Pese a los augurios, el gobierno multicolor mantuvo en pie buena parte de lo aprobado por la izquierda
Será la penillanura levemente ondulada, será el batllismo que a principios de siglo amansó la lucha de clases repartiendo derechos entre los trabajadores, o será una aversión a los cambios que viene vaya a saber de dónde.
Pero en este país la radicalización no paga y eso suele destruir discursos apocalípticos y augurios de revoluciones progresistas o conservadoras que nunca llegan. Y así como el cuco del comunismo que algunos quisieron sembrar para evitar la llegada al gobierno del Frente Amplio fue espantado durante una gestión que en 15 años atendió las necesidades de muchos pobres pero también la de muchos empresarios, el “gobierno para los ricos” que desde la izquierda se le adjudica al presidente Luis Lacalle Pou también se diluye con los datos de la realidad.
Los consejos de salarios, esos de los que la izquierda auguraba su casi desaparición si ganaba la coalición multicolor, gozan de buena salud. Tanto es así que más de la mitad de los acuerdos salariales entre trabajadores y patrones en la última ronda de negociación se cerró por encima de la pauta salarial establecida por el gobierno. Un 26% de las negociaciones arribaron a un acuerdo tripartito.
Desde el Banco Central, casi siempre celoso de que las cuentas cierren aunque más de uno lo sufra, advirtió que los aumentos de salariales por encima de la pauta podrían generar una escalada inflacionaria. Pero desde el ala política, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se mostró contento con los acuerdos.
¿Y los pobres? Esos que iban a sufrir la andanada insensible de un gobierno que iba a esquilmar sus ya sufridos bolsillos, fueron zarandeados por la pandemia y unas 100 mil personas cayeron bajo la línea de pobreza. Sin embargo, el gobierno de Lacalle repartió dinero entre los más necesitados –como también lo hizo profusamente el Frente Amplio- y logró rescatar a más de 50 mil personas. Para el 2022, el Mides prevé atender a la primera infancia otorgándole un bono a aquellas familias necesitadas en las que vivan niños de hasta 4 años.
La erradicación de los cantegriles, esa casi utopía de “asentamiento 0”, fue el “buque insignia” de la campaña de Lacalle Pou en 2014. Nada mal como consigna para quien buena parte de la izquierda considera un pituco sin sensibilidad social. Claro, ahora el presidente bajó sus expectativas y al final del período habrá que sacar las cuentas para saber a cuántas personas en verdad salvó de la miseria.
Por otro lado, la estructura de las empresas del Estado permanecerán casi intocadas durante el gobierno de Lacalle Pou, entre otras cosas porque sus socios de gobierno tienen una visión más estatista que la que históricamente exhibió el Partido Nacional.
El impulso de una reforma del Estado que conllevara la venta de empresas públicas ya fue intentado por Luis Lacalle Herrera en la década de los 90 y sucumbió en el referéndum en el que los frenteamplistas y los batllistas de Julio Sanguinetti pelearon casi que espalda con espalda.
En Uruguay no parece haber lugar para un desacatado liberal como el argentino Javier Millei ni para un estatista camorrero como el peronista Guillermo Moreno.
El temor que de la causa para conocer la suerte de los desaparecidos sufriera un parate durante este gobierno tampoco tuvo razón de ser. La Justicia sigue indagando lo hecho por los represores y el presidente Lacalle Pou ya pidió disculpas por haber afirmado en la campaña electoral del 2014 que prefería no seguir excavando en los cuarteles en busca de los cuerpos de los asesinados. No obstante, esta semana la integrante de Madres de Detenidos Desaparecidos, Graciela Montes de Oca dijo que cree que aquel arrepentimiento tuvo como objetivo utilizar a la organización “para quedar bien con la ciudadanía”.
Por otra parte, el ministro de Defensa, Javier García, y el jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, iniciaron una revisión de los planes de estudio de la fuerza de tierra en la que se incluye el golpe de Estado de 1973 y se habla por primera vez de dictadura, desobediencia militar y Plan Cóndor, entre otras cosas.
También es cierto que, no sin cierta dificultad, Cabildo Abierto impulsa un proyecto para mandar a la casa a los represores mayores de 65 años presos en la cárcel de Domingo Arena por delitos gravísimos contra los derechos humanos. Pero no es nada muy distinto a la postura que en su momento esgrimió el expresidente José Mujica. “Yo no peleé para tener ancianos presos”, afirmó el exguerrillero tupamaro.
En cuanto a la agenda de derechos pregonada y concretada por el Frente Amplio en el gobierno, nada ha cambiado. Están en pie y seguirán así –pese a algunos rugidos cabildantes- el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. El feminismo, ese concepto un tanto inasible, es reivindicado desde la cúpula del gobierno con la vicepresidenta Beatriz Argimón a la cabeza.
Y, quien quiera, puede seguir comprando su marihuana en la farmacia porque la discusión ahora versa acerca de si se planta un producto con más “pegue” y si se habilita su venta a turistas.
En definitiva, el gobierno de Lacalle Pou, con sus luces y sus sombras, es hijo de esa medianía oriental que le impide a los políticos correr detrás de cambios revolucionarios pero que también los disuade de dar saltos mortales.