Las acciones del gobierno y la Fiscalía que detonan las "respuestas narco"

Si bien la investigación sigue su curso con varias hipótesis arriba de la mesa, una de las líneas de trabajo apunta a una respuesta del crimen organizado ante ciertos operativos e investigaciones llevadas a cabo por la Policía y Fiscalía en los últimos meses.

Desde la desarticulación de bandas que se dedican a la venta de droga hasta recientes incautaciones portentosas son vistas por el gobierno y la Fiscalía como posibles antecedentes de la escalada de violencia del narcotráfico, que ya había tenido un primer aviso el pasado 9 de mayo con el ataque mediante un explosivo a la Brigada Antidrogas. 

"Fue un aviso narco", dijo un día después el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, entrevistado en Séptimo Día (Canal 12). "No vamos a dar un paso atrás, vamos a tener una actitud de absoluta firmeza", agregó.

Este lunes, en una declaración ante los medios en el Ministerio del Interior, el jerarca volvió sobre ese punto. "En el Uruguay no van a ganar las bandas criminales, sino el Estado de derecho", dijo Larrañaga. 

La promesa de no ceder en la lucha contra el narcotráfico no solo va en línea con la prédica del nuevo gobierno de ser "implacable" con la delincuencia, sino que también se apoya en una continuidad de operativos dirigidos por la Policía y Fiscalía, algunos de los cuales incluso se remontan a antes del traspaso de mando del 1º de marzo. 

La piola de la explosión

Respecto a la explosión en la Brigada Antidrogas, el fiscal del caso Diego Pérez interrogó a un recluso de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar) que es integrante de la banda de delincuentes Los Ricarditos, procedente del barrio Cerro Norte.

Ricardo Cáceres, líder de la banda, cayó preso en setiembre por delitos relacionados al tráfico de drogas y armas y fue suplantado por su mano derecha, Christian Céspedes –alias El Pachuli–, quien fue capturado en diciembre en un operativo que terminó con la muerte de otro integrante de la banda a manos de la policía. 

Pero la investigación del atentado  en la Brigada apunta también a otras líneas en paralelo. Por ejemplo, los investigadores señalan como posibles responsables a pequeñas bandas narco que a raíz de algunos operativos en los últimos días vieron afectados sus negocios ilícitos.

La policía tampoco descarta que el móvil del ataque se relacione con las "grandes incautaciones" del último tiempo, como las casi seis toneladas confiscadas a fines del año pasado en el Puerto de Montevideo y en el establecimiento rural Las Camelias –que terminó con cuatro imputados– o los 421 kilos de cocaína encontrada en un camión con zorra que transportaba leña desde Artigas a Canelones –y que terminó con dos personas en prisión.

En la semana anterior al atentado, en Cerro Norte se allanaron 15 viviendas en las que se vendían estupefacientes, en el marco de una investigación de la fiscal Mónica Ferrero. La otra fiscal de Estupefacientes, Stella Llorente, por su parte, había ordenado en los últimos días otros 15 allanamientos en Malvín Norte, un barrio en el que la policía ha tenido enfrentamientos con algunos delincuentes tras una serie de operativos a mediados de abril. También en ese lugar se detuvieron 11 personas el 29 del mes pasado, luego de un procedimiento policial que también logró la incautación de vehículos robados, armas y drogas.

En el barrio Bella Italia, asimismo, se cerraron por esos días ocho bocas de droga, fue allanada una casa en la calle Paysandú –en la que dos cubanos vendían droga–, y en La Unión fue desarticulada "otra boca importante", contaron los informantes.

Santa Catalina

Otra investigación a cargo del fiscal Diego Pérez indaga en la posible participación de una banda narcotraficante detrás de las ocupaciones en predios del barrio Santa Catalina. 

A principios de 2020, cientos de familias ocuparon allí un predio de 70 hectáreas, a una corta distancia del lugar donde sucedió el triple homicidio del domingo. 

En abril, el fiscal declaró a El País que "hay una organización importante detrás de las ocupaciones", con "un asesoramiento importante" y "una forma de distribuir los terrenos ocupados", por lo que "no se trata de una ocupación espontánea". Esos elementos sustentan la sospecha de que pueda haber bandas de narcotraficantes detrás. “Se sabe que los delincuentes se valen de personas humildes para obtener sus fines”, afirmó.

Comando Capital

En diciembre del año pasado, la Fiscalía Especializada en Estupefacientes desactivó en conjunto con la Policía una célula del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) que se había instalado en el país.

El PCC es, junto a Comando Vermelho, el grupo criminal más grande de Brasil, con cientos de delincuentes entre sus filas. El 24 de abril de 2017 este comando paralizó Ciudad del Este, en Paraguay, la segunda ciudad más habitada de ese país, en la triple frontera con Foz de Iguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina). 

De la investigación surgió que en Uruguay hay 84 delincuentes asociados al PCC. El dato surgió en una de las escuchas telefónicas solicitadas por la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero a dos integrantes de la primera célula de esta banda en el país. 

La policía se enteró de la filtración del PCC en el país a fines de julio de 2019, y fue entonces que comenzó la investigación "Magnesio", tal como lo relató Ferrero en una audiencia este jueves en el juzgado de Crimen Organizado de 3° Turno, en la que imputó a uno de los miembros del grupo que cayó esta semana. Los otros tres habían sido imputados en una audiencia en la tarde anterior.

Otros golpes al narcotráfico

En la madrugada del pasado 14 de mayo, Uruguay extraditó a Estados Unidos al narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, hermano del líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia. 

González Valencia había sido detenido en abril de 2016 y estaba procesado por delito de lavado de activos en Uruguay, pero fue enviado a Estados Unidos, en donde una corte federal lo requiere para juzgarlo por distribuir cocaína y meta anfetaminas en ese país. 

En junio de 2016, González Valencia amenazó al entonces ministro del Interior Eduardo Bonomi con colgarlo "del puente más alto". En abril de este año, el narcotraficante fue trasladado en un operativo sorpresa de la cárcel de Punta de Rieles al Penal de Libertad, ante la información de que estaba planeando ejecutar un sofisticado plan de fuga junto al Primer Comando Capital. Según los datos recabados por personal de Inteligencia del Ministerio del Interior, el plan supuestamente incluía ataques al ministro Jorge Larrañaga y a jerarquías de la policía.