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Lula negocia una reforma constitucional para ampliar el gasto público

Referentes del equipo técnico del PT indicaron que se trata de tema clave para cumplir con los programas sociales prometidos por Lula da Silva en campaña
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07 de noviembre de 2022 a las 05:00

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y Aloizio Mercadante, coordinador de los equipos técnicos del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciarán hoy formalmente las negociaciones para la transición de gobierno con la administración saliente del mandatario Jair Bolsonaro.

Lo harán con el eje puesto en una Propuesta de Reforma Constitucional (PEC) que permita aumentar el techo del gasto público. Un tema central. En 2016, tras la destitución de Dilma Rousseff, su sucesor, el entonces presidente Michel Temer, impulsó una ley aprobada por los votos del “centrao” que limita por veinte años el gasto del gobierno central tomando como base el presupuesto de 2016.

Se trata de una cuestión clave de cara a las promesas hechas durante la campaña electoral por Lula da Silva, entre ellas la de extender durante 2023 el Auxilio de Emergencia, como se conoce al subsidio transitorio que otorgó Bolsonaro a los sectores de menores recursos, cuyo vencimiento opera el 31 de diciembre próximo, un día antes de la asunción del líder del PT.

Hoffmann, quien visitó ayer el predio donde funcionará la oficina de transición, informó que Lula da Silva terminará de definir en la próximas horas su agenda de prioridades, y adelantó que sus equipos técnicos ya están analizando "todas las posibilidades" para cumplir con las promesas, al tiempo que negocian con miembros del Congreso para introducir una PEC.

"Debemos estudiar todas las posibilidades que tenemos para viabilizar lo que fue demandado en las urnas. No podemos empezar 2023 sin el Auxilio de Emergencia y sin un aumento real del salario mínimo. Son temas que integran el contrato electoral del PT con el pueblo brasileño", ratificó Hoffmann.

Fuentes del PT, en tanto, se mostraron confiadas en alcanzar un acuerdo con los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Unión, el organismo de control externo del gobierno federal que opera como auxiliar del Congreso en el seguimiento de la ejecución presupuestaria y financiera, negociación que abarca también a sectores del legislativo que serán oposición a partir del 1° de enero próximo.

Con este objetivo, Hoffmann se reunió en la últimas horas con el influyente senador del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) Renan Calheiros, uno de los principales referentes del denominado “centrao”, el bloque de partidos que domina la agenda económica mediante la aprobación del Presupuesto, sector que ha calificado como un “error” una reforma constitucional que habilite incrementar el gasto público.

Por su parte, la titular del PT afirmó en Twitter que el equipo entrante “trabaja para revertir la tierra arrasada” y precisó que “el presupuesto de Bolsonaro para 2023 no tiene previsto recursos para comedores escolares, Farmacia Popular, guarderías y otras ayudas sociales".

Respecto al aumento del salario mínimo prometido por Lula da Silva, Hoffmann señaló que aún no tiene los porcentajes y que para definirlo "los equipos técnicos están haciendo un estudio minucioso del presupuesto" elaborado por el actual ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes.

A lo largo de su campaña, Lula da Silva destacó los logros socioeconómicos de sus presidencias, período durante el cual más de 30 millones de brasileños salieron de la pobreza gracias a iniciativas sociales, en parte financiadas con el "boom" de las materias primas. Estas políticas permitieron que abandonara el Palacio del Planalto, la sede del gobierno federal, con un 80% de imagen positiva y un crecimiento de la economía superior al 7%.

En este, su tercer mandato, Lula encontrará un panorama menos favorable. A pesar del repunte del crecimiento económico y las caídas de la inflación y el desempleo, la economía del país, en sintonía con la crisis global, está lejos de la prosperidad de los años 2000. Si bien Brasil registró mejoras en los últimos meses, en parte gracias a medidas de Bolsonaro que comprometieron el gasto público, el país todavía lidia con las secuelas de la recesión provocada por la pandemia.

