Mundo > Tres semanas de conflictos

La pulseada entre Macron y los sindicatos que mantiene en vilo a Francia

La reforma del sistema de pensiones es visto como "regresión social" por empleados públicos que gozan de mayores privilegios que el sector privado
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21 de diciembre de 2019 a las 05:01

Aunque lo niegue hasta el cansancio, el presidente francés, Emmanuel Macron se encuentra entre la espada y la pared por una profunda reforma de la seguridad social que lo enfrenta a los sindicatos públicos.  

París entró en su tercera semana de huelgas de transporte y movilizaciones en las calles de gremios de empleados públicos que ya perjudicó el inicio de las vacaciones de Navidad por la reducción a la mitad de los trenes habituales desde el viernes 20 hasta este el domingo 22. 

Además de la huelga en los transportes y varios días de protestas masivas, los trabajadores de la empresa eléctrica Enedis realizaron esta semana cortes temporales de luz en miles de hogares y negocios en todo el país.

El conflicto amenaza con obstaculizar también las fiestas del 31 de diciembre y 1° enero si el presidente no logra desempantanar las negociaciones con los líderes sindicales movilizados que se oponen frontalmente a la reforma de las pensiones que pone fin a un conjunto de beneficios sociales.

El gobierno de Macron estaría dispuesto a negociar algunos aspectos puntuales de su proyecto reformista, pero al mismo tiempo ha sido categórico en reafirmar su compromiso con los cambios en el sistema previsional francés.  

En ese sentido, el primer ministro, Édouard Philippe, reafirmó en estos días la  “determinación” oficial de que el parlamento apruebe el proyecto legislativo.  

Hasta ahora, los huelguistas no han aceptado ni siquiera la “tregua navideña” que ha planteado el gobierno.

Tal vez los sindicatos confían en que ocurra algo similar a lo que aconteció en 1995, cuando el gobierno de Jacques Chirac retiró una reforma de pensiones después de tres semanas de huelga en los servicios de transportes, justo antes de estas festividades. En aquel entonces, el gobierno apostó equivocadamente al desgaste del conflicto. Parecería que Macron está siguiendo la misma estrategia de apelar al agotamiento de los manifestantes.

Las conversaciones para encontrar una salida al conflicto siguen en pie, pese al fracaso de las negociaciones de esta semana. 
El problema entre el gobierno de Macron y los sindicatos no es nuevo, hace años que están enfrentados por las reformas liberales del presidente galo. 

 “Quiero un sindicalismo menos político”, dijo cuando era candidato a la presidencia. Y tras ganar las elecciones, los sindicatos tuvieron que insistir mucho para ser escuchados, según manifestaron. 

“La relación entre el gobierno (de Macron) y las formaciones sindicales está marcada por la desconfianza”, explicó a AFP Laurent Berger, número uno del  principal sindicato de Francia, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT).

A pesar de la pulseada entre las partes, los estudios de opinión indican que la imagen de Macron no se ha perjudicado en términos de popularidad. La población está dividida entre quienes apoyan a los empleados públicos que no quieren perder los privilegios que han vivido hasta ahora con el sistema actual de pensiones y, por otro lado, quienes piensan que es tiempo de cortar los privilegios de los que, por ejemplo, no goza el sector privado.

Por lo pronto, al cierre de esta edición las huelgas continuaban provocando graves dificultades para la movilidad de la capital francesa. Los ciudadanos están tratando de llevar adelante una vida lo más normal posible, en medio del caos que significa gran parte de las líneas del metro cerradas o funcionando parcialmente, trenes suburbanos suprimidos, autobuses con circulación disminuida, hospitales con menos servicios. 

Al principio de la huelga general, algunas aerolíneas redujeron en 20% sus vuelos programados durante toda una jornada, las escuelas no abrieron sus puertas porque sus profesores estaban reclamando mejores condiciones salariales, varias universidades cancelaron sus exámenes previendo que los alumnos tendrían dificultades en trasladarse. Y el impacto natural de todo ellos en el turismo, con la Torre Eiffel y otros monumentos y museos cerrados, por ejemplo.

