La autonomía universitaria

Esta semana, El Observador recogió el malestar de estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales por la falta de pluralidad que se respira en las aulas y las dificultades que sufre la actividad académica de docentes que no están alineados con el pensamiento dominante, algo que también ocurriría en la Facultad de Humanidades. 

Un estudiante se quejó de que en esa casa de estudios “todos son de izquierda”. Varios docentes de diversos signos políticos dieron su testimonio sobre la falta de libertad que padecen quienes no coinciden con la perspectiva hegemónica, tildados de “conservador o fascista” de un modo peyorativo. Algunos de ellos, incluso, han hablado hasta de acoso laboral por disentir con la línea oficialista.

Estamos convencidos de que estas denuncias en los medios de comunicación, son apenas la punta del iceberg de una Universidad estatal que no rinde cuentas y que ha confundido autarquía con autonomía. 

No hace falta tener información detallada para llegar a la conclusión de una gestión absolutamente inapropiada por estar sujeta a un cogobierno de estudiantes, docentes y egresados, de una tremenda carga ideológica. 

Desde el retorno a la democracia, la mayoría de los órdenes de docentes y estudiantes han sido una barrera infranqueable para los cambios y frenan cualquier atisbo renovador.

Es por eso que el último intento reformista ocurrió en la primera parte de la década de 1990 con un documento impulsado por cuatro destacados decanos, pero que ni siquiera debe figurar en los anales de la Universidad.

Casi todos los rectores pasan sin pena ni gloria porque para llegar al poder universitario, necesitan del apoyo del gremio estudiantil de la FEUU y de los gremios docentes (ADUR), dos grandes defensores del statu quo universitario.

A nuestro juicio, el problema de fondo es que, desde el retorno a la democracia, la Universidad estatal ha quedado presa de un espíritu de restauración que la retrotrajo a un ambiente sesentista, muy lejos de las necesidades del país y de una sociedad democrática en construcción. Ese microclima hasta puso un velo a algunas reformas de apertura al financiamiento privado en algunas facultades como Ingeniería y Ciencias Económicas –aunque no son las únicas–, o el avance de la investigación académica de la mano de una nueva institucionalidad.

Excepto la propaganda por una mayor descentralización de carreras universitarias, que es cierto que hubo, nadie sabe nada de la Universidad estatal, pese a los cuantiosos recursos que recibe del Estado. Solo cuando concurre al Parlamento en las instancias presupuestales.

Es deseable, aunque muy difícil por la actitud de prescindencia de los políticos con la Universidad, que la gestión de la casa mayor de estudios esté bajo el escrutinio de todos y que empiece a formar parte de la agenda pública en el próximo período de gobierno.