Para manejar esta situación, los analistas locales señalan que el nuevo gobierno será muy cauto en su programa económico, cuidando el equilibrio fiscal, ya que no contará con el “boom” de las commodities que financiaron y permitieron expandir programas sociales emblemáticos, como Bolsa Familia y Hambre Cero.

Según Guilherme Mello, uno de los asesores económicos más cercanos al líder del PT, el contexto es “desafiante”. Los pronósticos indican que la economía registrará una importante desaceleración durante el próximo año. De allí que algunos adviertan que el escenario es mucho peor que el de 2003, el año en el que Lula da Silva asumió por primera vez la presidencia.

“El principal objetivo es combatir el hambre, reducir la miseria y la pobreza y reactivar el mercado de trabajo con puestos de calidad y salarios más altos”, señaló Mello hace unos días. Sin embargo, ahora, y tras la victoria del domingo pasado, los mercados y la política brasileña esperan el nombre de la persona que comandará el Ministerio de Economía.

Frente a un escenario de inestabilidad macroeconómica que perjudica el trabajo del Banco Central para estabilizar la inflación, algunos creen que el rol de Lula da Silva será central para conseguir financiamiento internacional y alentar la inversión extranjera, opciones que Brasil vio reducidas con Bolsonaro, en gran medida por su falta de compromiso en la conservación de la selva amazónica.

Sin embargo, la extrema tensión entre Bolsonaro y Lula da Silva tiene un punto de coincidencia. El único. Ambos quieren bajar la inflación y para hacerlo coinciden en Roberto Campos Neto, el actual ortodoxo presidente del Banco Central, quien según todos los pronósticos seguirá al frente de la entidad hasta 2024, tras habiendo sido nombrado por Bolsonaro y respaldado por Lula da Silva.

En lo inmediato, Brasil es el único país que consiguió tres meses consecutivos de caída de la inflación, tras la explosión en 2022 de los precios globales de la energía y los alimentos que provocó la invasión rusa a Ucrania. Neto, en una reacción temprana, elevó las tasas de referencia  desde el 3% a casi el 14% anual.

 “Campos Neto tiene hoy la misma independencia que Henrique Meirelles tuvo en mi gobierno”, dijo el presidente electo. “Los banqueros centrales no hablamos de política, menos frente a un país que está dividido. Prefiero que me hagan preguntas sobre inflación y no sobre política”, aseguró Neto hace unos días en el marco de una convención de banqueros realizada en la capital española.

Neto tiene una larga trayectoria en el mundo corporativo. No obstante, no desconoce el terreno político. Su abuelo, Roberto de Oliveira Campos Neto, fue un dirigente cercano al expresidente Getulio Vargas y participó de la fundación del Bndes, el poderoso banco de desarrollo brasileño. Su salto desde el mundo privado al público fue responsabilidad de Guedes, quien apadrinó su llegada al Banco Central.

Otro dato confirmado por el equipo de transición es que Lula da Silva sumará nueve ministerios al esquema actual de 23. La mayoría son dependencias que Bolsonaro fusionó con otras para reducir el tamaño del Estado. Una estrategia que apunta a dar representación a los diez partidos que acompañaron al PT en la campaña electoral.

Hasta el momento, los medios brasileños dan por descontado que Simone Tebet, quien fue candidata presidencial del Partido del Movimiento Democrático Brasileño y resultó tercera en la primera vuelta, ocupará una cartera, que podría ser Educación o Agricultura.

También descuentan que Marina Silva, quien fue ministra de Medio Ambiente de Lula da Silva antes de sumarse a la oposición, tendrá un lugar en el equipo de gobierno, pese a que fue electa diputada por su fuerza Rede. Alckmin, en tanto, aunque vicepresidente electo, tendrá un lugar preponderante en el gabinete con el control de ministerios de articulación política.

Por su parte, Fernando Haddad, quien perdió ante el bolsonarismo la gobernación del estado de San Pablo, posiblemente dirija el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a O Globo, un cargo que algunos sectores de la coalición pretenden para el economista ortodoxo Henrique Meirelles, que dirigió el Banco Central (2003-2011) en los anteriores dos gobiernos del PT.

 

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