La cordialidad de la transición es más aparente que real

El presidente electo Luis Lacalle Pou prometió en campaña electoral que bajaría, en términos reales, el precio de los combustibles y de la electricidad. Pero el gobierno del Frente Amplio, ya en retirada, se propone no aumentar esos precios en enero, como es usual.

Con una inflación como la que padece Uruguay, la más alta de América detrás de Venezuela y Argentina, y un dólar que aumentó 17% en lo que va del año, no adecuar tarifas significaría una reducción real hasta marzo cercana al 10%.

Eso sería muy bueno para los consumidores, aunque agranda el agujero en las cuentas del Estado durante dos meses, y atenúa el efecto publicitario de cualquier rebaja real que haga la nueva administración.

Las ganancias excesivas de ciertas empresas públicas monopólicas se usan en Uruguay para sostener la caja del Estado, como un impuesto encubierto. Pero también, al ser las más altas de la región, castigan al sector productivo: desde la agropecuaria a la industria.

Uruguay se ha convertido en un exportador neto de energía eléctrica, un hecho histórico, gracias a la generación eólica, por biomasa e hidráulica. Pero exporta a precio vil, en tanto los consumidores internos sostienen la ecuación.

Cualquier negocio intensivo en electricidad o combustibles preferirá instalarse en Brasil, Chile o Paraguay, que ofrecen mejores precios. Los grandes consumidores de energía eléctrica que se radicaron en Uruguay, como las fábricas de celulosa, producen la suya a partir de biomasa, en zonas francas donde no rigen los monopolios estatales, y venden sus excedentes a UTE.

Mientras tanto, el precio del gasoil suele estar muy por encima de la paridad de importación y el alto costo de las naftas se debe fundamentalmente a los impuestos y a los subsidios cruzados.

Lacalle Pou deseaba abrir la importación de combustibles refinados y acabar con el monopolio de Ancap en ese aspecto, como hizo Fernando Henrique Cardoso con Petrobras a partir de 1999.

En ese caso, Ancap seguiría teniendo una amplia posición dominante, debido a su tradición, sus redes y sus plantas, y podría utilizar subsidios cruzados, como hacen Antel o el Banco de Seguros para competir con los privados. Pero debería ser más eficiente y reducir tarifas, bajo pena de perder grandes porciones del mercado.

La libre importación de combustibles está en línea con la apertura comercial que, en general, se propone el nuevo gobierno, en inusual sintonía con el gobierno de Brasil (y en choque directo con el nuevo gobierno K de Argentina, heredero del proteccionismo peronista).

Pero al fin la idea no prosperó, debido a la oposición de los socios más nacionalistas y estatistas del nuevo gobierno, como Cabildo Abierto, por lo que no será incluida en la “ley de urgencia” que ingresará como un huracán al nuevo Parlamento.

Y luego está el asunto del gasto público, del déficit fiscal, y de su vinculación con la creciente deuda que lo aguanta.

El gasto público primario en Uruguay pasó del 25,8% del PIB en 2008 a 30,6% en 2018. A partir de 2014, con la caída en los precios internacionales de exportación y el paulatino aumento de los costos internos, la economía empezó a flaquear. Los problemas de las empresas se traducen en un aumento del desempleo.

El gasto estatal crece más rápido que la economía y tarde o temprano habrá serios problemas, como un crédito internacional más caro, o una corrida cambiaria. Los rubros que más aumentan son las pasividades del BPS, el pago de intereses por la deuda pública y las transferencias al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

El nuevo gobierno deberá hacer un gran ajuste fiscal: por el lado de reducir gastos, como propone la ministra entrante, Azucena Arbeleche; por el lado de la recaudación, aumentando impuestos; o por ambas vías a la vez, como creen muchos economistas.

Javier de Haedo, quien fue subsecretario de Economía y director de la OPP durante el gobierno de Luis Lacalle padre, afirma desde hace meses que las cuentas del año 2020 ya estarán jugadas cuando asuma Arbeleche, y que solo se podrán producir ahorros relevantes, aunque graduales, desde 2021, con la nueva ley de presupuesto. Él y otros creen que el gobierno de Lacalle Pou deberá plantearse un aumento de impuestos en 2020, que podrán ser transitorios, pues la alternativa es el abismo.

Las agencias internacionales calificadoras de riesgo (como Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch Ratings) aún sostienen el “grado inversor” de Uruguay, que le permite tomar crédito en mejores condiciones y a menores tasas. El país lo adquirió por primera vez en 1997, lo perdió durante la crisis de 2002 y lo recuperó a partir de 2012. Su crédito quedó por debajo del de Chile, Perú, México o Colombia, aunque por encima del de Brasil, Argentina y Venezuela.

Diferencias como las referidas a las tarifas públicas, o a los ascensos de generales, erosionarán rápidamente las relaciones entre el Frente Amplio saliente y la coalición opositora entrante. Algunas manifestaciones virulentas dicen que la cordialidad es más aparente que real (salvo, quizá, la del presidente Tabaré Vázquez, quien está más para redondear su sitio en la historia; y la de Lacalle Pou, quien se muestra accesible y locuaz, tal vez en exceso).

No será fácil para el Frente Amplio volver al llano después de 15 años de gobierno exclusivista, que ahora será revisado con lupa.

Es cierto que la función opositora puede favorecer la unidad de una bancada parlamentaria en la que predominan ampliamente los grupos más a la izquierda, que habría complicado severamente un gobierno de Daniel Martínez. Pero también el Frente Amplio padecerá grandes fuerzas centrífugas, por los reproches que trae consigo la derrota, bajo el manto de la autocrítica, y las ambiciones latentes: para las próximas elecciones municipales, y ante la renovación de los liderazgos nacionales.

Se sabe que el poder desgasta, pero no tenerlo desgasta mucho más.