El lunes 16, solo un cuarto de los trenes de alta velocidad y un tercio de los trenes regionales funcionaban, y estuvieron cerradas casi todas las líneas del metro de París. La semana pasada, la prensa local dio cuenta de 630 kilómetros de atascos en las vías de acceso a la capital francesa. A eso se le suman otros retrasos y bloqueos que generan malestar y tensión social.

“La sociedad civil se ha organizado, hay automóviles que recogen a varias personas para llevarlas a sus trabajos, la gente colabora, aunque no es suficiente. En París se sienten más las movilizaciones que en otras ciudades del país. Francia tiene grandes privilegios para sus trabajadores, más que muchos otros países europeos, pero hay que tomar conciencia de la situación, de los beneficios que tienen algunos y otros no. Se muestran en televisión muchas imágenes de las calles, pero ninguna movilización es del sector privado”, dijo a El Observador Florence Khanoyan, asistente técnico de medicina, de 53 años de edad, oriunda de Marsella, quien reside por temporadas en París.

“La gente llega a los lugares caminando, anda en bicicleta, trabaja desde sus casas, o resuelve de alguna manera”, agregó Khanoyan.

Distintos testimonios indican que los franceses están involucrados y atentos a la evolución de la reforma de las pensiones, al mismo tiempo que cansados sobre cómo este tema se ha ido eternizando y sumándose a otras protestas, como la de los Chalecos Amarillos.

La incertidumbre ahora es si Macron será capaz de desactivar la crisis antes de fin de año, en un momento en el que el principal sindicato de Francia (la CFDT) se ha sumado a las protestas que llegaron a los 806.000 manifestantes en una sola jornada a principios de este mes, según datos divulgados por el Ministerio del Interior.

La reforma previsional

Se trata de una reforma histórica que consiste en unificar los 42 regímenes de pensiones actuales en un sistema de régimen universal por puntos en el que cada euro cotizado dé lugar a los mismos derechos a todos los franceses al jubilarse.

De esa forma, se pondría fin al cálculo actual de las pensiones sobre la base de los 25 mejores años para los empleados del sector privado y de los seis últimos meses para los funcionarios públicos.

Hoy en día, paralelamente al sistema general de jubilaciones, existe un régimen para los funcionarios públicos y los 42 regímenes especiales, que son por profesión e incluyen a los trabajadores de ferrocarriles públicos y la red de transportes parisinos, a los empleados de las industrias energéticas, de la Ópera de París, la Comedia Francesa, el Banco de Francia, entre otros. Todos ellos gozan de condiciones generalmente ventajosas, como por ejemplo los empleados de la red de transporte que pueden jubilarse a los 50 años de edad.

Macron plantea el fin de los regímenes especiales para hacer al sistema “más justo y simple”, aunque se aplicarán excepciones, entre ellas, se mantendrán las jubilaciones anticipadas para los militares y funcionarios que cumplen tareas peligrosas, como los policías.

Asimismo, el gobierno plantea introducir la “edad de equilibrio”, con lo que se aumentaría en dos años la edad de jubilación, pasando de 62 a 64 años. Actualmente el sistema de pensiones les permite a los franceses retirarse a los 60 años de edad, o antes. “Al expresidente Valéry Giscard d´Estaing, que tiene 90 años de edad, le estamos pagando su jubilación desde hace demasiadas décadas, por demás cuantiosa”, ejemplificó Khanoyan.

La reforma es considerada necesaria para garantizar el equilibrio financiero del sistema según afirma el gobierno, pero el temor de los sindicatos es que se reciban pensiones más tardías y disminuidas, por lo que califican la iniciativa como una “regresión social”.

En teoría a nadie le conviene mantener una confrontación a largo plazo, pero la reforma del régimen de pensiones es un tema muy delicado en un país acostumbrado a los beneficios de uno de los sistemas de repartición más protectores del mundo.

 

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