Las propuestas para que las futuras jubilaciones uruguayas no colapsen

El experto en seguridad social aborda en el capítulo 14 En busca del bien común, propuestas para la seguridad social uruguaya. Aunque la agenda del coronavirus acaparó buena parte de la agenda del gobierno, en breve una comisión de 15 expertos comenzará a diseñar los (necesarios y urgentes) cambios que requiere este sistema en Uruguay. 

Saldain recuerda que muchas veces se sostiene que es necesaria la reforma en virtud de los elevados déficit fiscales, algo que es parcialmente relevante. “El problema de fondo, sin embargo, es otro. No se debe a la existencia de déficit, sino el volumen del gasto público. El núcleo duro es el volumen de recursos asignado al pago de jubilaciones y qué otros posibles destinos deben sacrificarse. Las disponibilidades no son infinitas”, alerta. 

El experto plantea que la igualdad u homogeneidad de la cobertura debería ser un principio del pilar de reparto. “Ante las mismas contingencias, todos deberían tener los mismos beneficios básicos”. Asimismo considera que la “seguridad económica” en la vejez no solo le corresponde al Estado, sino que también debe contar con la cooperación de la sociedad y los individuos. Saldain recuerda que ese principio ya fue introducido en la reforma de 1995 pero advierte que ahora deberá ser “más ambicioso”.

“La vida de 100 años es ya de múltiples etapas y con múltiples transiciones, requiere un envejecimiento activo, como principio. Es el fin de una etapa de retiro caracterizada por la ausencia total de actividad laboral. Es necesario seguir aportando laboral y económicamente, tal vez con exigencias cada vez menores en la medida que se avanza en edad. La economía, las comunidades y las personas se benefician notoriamente de aprovechar el dividendo de la longevidad, el capital humano y social acumulado por los mayores”. 

Y agrega que el entramada de protección social “debe cumplir el principio de sustentabilidad financiera y social”, mientras que los cambios deberán respetar un principio de “progresividad o convergencia. La gradualidad de los cambios es imprescindible”, señala Saldain. Por ello maneja como vital que todos los procesos de reforma se deben planificar, resolver y comunicar con la mayor anticipación posible”. 

La arquitectura con un sistema de cinco pilares

Saldain identifica un sistema previsional uruguayo como un edificio de cinco pilares. El esquema no contributivo (pilar 0) será el encargado de prevenir las situaciones de pobreza en la vejez o en casos de incapacidad total o absoluta. El financiamiento de este pilar 0 debería ser a cargo de un fondo específico con parte de los tributos afectados a la seguridad social.

“Una modalidad hacia la cual tender sería la de un impuesto negativo a la renta para los adultos mayores”, plantea. Asimismo, sostiene que la edad de acceso a esta prestación no contributiva por vejez debe guardar cierta distancia con la edad normal de acceso. 

El segundo esquema contributivo es el de reparto-BPS (pilar 1). Acá Saldain considera que se debería ir hacía un unificación en las condiciones de acceso y beneficio. Esto implicaría un único sistema con reglas iguales, aunque respetando los derechos adquiridos por los contribuyentes a las distintas cajas (bancaria, notarial, profesional, militar y policial). 

“En el momento en que la persona se jubila esos derechos se sumarían a los que hubiere generado por el nuevo esquema unificado”, explica. 

Por otro lado, el experto sugiere que el sistema de reparto tendrá que contraerse y el de capitalización (AFAP) expandirse. “La entidad y ritmo de la contracción podrá determinarse en función de la situación fiscal de corto y mediano plazo”.

Otra de las medidas que se impone es la de elevar la edad de jubilación (hoy de 60 años), establecida ya hace 40 años. Hoy la esperanza de vida es de casi 83 años (5 años más), por lo que la edad mínima de acceso debería subirse a 65 años. 

Pero eso no sería suficiente si se tienen en cuenta los 30 años de aportes que se exigen hoy. Eso alcanzaría para cubrir 22 años y medio de jubilación. Con una tasa de reemplazo razonable (60% del salario) se requeriría un aporte mensual del orden del 45% del salario, más del doble que el actual (22,5%). 

Además, Saldain considera que debería alinearse el beneficio de jubilación por incapacidad al régimen general (a un eje del 50%) para eliminar el estímulo que hoy permite la legislación vigente en favor del primero. 

También sugiere fijar una nueva metodología del cálculo del IMS (Índice Medio de Salarios) por el cual se ajustan las jubilaciones cada año, ya que el esquema actual solo recoge la masa salarial de los grandes cotizantes, dejando de lado otros contribuyentes como los rurales o los zafrales. 

