La televisación de la Eliminatoria genera polémica.

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Juez pide garantía antes de decidir sobre televisación de Eliminatoria

La empresa Full Play, en litigio con la AUF, debe acreditar US$ 1.750.000
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22 de septiembre de 2015 a las 05:00

La selección uruguaya de fútbol comenzará su extenso camino en busca de llegar al Mundial de 2018 en Rusia el 8 de octubre de visitante ante Bolivia en la altura de La Paz. ¿Los uruguayos podrán ver por televisión el debut del equipo que dirige Óscar Tabárez? A dos semanas de ese partido, la pregunta es una incógnita en función de la batalla judicial en trámite entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la empresa Full Play, que tiene los derechos de los nueve partidos que el equipo celeste disputará fuera del Estadio Centenario.

Full Play (empresa argentina propiedad de Hugo y Mariano Jinkis que tiene los derechos de televisación de la mayoría de las selecciones de Sudamérica) está en el ojo de la tormenta desde fines de mayo, cuando estalló escándalo de corrupción en la FIFA y que llevó a una cárcel suiza a varios dirigentes a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, entre ellos Eugenio Figueredo.

Por los derechos de televisación de los partidos de Uruguay en el exterior, la empresa se comprometió a pagarle US$ 6 millones en cuotas a la AUF y a cederle los 72 encuentros que disputarán otras selecciones. Ese paquete la AUF lo vendió a Tenfield.

En febrero Full Play pagó US$ 1 millón pero la segunda cuota, de US$ 500 mil, no se pagó porque el dinero fue congelado judicialmente. En Uruguay, la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos investiga irregularidades en contratos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y fue quien inmovilizó esos fondos.

Juez pide garantía

Ante eso, la AUF presentó la semana pasada una demanda civil para declarar "resuelto" el contrato con Full Play, cosa que le permitiría a esa entidad recuperar los derechos televisivos de los nueve partidos que Uruguay jugará de visitante por la Eliminatoria.

Como respuesta, Full Play promovió un pedido de no innovar ante la Justicia para evitar que la AUF disuelva el contrato. El juez civil Guzmán López tenía previsto pronunciarse ayer sobre ese planteo de la empresa argentina pero antes de resolver sobre el fondo del planteo decidió pedirle a Full Play una contragarantía de US$ 1.750.000 como vía de asegurar que la compañía pagará las cuotas restantes del acuerdo con la AUF, informaron a El Observador fuentes judiciales.

El juez le concedió a Full Play un plazo de tres días para presentar esa garantía (que puede ser un bien de un tercero o un aval bancario) por lo que la resolución respecto al planteo de la empresa se conocerá, casi con seguridad, a comienzos de la próxima semana, es decir, a siete días del partido de Uruguay ante Bolivia en La Paz.

Si la Justicia confirma la disolución del contrato entre la AUF y Full Play, la posibilidad de que se puedan televisar en Uruguay los partidos que la selección disputará en el exterior dependerá de los acuerdos comerciales que pueda firmar Tenfield, que tiene los derechos de los partidos que se jugarán en Montevideo, dijeron fuentes de la AUF a El Observador.

Full Play alega que más allá de que el pago de la segunda cuota del contrato firmado con la AUF se trabó por decisión judicial, esa situación no es atribuible a la empresa que está al día en su compromiso y que, además, está en condiciones de hacerse cargo de la producción y emisión de los partidos que Uruguay jugará de visitante.

Hoy declara Casal

Mientras tanto, la jueza de los Santos y el fiscal Juan Gómez, que tramitan en Uruguay una denuncia por irregularidades en contratos de televisación de la Conmebol presentada a fines de 2013 por la Mutual Uruguaya de Futbolistas, tomarán hoy declaración en calidad de testigo al empresario Francisco Casal, propietario de Tenfield y de Global Sports.

La denuncia asegura que la Conmebol vendió los derechos de TV de la Libertadores a la firma T&T Sports –a la que Fox Sports compró la transmisión– y eso le produjo pérdidas ya que el precio acordado fue menor que el ofrecido por Global Sports.

Según la denuncia de la Mutual de Futbolistas Uruguayos, esa decisión hizo que los clubes locales perdieran de ganar unos US$ 5 millones por su participación en el torneo internacional.

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