La población indígena de Brasil aumentó un 89% entre 2010 y 2022, y de esta forma alcanzó 1,69 millones de personas, un crecimiento mucho más rápido que el 6,5% de la población nacional, que sumó 203,1 millones, según los resultados del censo publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Los datos implican, según el organismo, que la población indígena del país representa el 0,83% de los habitantes del mayor país sudamericano, frente al 0,47% registrado en el censo anterior, datos que se conocen en un momento en el que crece el debate sobre las tierras indígenas.
El IBGE, no obstante, aclaró que la comparación de las cifras de 2010 y 2022 está “limitada”, porque para el último relevamiento realizado por el organismo envió censistas a una mayor cantidad de reservas indígenas y utilizó una nueva metodología, que consistió en preguntarles a las personas de todas las comunidades nativas si se autoidentificaban como indígenas.
Los primeros datos difundidos por el IBGE precisan que las más de 700 reservas indígenas del país albergan a 689.000 personas, y que la mayor de ellas, la reserva Yanomami en la selva amazónica, tiene más de 27.000 habitantes.
Según el instituto, entre las razones del aumento se encuentran un mejor mapeo de localidades indígenas remotas, la inserción de procedimientos estandarizados para el acercamiento a los líderes indígenas, el uso de guías institucionales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Salud Indígena y la incorporación de la figura del “guía comunitario indígena” y las adecuaciones de los cuestionarios para una mayor compresión.
“En cada aldea tuvimos el apoyo de al menos un líder indígena. Nuestro agradecimiento a todos esos líderes que asumieron el Censo como una política de Estado, pero también como un derecho de los pueblos indígenas a ser censados de la mejor manera posible”, dijo Marta Antunes, responsable del Proyecto de Pueblos y Comunidades Tradicionales del IBGE.
Los datos se conocen en momentos en que la Corte Suprema de Justicia del país tramita los que se conoce como “el juicio del siglo", caso en el que el máximo tribunal debe decidir si es o no constitucional considerar reservas indígenas a las tierras donde las comunidades nativas no estaban presentes en 1988, cuando se ratificó la Constitución actual de Brasil.
La cámara baja del Congreso aprobó un proyecto de ley en mayo pasado para establecer ese límite a la homologación de tierras. Sin embargo, las organizaciones civiles que defienden los derechos de las poblaciones originarias argumentan que la regla, de ser aprobada, violaría los derechos de los pueblos indígenas, dado que muchos fueron expulsados de sus tierras ancestrales, especialmente bajo la última dictadura militar que gobernó entre 1964 y 1985.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el cargo este año, reanudó la designación de nuevas reservas indígenas en abril último, luego de una pausa bajo su predecesor de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022), un aliado de la agroindustria que presionó para abrir las tierras indígenas protegidas a la minería y la industria con el inaudito argumento que las reservas indígenas, que ocupan el 11,6% del territorio nacional, son “demasiada tierra para muy pocos indígenas”.
Científicos destacan, sin embargo, que garantizar los derechos territoriales de los pueblos originarios es una barrera eficaz contra la destrucción de la Amazonia y otros bosques, recursos clave contra el cambio climático.
El líder indígena Junior Yanomami reconoce que los equipos del IBGE enfrentaron muchas dificultades para llegar a comunidades aisladas en la Amazonía amenazadas por mineros y madereros. “Queremos vivir en paz y tener una protección real para los pueblos indígenas y la selva con seguridad, salud y educación”, dijo durante la presentación de los datos, ocasión en la que además destacó la importancia del censo.
(Con datos de AFP y Agencia Brasil)