El ahorro individual obligatorio (pilar 2)

Acá Saldain sugiere ir al modelo sueco, donde el ahorro individual obligatorio es para todos los trabajadores independientemente de sus ingresos. Además, se debería ir hacia un esquema de mayor aporte a este pilar en detrimento del sistema de reparto (BPS). 

Asimismo, se sugiere un cambio en el funcionamiento de las AFAP porque tienen a su cargo tareas que van más allá de su corazón, como el registro y mantenimiento de las cuentas personales de los afiliados.

Saldain plantea “focalizar” la gestión de los activos en un único fondo de ahorro previsional (denominado FAPU) que comprendería la totalidad de los activos del esquema de ahorro individual obligatorio.

Ese fondo único tendría como tarea mantener los registros y licitar su administración entre las autoridades autorizadas a tales efectos por el regulador (hoy las AFAP).

Lo recomendable sería que esa función no recaiga sobre el BPS ya que no cuenta con experiencia, y tiene otras prestaciones a su cargo. Saldain es partidario que este pilar 2 pueda estar dirigido por un comité de fiduciarios sin fines de lucro y bajo la supervisión del regulador. Otro camino para avanzar es que también se permita el ingreso de otros agentes al mercado, eliminando el requisito de única actividad pero con ciertos reglas y regulación de conflictos de intereses. 

También se considera conveniente “ampliar” la cantidad de subfondos (actualmente dos Acumulación y Retiro) habilitando la inclusión de instrumentos de renta variable y apertura de la inversión en el exterior en un porcentaje más significativo. Incluso podrían ser los propios afiliados los que decidan si están en condición de asumir mayores riesgos en función de su situación para invertir sus fondos. 

El ahorro voluntario (pilar 3)

“El logro de niveles satisfactorios de ingreso jubilatorio, la posibilidad de financiar un retiro anticipados u otros objetivos previsionales requieren la existencia de esquemas voluntarios, complementarios de los obligatorios”, dice Saldain. 

Sostiene que este esquema debería alcanzar a todos los trabajadores independientemente de su sectores de actividad, prospere o no la idea de unificar todo el sistema de reparto. 

Por otro lado, una de las barreras que encuentra esta opción en la actualidad es que el ahorro voluntario “tiene nula liquidez. Pocas personas están dispuestas a renunciar a acceder a sus ahorros voluntario durante años”. Por ello habría que introducir ajustes a la regulación para que en casos excepcionales como una enfermedad grave, recalificación laboral o desempleo prolongado, se pueda acceder a ese colchón de ahorro.

Otra de las ideas que se plantea es incorporar esa variable al marco normativo de las negociaciones colectiva de los salarios atado a la voluntad que muestren empresarios y trabajadores, y siempre bajo la supervisión y regulación del BCU u otro que encare esa tarea de superintendencia. 

Un ahorro por consumo es otra de las propuestas que se pone sobre la mesa para su consideración. Por ejemplo, se recuerda que las deducciones de IVA por pagos electrónicos generan un gasto tributario del orden de los US$ 70 millones. “La propuesta es cambiar el destino de todo o parte del gasto tributario y trasladarlo a una modalidad adicional de ahorro con destino previsional, incorporándolo a cuentas personales de ahorro complementario (...) Su destino prioritario sería mejorar la seguridad económica en la vejez”. 

Fuentes voluntarias alternativas de ingresos (pilar 4)

Dentro de las propuestas que podrían integrar este pilar y que representan mayor atractivo están las que buscan rentabilizar los activos inmobiliarios como la hipoteca revertida y la venta con alquiler garantizado. Para ambos instrumentos se requiere un marco normativo específico para evitar abuso. 

En la hipoteca inversa o revertida un fondo de jubilaciones o una aseguradora puede conceder un préstamo a una pareja mayor que está garantizado por un bien inmuebles, cuyo pago se difiere al momento de fallecimiento del titular último. El pago de la suma prestado y sus intereses podrá ser asumido por los herederos, de lo contrario, el bien se remata. 

“Los principales partidos políticos han tenido ya sus experiencias de gobierno. Todos saben que la seguridad social es un problema de primera magnitud, pero ninguno sabe cuál será su rol en cinco años, si gobierno u oposición. Es esperable que quieran alcanzar los acuerdos necesarios para mantener la salud de esta vaca sagrada de nuestra penillanura levemente ondulada. Es parte del sustrato que compartimos como comunidad. Tenemos la oportunidad de renovar ese acuerdo. Hay fundamento para el optimismo”, asegura Saldain en su libro.