La aventura de Conaprole en Venezuela y las negociaciones por una deuda incobrable

Le decían que la empresa mixta que había realizado la compra –La Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex)– ya no existía y que por tanto no había una entidad jurídica a quien reclamarle la deuda, aunque eso no era del todo cierto. 

Le explicaban que la economía estaba fuertemente golpeada y que su mayor preocupación ahora era el cierre de pozos petroleros más que honrar los compromisos que habían asumido en el pasado. 

Pero sobre todo le señalaban, como si también fuera una razón de peso, que ellos sabían que las empresas uruguayas se “habían beneficiado” con precios que estaban “muy por encima del valor de mercado”.

En esos términos se lo dijo el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa Delgado, un hombre del riñón de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien acaparó el manejo financiero y económico de ese país. 

Aunque el comentario de Zerpa no tiene ninguna relación con el incesante incumplimiento venezolano con los productores uruguayos, es verdad que durante los años dorados del chavismo un numeroso grupo de empresas de diferente tamaño e importancia se vieron beneficiadas por la visión integracionista-bolivariana de Hugo Chávez y su generosa billetera, así como por el precio del crudo y los vínculos políticos fraternos que había forjado el chavismo con los gobiernos del Frente Amplio. La década 2005-2015 fue una época de plata dulce en el país caribeño y muchas empresas uruguayas aprovecharon la volada ante la creencia de que todos podrían conseguir su caracazo.

El sector lácteo fue uno de los favorecidos tanto por los volúmenes de compra como por el precio en el que lograban colocar los bienes. Los quesos uruguayos habían sido tradicionalmente un producto de exportación estrella en Venezuela, tan así que en los supermercados y almacenes se ganó el mote de “queso uruguayo”.

Luego de la asunción de Chávez, en 1999, los queseros uruguayos se vieron perjudicados por una política de autarquía económica, que instauró un sistema de cuotas y licencias previas que se mantuvo durante todo el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005). Pero con la llegada del Frente Amplio al poder cambió el viento para los exportadores del rubro.

Para una empresa como Conaprole, por ejemplo, Venezuela pasó de representar 0,3% de sus exportaciones en dólares al mundo (40 destinos) en 2003 a transformarlo en su principal destino de exportación en 2006, con el 16% del total de lo que vendía a 51 destinos. En 2014, Conaprole exportó US$ 149 millones al país caribeño lo cual equivalía al 29% de sus ventas al mundo. 

Durante el período 2013-2015, cuando gobernaba José Mujica, las exportaciones de lácteos uruguayos a Venezuela alcanzaron su techo. Y, tal como le dijo Zerpa Delgado a Pacheco, los valores por tonelada eran muy superiores (hasta 26%) al promedio de las exportaciones uruguayas al mundo. 

En 2013, el precio promedio de exportación de la tonelada de quesos era US$ 5.596, mientras que el precio promedio para Venezuela ascendía a US$ 6.091, es decir: un 9% más, según datos del Instituto Nacional de la Leche (Inale). En 2015 los valores fueron US$ 4.474 y US$ 5.380 respectivamente (20% más).

La mismas diferencias se establecieron para la leche en polvo entera y descremada. En el caso de la primera, el valor de exportación promedio al mundo en 2014 fue US$ 4.695 mientras que para Venezuela se situó en US$ 5333 (13% más). En 2015, el promedio para todo el mundo fue US$ 2.997, mientras que el valor para Venezuela fue de US$ 3.770 (una diferencia del 26%).

En mayor o menor medida este aumento considerable de las ventas a Venezuela con una importante concentración del flujo comercial en este destino también fue el caso de otras empresas del rubro como Ecolate, Pili, Calcar y la Compañía láctea agropecuaria de Young, aunque no todas tenían la espalda del gigante lácteo uruguayo.

Sin embargo, el viento volvió a virar a partir de 2016. Ese año Conaprole le vendió apenas US$ 56.600 a ese país (cuando el año anterior le había exportado casi 100 millones). A la interrupción del flujo exportador se le sumó otro problema que la administración de Tabaré Vázquez empezaba a divisar con preocupación: las deudas impagas, y por eso tuvieron que pensar en la alternativa de un fondo de compensación comercial, que se firmó en julio de 2015, aunque nunca encontraron el memorándum que supuestamente había enmarcado ese acuerdo.

El nuevo gobierno mandó parar

El cobro de esos pasivos se instaló como un asunto central en la relación bilateral durante el último gobierno de Tabaré Vázquez. Las gestiones se canalizaron a través de la cancillería, con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, asumiendo el protagonismo cada vez que se encontraba con su par Jorge Arreaza en algún organismo internacional o a través de de la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales de la cancillería. 

En abril de 2016, el gobierno venezolano hizo un pago de US$ 30 millones luego que la diplomacia uruguaya enviara una nota diplomática solicitando la convocatoria del Grupo de Alto Nivel. Pero aún quedaban millones por saldar.

El entonces director de Económicos Internacionales, Aníbal Cabral, viajó en dos ocasiones a Caracas a los efectos de negociar con el gobierno venezolano, primero en 2017 y luego en noviembre de 2018. Luego de esa misión, de la que retornó con el compromiso de pago, Venezuela depositó a Conaprole unos US$ 8,7 millones en el banco Bandes Uruguay, a cuenta del resto de la deuda que mantenía por el envío de leche en polvo que rondaba los US$ 39 millones. 

Pero no hubo más avances hasta que Vázquez designó a Pacheco, un militante socialista con experiencia de dos décadas en la comisión del programa del Frente Amplio y que desde hacía ocho años desempeñaba un cargo político como director de Cooperación Internacional de la cancillería. 

