La larga agonía de la primera república negra del mundo en independizarse

La sucesión de intervenciones extranjeras y dictaduras y golpes de Estado internos que atravesó durante los siglos XIX y XX, sumados a los desastres naturales del siglo XXI (en 2010 y 2021, que elevaron el número de muertos a más de 300 mil), desencadenó que desde este lunes, Haití no tenga ningún representante electo a nivel nacional en funciones y que los grupos armados se hayan apoderado del territorio, un año y medio después dela tortura y asesinato del presidente Joven el Moïse ocurrido en julio de 2021 en su residencia oficial de Puerto Príncipe.

Los escasos últimos diez senadores que aún se encuentran en funciones ya completaron su mandato, pero el Poder Legislativo dejó de funcionar de hecho en enero de 2020, cuando el pleno de los diputados y dos tercios de los integrantes de la Cámara Alta abandonaron sus cargos, sin que fueran reemplazados.

"No podemos atrevernos a hablar de democracia", comentó el abogado Samuel Madistin a la agencia AFP, "y esto llega en un momento en que el Estado está perdiendo el control de la mayor parte del territorio, el 60%, en beneficio de bandas armadas". Haití, confirmó Madistin, "es un Estado que, prácticamente, no existe".

El asesinato del presidente Moïse perpetrado en su residencia privada por un comando armado, donde también fue gravemente herida la primera dama, amplificó la profunda crisis política en la que estaba sumido el país por la decadencia de sus instituciones.

El primer ministro Ariel Henry, que fue designado apenas dos días antes del ataque en el que perdió la vida Moïse, es quien actualmente lleva el país adelante, pero su legitimidad es ampliamente cuestionada.

"Hubo un cálculo maquiavélico del régimen del PHTK (El Partido Haitiano Tèt Kale, con el que Moïse logró ganar las elecciones de 2016) que no quiso organizar elecciones. Pero también fracasaron la comunidad internacional y Naciones Unidas, cuya misión era estabilizar políticamente al país", dijo Madistin.

Desde 2004 a 2017, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (conocida como Minustah) agrupó 9.000 cascos azules y más de 4.000 policías internacionales con escaso resultado para el país. A partir de 2017, comenzó a reducir su presencia y hoy apenas queda en Haití una oficina política donde trabajan unas sesenta personas bajo el rimbombante mandato de "fortalecer la estabilidad política y el buen gobierno".

Para el director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH) Gédéon Jean, la ausencia del accionar del gobierno o la aprobación y cumplimiento de las leyes es algo que no conmueve particularmente a los haitianos. “Oprimidos por la amenaza de los grupos armados, la pobreza extrema y el recrudecimiento del cólera, los ciudadanos no están realmente interesados en este problema de representatividad: su prioridad es la seguridad", dijo consultado por AFP.

Durante 2022, CARDH registró, al menos, 857 secuestros cometidos por bandas armadas.

Ese desinterés por la política se incrementó desde 2010 con los escándalos que involucraron a ministros, diputados y senadores, sin que la justicia lograra sancionar a alguno de ellos. Por eso, poco más del 20% de la población votó en las últimas elecciones realizadas en el país, en noviembre de 2016, en las que triunfó el luego asesinado presidente Moïse.

"El Parlamento se convirtió en la capital de la corrupción: allí sólo se vota por dinero o por cargos directivos", denunció Jean.

Incluso antes de entrar en funciones, los parlamentarios habían caído en el oprobio.

Por ejemplo, Guy Philippe que, en enero de 2017, cuatro días antes del inicio de su mandato como senador, fue detenido en Puerto Príncipe por su vinculación con poderosos grupos paramilitares.

El mismo día fue extraditado a Florida (Estados Unidos), donde se declaró culpable y fue sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero del narcotráfico.

El caso más reciente ocurrió en noviembre de 2022, cuando varios empresarios y políticos, incluido el presidente saliente del Senado, Joseph Lambert, fueron sancionados por los Estados Unidos y Canadá acusados de estar involucrados en el narcotráfico y de mantener vínculos con redes criminales.

Lambert fue objeto de un robo a mano armada en Puerto Príncipe este domingo; resultó herido y hospitalizado, pero su vida no corre peligro, según la prensa local.

"Debemos pensar en moralizar la vida política y sanear el sistema electoral para evitar que personas tomen de rehén a las próximas elecciones con dinero sucio", dijo Jean. Una advertencia que no parece tener mucho valor en la agónica actualidad haitiana.