Nacional > dos condenados
La entrega del "diablo de las pastillas": el detrás del caso del cuerpo desmembrado en la rambla
En la mañana del 21 de abril, el Río de la Plata trajo consigo un torso. A la semana siguiente, un pescador halló una cabeza. El caso llamó la atención de la opinión pública y de los medios, que prácticamente televisaron la aparición de cada miembro de cuerpo que iba apareciendo -un brazo y una pierna también aparecieron en la rambla de Montevideo-.
Aunque la idea de sus asesinos de tirarlo al río era que los restos de Martín Migales desaparecieran, solo tardaron unas horas en captar la atención de las autoridades. Según pudo dictaminar la fiscalía, fue asesinado pasada la medianoche de ese 21 de abril. El conflicto se había gestado pocas horas antes, en la tardecita del día anterior cuando la Brigada Antidrogas detuvo a un hombre apodado "el diablo de las pastillas".
El hombre fue capturado in fraganti, cuando estaba haciendo una entrega en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Lima y Arenal Grande. En la casa de "el diablo de las pastillas" convivían Migales, Matías Montes de Oca y dos hombres más. Allí, según la acusación fiscal a la que accedió El Observador, consumían drogas, las confeccionaban para su venta y hacían contacto con proveedores.
Cuando el grupo se enteró de que su compañero había sido detenido, Montes de Oca rápidamente acusó a Migales de haberlo entregado. Así, la víctima, el homicida y dos hombres más (uno con el que convivían y un amigo de él) fueron al club Cerrito y después se pararon en la esquina a esperar un taxi. En las cámaras de seguridad se puede ver a Migales esperando solo, a un costado, separado del grupo que lo acusaba de ser el traidor.
En taxi, llegaron a una boca de drogas que era propiedad de Matías Crossa. El lugar, que antes había sido una pensión, se transformó en sede de negocios ilícitos. Al llegar amenazaron a otros con un arma. Cuando el grupo ingresó, le contó a Crossa que desconfiaban de la víctima. Aseguraron que había sido él quien había "entregado" a su compañero. Por eso, comenzaron a "apretarlo".
La fiscalía concluyó que Crossa, Montes de Oca y otro hombre que no fue identificado mataron a Migales de 23 puñaladas. Cuando vieron que había muerto, lo desmembraron y lo cargaron en un carrito de supermercado. Después, una mujer que ya fue condenada por encubrimiento y otro hombre que no fue identificado, lo tiraron al río.
A través de un acuerdo abreviado, la fiscalía de Homicidios que encabeza Adriana Edelman consiguió la condena de Crossa por nueve años de prisión y de Montes de Oca por ocho años y nueve meses, informó Leonardo Pedrouza de Canal 4 y confirmó El Observador.
La familia de Migales quiso frenar el acuerdo abreviado
Los abogados de la familia de Migales manifestaron que no estaban de acuerdo con que la condena de los homicidas fuera por acuerdo abreviado. Cuando se computan determinadas agravantes –que en este caso no se computaron– es obligatorio ir a juicio oral y no se puede realizar acuerdo (que permite a los imputados descontar hasta un tercio de la pena).
Según los abogados, había pruebas suficientes para ir a juicio y pedir una condena máxima por un homicidio muy especialmente agravado por brutal ferocidad y premeditación.
Para argumentarlo, indicaron que tenía puesto un precinto en la mano y que vecinos testificaron que se escuchaban gritos de dolor, por lo que entienden que fue torturado. A su vez, defendieron que hubo premeditación, porque se trasladaron desde Cerrito de la Victoria hasta Palermo para ejecutarlo.
La fiscal adscripta Dahiana Padilla, sin embargo, argumentó en audiencia que el tiempo entre que decidieron matarlo y que ejecutaron el acto no fue lo suficientemente largo como para poder probar la premeditación. También se basó en que el desmembramiento fue posmórtem y tenía como finalidad desechar el cuerpo y expuso que si bien podían haber indicios de que sí querían hacerlo sufrir (forma en la que computaría el agravante de la brutal ferocidad) no iba a tener ninguna prueba extra para probarlo en juicio.
El juez Marcelo Souto se alineó con la postura fiscal e hizo lugar al acuerdo abreviado. "La fiscalía tiene que hacer un pronóstico para el juicio de si lo va a poder probar y lograr una condena. Comparto que pueden haber indicios que me generan dudas, pero haciendo el pronóstico a futuro hay que ver si eso se puede probar. Sin ser algo claro y ostensible" no se puede admitir, señaló.
