Nacional > cárceles
Justicia otorgó prisión domiciliaria a grupo de reclusos vulnerables al contagio de coronavirus
La Justicia ordenó que un grupo de presos fueran trasladados a sus casas en régimen de prisión domiciliaria, en atención a sus condiciones de predisposición o vulnerabilidad física ante la posibilidad de que sean contagiados por coronavirus covid-19. "Son muy poquitos. No sé cuántos, pero no más de una docena", dijo a El Observador el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit.
Petit había elaborado un informe a mediados de abril, dirigido a la Suprema Corte de Justicia, al ministerio del Interior y a la vicepresidente Beatriz Argimón, en el que recomendaba que se tomaran en cuenta especialmente los casos de presos que estén purgando condenas por "delitos leves, (y) penas pendientes de corto plazo". Ese documento detallaba que el planteo recogía las recomendaciones internacionales, como las emitidas por la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de la ONU de Prevención de la Tortura y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Los sistemas carcelarios son una de las áreas vulnerables frente a la pandemia, tanto por su fragilidad para responder rápidamente con las medidas de prevención requerida, como por las carencias estructurales pre existentes y por el riesgo que significa que el virus llegue a su población y replique desde allí como vector de transmisión hacia fuera", fundamentaba el informe de Petit, que apuntaba a los reclusos mayores de 65 años, los que tienen enfermedades crónicas o las mujeres con embarazos en curso.
En diálogo con Radio Montecarlo, el comisionado dijo que actualmente hay entre 100 y 150 solicitudes de distintos abogados y defensores de oficio en trámite en todo el país.
Entrevistado por el programa Séptimo Día de Canal 12, el ministro del Interior Jorge Larrañaga marcó grandes discrepancias con la recomendación de Petit. "Hay medidas impulsadas por el comisionado de cárceles con las que estamos de acuerdo y hay otras con las que no estamos de acuerdo", aseguró el secretario de Estado este domingo.
"No avalamos una suerte de liberación de presos (...). Me parece que el argumento no es sostenible, porque se habla de mujeres con hijos para generarles libertad, pero que directamente esas mujeres no tienen lugar a dónde ir cuando salen, y adentro están cuidadas y cumpliendo una pena", sostuvo el ministro.
"Se prevén en algunos casos liberar a personas mayores de 65 años. Ahora, uno va a la historia de los delincuentes de más de 65 y ahí ve un femicida, un abuso sexual, violación, todo tipo de cosas. Entonces vamos a liberar para que vayan al mismo lugar donde cometieron los delitos", agregó Larrañaga.
El jerarca recordó el caso de la liberación de presos en Argentina, que derivó en la reincidencia delictiva de algunos de los beneficiados por la medida. "Es una solución equivocada de (hacer) una liberación así, al voleo, con la que yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en analizar caso a caso, pero de última es la Justicia" la que decide, cuestionó el ministro.
En coordinación
La oficina de Petit trabaja en forma coordinada con la Defensoría Pública, pues las solicitudes a la justicia para que se otorguen medidas alternativas a la prisión en los casos de vulnerabilidad cuentan con el explícito apoyo del comisionado parlamentario para cárceles.
"Nos permitimos con todo respeto recomendar a todos los operadores del sistema de justicia –defensores, fiscales, jueces, jueces de ejecución– tomar acción para, según los roles de cada uno, detectar, promover, recibir, tramitar y analizar con prontitud los casos de personas altamente vulnerables dentro del sistema penitenciario (con las características de fragilidad, jurídicas y sociales aquí señaladas) que pueden acceder a prisión domiciliaria u otras medidas alternativas para la ejecución penal", señalaba su informe.
"En conclusión, las buenas prácticas y recomendaciones internacionales de gestión penitenciaria y administración de justicia ante la crisis covid-19, y el contexto normativo internacional y nacional de la ejecución penal, indican que es muy pertinente buscar medidas para que los privados de libertad de alta vulnerabilidad, que constituyen grupos de riesgo sanitario, y que por su condición personal, jurídica y social son viables de inserción social inmediata sin que eso constituya una amenaza a la seguridad, su integridad o la anulación de la 'rendición de cuentas' penal", decía el documento sobre el final.
