Joe Biden entre el congreso y la inflación

El plan social por U$S 1.8 billones estaba orientado a la infancia, la educación y la salud, financiado mediante un aumento de impuestos sobre los contribuyentes de mayores ingresos. Después de casi un año de debate legislativo, recién hace pocos días el Congreso dio una aprobación parcial a ambos proyectos. Primero aprobó un plan de inversiones pero sólo por U$S 1.2 billones, poco más de la mitad del monto propuesto por el presidente. Es, pese a ello, el mayor gasto de capital en más de medio siglo y servirá para modernizar la red de carreteras, puentes, túneles y aeropuertos, construir una base de carga para los vehículos eléctricos y expandir la banda ancha para internet.

Una semana después, la Cámara de Representantes aprobó un programa de gasto social por U$D 1.75 billones que también es la mayor expansión de este tipo de erogaciones en medio siglo. El plan rebaja el costo de algunos medicamentos para las personas mayores, impulsa el cuidado de los niños, establece la educación preescolar gratuita universal, la atención domiciliaria para ancianos, el permiso remunerado de maternidad y otros beneficios. Estos gastos serán financiados mediante, entre otros, un impuesto mínimo del 15 % sobre las empresas, otro impuesto mínimo del 15 % sobre las ganancias en el exterior y un impuesto adicional del 5 % sobre los ingresos de las personas que ganan más de US$ 10 millones al año y otro 3 % sobre los ingresos de quienes ganan más de 25 millones al año.

Hay una discrepancia entre el gobierno y la Oficina Presupuestaria del Congreso sobre el resultado fiscal de este proyecto. El gobierno sostiene que la ley es superavitaria porque está financiada por el aumento de impuestos y además habrá una suba de la recaudación por una mejora de la administración tributaria. Por su parte, la Oficina estima que aún con este efecto, la ley es deficitaria en US$ 240.000 millones.

Esta discrepancia más las diferencias que puedan plantease sobre el capítulo de impuestos auguran que el proyecto no será de fácil aprobación en el Senado. Además de esta indefinición, Biden se ha topado de pronto con un problema que oscurece la perspectiva razonablemente promisoria sobre la recuperación económica que está en marcha: el alza repentina de la inflación, que ha venido subiendo desde un nivel inferior al 2 % de principios de año hasta el 6.2 % del pasado mes de octubre. Ya en ocasión de la aprobación del programa de ayuda de U$S 1.9 trillones, una parte de la opinión especializada alertó sobre un cierto exceso de este monto, advirtiendo que podía impulsar un alza de los precios.

Acertado o no, lo cierto es que una vez consolidado el proceso de vacunación, hubo un aumento importante de la demanda de los consumidores, ante un cierto rezago en la respuesta de la oferta, además de algunas trabas logísticas en distintas cadenas de suministros, las presiones al alza sobre los salarios y la escasez de cierto tipo de trabajadores. Desde el inicio de este brote inflacionario, el gobierno y la FED han sostenido que era de carácter transitorio y que iba a ir cediendo con el paso del tiempo. Ante la evidencia de estas últimas semanas, esta predicción ya se ha corrido hasta la segunda mitad del año que viene.

Por ello Biden, consciente que la inflación opera en su contra y también de la perspectiva electoral de los demócratas, ha pasado a una acción más directa. Tal como ocurre en tantos otros países, los primeros intentos se concentraron en la evolución del precio interno de los combustibles, que en los últimos doce meses ha subido un 60 %, en el marco de un alza del precio internacional del orden del 90 %,  Por ello Biden pidió a la OPEP ampliada un aumento de su producción para moderar la evolución del precio del crudo. La respuesta de los países petroleros fue negativa. Ante ello, la acción oficial se orientó hacia el mercado interno, pidiendo investigar a las grandes empresas petroleras para comprobar si están involucradas en una conducta potencialmente ilegal, que resulte en precios más altos.

Es el mismo intento que ya ensayaron otros gobiernos en el pasado y que hasta ahora, siempre concluyó en que el precio interno sigue a la evolución del precio internacional. Pero Biden decidió una movida más arriesgada. En esta semana y para inducir una baja del precio internacional del petróleo, el gobierno anunció la venta de 50 millones de barriles en los próximos meses, provenientes de los 600 millones de la reserva estratégica, en coordinación con ventas simultáneas de China, Reino Unido, India, Japón y Corea del Sur.

Empero, hay dudas entre los analistas sobre el efecto a la baja de esta medida, puesto que el volumen de las ventas anunciadas fue considerado inferior al que se esperaba y que, además, la OPEP ampliada podría reaccionar en represalia, reteniendo parte de la producción de petróleo que tiene programada para estos meses. Así que por ahora la imagen política de Biden depende del trámite parlamentario aún incierto de la ley social y de una eventual moderación del alza de precios en los próximos meses, antes de mediados del año que viene. No es una posición muy cómoda.