que obligaría a determinar cualquier ingreso por "concurso público y abierto– y para que no pueda contratarse nuevos funcionarios durante el año electoral parte desde ya con el apoyo de al menos dos tercios del Senado, cumpliendo con la necesaria mayoría especial para una norma de este tipo.
El respaldo de legisladores de todo el espectro político deja incluso en veredas distintas a algunos senadores blancos con inclinación a acompañar la redacción –como Jorge Gandini y Graciela Bianchi– de los intendentes de sus propias filas que, como era previsible, pusieron el grito en el cielo.
"Vamos a buscar los mecanismos para evitar la inconstitucionalidad. Había inclusive recomendaciones para que no fuéramos con demasiado detalles en la ley para que la reglamentación sea parte de decretos municipales", indicó la senadora Bianchi a El Observador. "Sé que esto va a generar resistencias incluso en el Partido Nacional, pero la autonomía (departamental) no es autarquía. Por eso se requieren las mayorías especiales (en el Parlamento)", contrarrestó.
Diego Battiste
Nicolás Olivera, intendente de Paysandú
El intendente Olivera sostiene sin embargo que "a veces entramos en momentos en donde decir ciertas cosas cae más simpático y da la sensación que el proyecto busca más generar simpatía que resolver problemas". "Me sigue doliendo que haya gente que presenta proyectos que siempre refieren a una situación de terceros, pero nunca de ellos. No voy a aceptar que terminen burocratizando y haciendo más engorrosa la gestión como el Estado central. Y lo digo sin ser ejemplo de haber ingresado hordas de gente a dedo, pero muchas veces se parte del desconocimiento", acusó el jerarca y adujo que en ciertos casos "es en el pueblo donde tenés que buscar a la persona más idónea".
Según los datos de la ONSC, el 66,5% del total de 7.631 altas en las plantillas de las comunas fueron por designación directa. Los jefes comunales blancos buscarán instalar el tema en el plenario del Congreso de Intendentes de la semana próxima en Rocha, al tiempo que el colorado Richard Sander estudia cómo posicionarse.
"Hay que dejar de lado la hipocresía", dijo el duraznense Carmelo Vidalín a El Observador. "Y pasa por el hecho de reconocer que todas las intendencias, incluso las que hoy dicen que están de acuerdo, han dado ingreso a diversos funcionarios. Es muy lindo hablar para la tribuna. Lo que no conocen muchos legisladores son las funciones que realiza una intendencia", arremetió.
Vidalín acusó que los frentistas Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima "se desesperan porque sean los blancos" los que pongan el grito en el cielo, e ironizó: "La ley nos viene de novela en estos tiempos electorales, porque las gente nos dice: '¿No habrá un lugarcito?'. Yo soy del no fácil, pero te encontrás gente humilde y cuesta decir que no. Pero ahora quedás con la excusa: 'No puedo, hay una ley nacional que me lo impide'.
Advertencias y la nota de Cosse, Orsi y Lima
El titular de la Oficina del Servicio Civil, Conrado Ramos (Partido Independiente), alertó la semana pasada a los senadores de la comisión de Constitución: "Si a los intendentes les planteamos pasar de un 70% de ingresos directos a que no los haya (...), se puede recurrir al fenómeno que utilizan los ministerios de realizar contratos por afuera. Sucede en todos los gobiernos: se contrata a la gente por fideicomisos, PNUD (programa de Naciones Unidas para el Desarrollo),cumple tareas permanentes de un funcionario público y después hay que regularizarlos".
Ramos, quien a su vez es un académico de larga trayectoria en la materia, aconsejó que "se podría conservar un porcentaje de ingresos directos para evitar el fenómeno de los arrendamientos de servicios, porque es muy probable que se produzca la fuga".
La senadora Bianchi dijo entonces que "todos cometemos esos vicios": "Hasta que no lo corrijamos en la ciudadanía, el clientelismo se va a reflejar en el sistema político. Y nos culpan a nosotros, pero cuando nos eligen, a los cinco minutos están llamando para ver qué les podemos dar".
A esto se suma que la bancada del Frente Amplio en el Congreso –integrada por los también precandidatos Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima– envió una nota asegurando que "los criterios generales del proyecto son compartibles y fueron acompañados por los legisladores del FA en oportunidad del tratamiento de las leyes referidas en el proyecto", según la misiva firmada por el consejero Pedro Apezteguía.
Los jefes comunales de la izquierda –en franca minoría dentro del Congreso de Intendentes y cuestionados por sus respectivos opositores departamentales en lo que a contratos directos refiere– sí formulan "observaciones" al texto en discusión en el Senado, como que "no queda claro si los 'zafrales' están incluidos en la categoría de "contratados" o excluidos del alcance de la ley" y que "quizás deba establecerse una línea de excepciones del tipo de los 'adscriptos' de los ministerios y presidencia", según el texto al que accedió El Observador.