El nuevo encargado de negocios desembarcó en Caracas a fines de 2019 con la instrucción de “sensibilizar” al gobierno de Venezuela para que honrara la deuda. Su filiación de izquierda le abrió las puertas de las principales jerarquías venezolanas, con quienes generó la confianza suficiente para plantear los temas que le interesaban al gobierno uruguayo.

Ni bien pisó suelo venezolano tuvo su primera reunión con el canciller Jorge Arreaza, en noviembre de 2019, y en diciembre mantuvo contactos con Zerpa Delgado (expresidente de Bandes Uruguay y colocado en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2016), que respondía a la línea de Delcy Rodríguez. El ministro de Economía y Finanzas le dijo que si bien no tenía “ninguna instrucción definitiva”, estaba “dispuesto a dialogar sobre el tema”. El asunto lo siguió con el viceministro de América Latina Rander Peña, con quien hizo una revisión de la deuda por sector y por empresa.

En febrero de 2020, la misión en Caracas informó sobre la actualización del estado de la deuda que mostraba una diferencia significativa según cada país: para Uruguay era de más de US$ 80 millones y para Venezuela de casi US$ 70 millones. 

Los pasivos se clasificaron en cuatro tipos: (1) deuda en el marco del fondo de compensación comercial (US$ 30 millones a Conaprole); (2) deudas en el marco del Fondo Bolívar-Artigas (US$ 10 millones a Geniageo, US$ 9,8 millones a Libra, US$ 9 millones a Fármaco Uruguay, 2,3 millones a Urutransfor y US$ 1,8 millones a Rocco); (3) otras deudas del sector público venezolano (casi 5 millones a Granja Tres Arroyos) y (4) deuda del sector privado de venezolano (US$ 4,7 millones a Calcar, US$ 2,7 millones a Pinturas Inca, US$ 1,8 millones a Petra S.A., US$ 957 mil a Lesafree Uruguay, US$ 479 mil a Curtiembre París, US$ 337 mil a Cerealin y US$ 131 mil a Promark S.A.).

De los intercambios con Rander Peña surgió una primera priorización de áreas para las cuales se podría diseñar un plan de negociación, reestructuración y pagos de las deudas, entre los que se encontraban los medicamentos y lácteos. El gobierno venezolano estaba interesado en saldar el pasivo con los laboratorios y con la Granja Tres Arroyos a los efectos de retomar la importación de medicamentos y pollos.

En ese momento plantearon la posibilidad de que el pago a Tres Arroyos se realizara con la Criptomoneda “Petros” y le ofrecieron también una planta abandonada -producto de las expropiaciones- en un pueblo agroindustrial a las afueras de Caracas. Pero el dueño argentino de esa empresa, quien entre 2008 y 2014 vendió más de US$75 millones a ese país, rechazó esa posibilidad. 

El 3 marzo de 2020, Pacheco mantuvo una reunión con una delegación del Ministerio de Salud Pública venezolano en la que se constató la deuda con los laboratorios e idearon una hoja de ruta para su cancelación, así como la reactivación del comercio en ese sector. 

Pero tres días después la misión uruguaya en Caracas recibió un mail de la nueva Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales en el que se instruía a ese encargado de negocios a “abstenerse de realizar cualquier gestión económica-comercial”. 

Tres días más tarde, el 9 de marzo, la Dirección General de Secretaría de la cancillería instruyó a Pacheco “abstenerse de realizar cualquier tipo de gestión o acción de naturaleza política, económica, cultural, en materia de cooperación o de otra naturaleza ante cualquier autoridad local de ese país, sin autorización previa y por escrito de esta cancillería”.

Ante esa orden, la embajada en Caracas desistió de hacer nuevas gestiones y por eso tomaron con sorpresa una comunicación de la secretaría del ministro, en ese momento de Ernesto Talvi, que solicitaba “conocer con carácter urgente las gestiones que se han estado llevando a cabo a efecto de concretar los pagos adeudados a las empresas uruguayas por parte de Venezuela”.

Desde esa misión enviaron una nota explicativa con el orden de los sucesos que había llevado a la paralización de las gestiones, una situación que se mantuvo incambiada en los últimos dos años.

El camino de la justicia

Con la llegada del nuevo gobierno de coalición, los productores lácteos habían renovado sus esperanzas de cobrar. En enero de 2020, el designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, sugirió que el nuevo gobierno analizaba hacerse cargo de la deuda. Pero la frustración volvería pronto a su lugar.

Desde el momento mismo de la toma de mando resultó evidente que el gobierno de Luis Lacalle Pou no pretendía mantener ningún vínculo político con la administración de Nicolás Maduro. La no invitación a la ceremonia de asunción y las condenas del mandatario en foros internacionales imposibilitaron la generación de un ambiente que diera espacio a cualquier negociación.

Sin caminos oficiales por recorrer y ya sin posibilidad de llegar al gobierno venezolano por su propios medios -algo que Conaprole siempre había hecho, contrario a la sugerencia de más de un embajador Uruguay en Caracas-, la empresa decidió reclamarle al Estado uruguayo una indemnización millonaria por casi US$ 62 millones por el negocio de exportación a Venezuela pactado durante la segunda administración de Vázquez. La empresa reclama específicamente el pago de US$ 31,8 millones por embarques de leche en polvo que no se han cobrado aún, a lo que suman otros US$ 30 millones por daños y perjuicios.

En tanto, el laboratorio Libra había optado por la vía judicial contra el estado venezolano. En diciembre de 2020 obtuvo un fallo favorable de la Justicia, que dispuso el embargo del 100% de las acciones de la filial uruguaya del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y del 77,4% de Integración Afap, que son propiedad del estado venezolano, según publicó Búsqueda en su momento.