La primera senadora…

Sorprendentes porque nadie de tanto nivel político había proclamado la tesis de que parte (un sector mayoritario o un tercio) de las Fuerzas Armadas deberían estar partidizadas y del lado del “Frente Amplio”.

Las declaraciones dejaron fuera de escuadra a muchos dirigentes de su propia fuerza política, bien sea porque no las comparten o bien sea por que no se animan a manifestarlo de viva voz. Creo que es básicamente lo primero. Fue positivo el rechazo por parte del Ministerio de Defensa de esas afirmaciones así como la de tres de los cuatro candidatos a la presidencia del FA.

Fue menos explícito el presidente Mujica, quien alegó que las Fuerzas Armadas (o mejor dicho, los integrantes de las mismas) tienen opiniones políticas y partidarias y hacen ejercicio del voto. Eso es algo que nadie discute y que la Constitución protege. Lo que la Constitución no protege es la tesis de la primera senadora que quiere acercar a su proyecto político “un tercio de oficialidad y la mitad de la tropa por lo menos”. Es más, la Carta Magna uruguaya dice claramente en el articulo 77, que está prohibida la actividad político partidaria de los militares en actividad.

Algo que las constituciones democráticas de otros países también recogen porque la no partidización de los militares es una condición inherente a un régimen democrático que se precie de tal y que no sea una mera fachada para llegar al poder como ocurre en los países del eje bolivariano.

Obviamente las declaraciones de la senadora Topolansky también preocuparon a la oposición y, lo que es más importante, a todos los ciudadanos de este país que creemos que las FF AA deben ser neutrales políticamente aún cuando hagan ejercicio de su derecho de voto en forma individual en los actos eleccionarios. Como “Fuerzas Armadas” deben estar sujetas al poder político de turno. Cuando ello no ocurrió pagamos caras las consecuencias, como está pagando ahora el pueblo venezolano con la partidización del Ejército en torno al presidente Chávez.

La gravedad de estas declaraciones, que atacan frontalmente al estado de derecho, exige que el partido de gobierno las rechace en forma explícita, clara y contundente para que a nadie queden dudas que el proyecto político del FA no lleva de ningún modo y en ningún tiempo por venir a una suerte de autoritarismo chavista.