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Justicia revocó sanción a directora de liceo de Salto por violar la laicidad al autorizar charla sobre aborto
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) declaró nula la actuación de las anteriores autoridades de la educación en la investigación a Diana Lucero, una exdirectora del Liceo Ipoll de Salto que fue separada de su cargo por una denuncia de violación de la laicidad en 2017.
De forma unánime, el tribunal entendió que no hubo garantías del debido proceso en la investigación contra Lucero, quien fue separada de su cargo el mismo día en que se comenzó un sumario en su contra, según el fallo del TCA al que accedió El Observador.
Según el fallo, el "acto sancionatorio se encuentra viciado en el proceso de su formación por vicios formales o adjetivos", y provocaron "cierto estado de indefensión" a Lucero, algo que impide al tribunal "pronunciarse sobre el fondo del asunto"."
"A juicio del Tribunal, en el procedimiento disciplinario de marras resultó violado el principio del debido proceso, a través de la vulneración de una garantía esencial: el derecho a controlar la prueba", asegura el TCA del fallo.
Lo que entiende el Tribunal es que durante los interrogatorios a los testigos no se le permitió entrar al abogado defensor de Lucero a controlar las pruebas, lo que lleva a que se vulnere "el principio de debido proceso".
Desde el órgano judicial indicaron que las autoridades educativas debieron "realizar una investigación administrativa". También indicaron que "el procedimiento de información de urgencia no fue adecuado" porque demoró menos de 24 horas y "la adopción de medidas precautorias fue improcedente" ya que no se comprobó la falta grave que llevó a la suspensión de 180 días de sueldo de la profesora.
La declaración de Lucero y cómo fue el caso
"Se realizó una violación severa de las normas generales del proceso, fundamentalmente en un aspecto, que fue el diligenciamiento de las pruebas. Durante la investigación y las entrevistas realizadas a los testigos de las charlas, me refiero a profesores, alumnos, adscriptos, se cometió un vicio formal muy grave al no permitir que mi abogado pudiese estar presente en las mismas, es más, ni siquiera se me informó a mí como implicada en el proceso sobre el día y la hora en que se iban a realizar esas entrevistas", expresó Lucero en una entrevista con el diario El Pueblo de Salto, publicada este domingo.
La directora fue denunciada luego de que un grupo de madres que se presentaron como "comprometidas en la lucha contra el aborto" dieran en una charla en el liceo presentando su perspectiva sobre el tema.
Allí repartieron folletos alusivos al tema, con imágenes católicas y condenando el uso de métodos anticonceptivos. También entregaron estatuillas de fetos. Luego el grupo de madres emitió un comunicado en el que indicaron que el taller "no fue 'en contra del aborto', ni se planteó ninguna postura". "Se dijo que la interrupción voluntaria del embarazo estaba contemplada en la ley, y era por tanto una opción válida legalmente para quienes quisieren interrumpir un embarazo", declararon.
Fue la diputada por el Frente Amplio en Salto Manuela Mutti quien realizó la denuncia a las autoridades de Secundaria, al asegurar que la charla fue impartida por un grupo de madres "comprometidas en la lucha contra el aborto", y que no hubo panelistas que opinaran en contra.
La hoy exdirectora general de Secundaria Celsa Puente indicó tras conocerse la denuncia que la directora en ningún momento pidió autorización a la inspección para realizar la actividad, como debería haberlo hecho.
La situación llegó a las altas esferas del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), al punto que la ministra de aquel entonces, María Julia Muñoz, dio su punto de vista al respecto: "En realidad se ha violado la laicidad", aseguró la exjerarca.
"No se violó el principio de laicidad. La laicidad no es sinónimo de anti-religiosidad. Se respetó la independencia de conciencia moral y cívica de los alumnos y no se los adoctrinó, ni se les impuso ningún tipo de idea. Fue una instancia imparcial y crítica", sentenció el TCA.
"Se integraron razones diversas, tanto ideológicas, religiosas como políticas", dijo tras el fallo Lucero, quien agregó que "cuando el expediente llegó al Codicen" una junta de abogados reconoció de forma unánime que "no hubo violación de la laicidad" y que "no había lugar para la destitución".
"Lamentablemente Secundaria insistió reiteradamente bajo la orientación jurídica de su asesor, el abogado Bautista Duhagon, quien siempre consideró que debía insistirse con la destitución, ante lo cual, el Codicen del gobierno anterior presidido por el profesor (Wilson) Netto, manifestó que no", afirmó.
