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La reinversión en justicia: el plan con el Texas logró cerrar 15 cárceles y que genera atención en Uruguay
Texas ha sido históricamente uno de los estados más conservadores de Estados Unidos. También uno de los más duros con la delincuencia, enviando a mucha gente a prisión con penas muy largas en todo tipo de delitos.
A mediados de la década de 1990, con 50.000 plazas, el sistema carcelario resultó insuficiente. Hubo que construir 100 mil cupos más, que en menos de una década también resultaron insuficiente. En 2007 las proyecciones indicaban que se necesitarían otras 17 mil plazas, para lo cual habría que gastar US$ 2.000 millones.
esa altura llegó el convencimiento de que la situación no daba para más, y un inédito acuerdo entre demócratas y republicanos dio origen a la “reinversión en Justicia”: en lugar de invertir en más cárceles, hacerlo en medidas alternativas, programas y servicios evitando así enviar gente a prisión. El acuerdo buscaba ciertos objetivos: detener la construcción de más cárceles y reducir el número de presos sin generar un impacto en la seguridad pública, y ahorrar dinero.
Los resultados “excedieron las esperanzas más locas”. Así lo destacó en el Parlamento Michelle Deitch, profesora emérita de Políticas de Justicia Penal de la Universidad de Texas en Austin, que encabezó la semana una extensa presentación sobre esta experiencia. En Uruguay la experiencia texana viene llamando la atención desde hace varios años. Es puesta como ejemplo por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit y vista en situ hace pocos meses por una delegación del Poder Ejecutivo, la fiscalía y el sistema judicial.
El plan no solo evitó la construcción de más cárceles. Texas terminó cerrando ocho centros de mayores y otros siete de menores. La tasa de criminalidad bajó 34% y la población carcelaria se redujo 21%, además de una reducción de 30% en la reincidencia.
La estrategia , explicó Deitch, se basa en una combinación de medidas que incluyen la libertad condicional o bajo palabra con supervisión comunitaria, con una mezcla de sanciones y sentencias que el sistema denomina “respuestas graduadas”, que pueden ir desde la libertad anticipada hasta la prisión si todo el listado de sanciones no surte efecto.
Según el informe que presentaron los expertos, al que accedió El Observador, el proceso comienza con la “evaluación del riesgo” que puede representar un reciente detenido para la seguridad pública. Allí el juez primario puede decidir si va preso o queda libertad mientras avanza la causa en su contra.
Otra consecuencia fue el ahorro de dinero: en lugar de gastar los US$ 2.000 millones en más cárceles, se invirtieron en primer lugar US$ 55 millones en mejorar la supervisión comunitaria y en reducir el número de personas enviadas a prisión. Otros US$ 241 millones fueron para ayudar a los involucrados a encontrar un empleo y una vivienda, además de un fuerte enfoque en salud mental y adicciones. Así, el estado evitó tener gastar casi el 90% de lo que había proyectado inicialmente.
Para Deitch, los resultados de la experiencia texana motiva una reflexión. “No podemos solucionar un problema de superpoblación construyendo más plazas”, dijo. “Si lo hacemos, estaremos generando una necesidad insaciable de construir más”, apuntó. La especialista remarcó además que que el verdadero compromiso no es sancionar a alguien y mandarlo a prisión, sino hacerlo enfrentarse a su conducta delictiva y lograr que cambie su comportamiento.
