El gobierno envió a los partidos políticos un borrador del proyecto de ley que crea el Fondo Coronavirus. El texto, al que accedió El Observador, fija la creación de "un impuesto de carácter mensual" denominado "impuesto de Emergencia Sanitaria Covid-19", que abarcará a sueldos públicos y políticos, así como las jubilaciones públicas y privadas mayores a $120 mil.
El artículo 8 del borrador indica que "estarán gravados los ingresos correspondientes a las jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad similares, servidos por instituciones públicas y privadas, residentes en la República", de acuerdo a una escala por franjas. El impuesto es adicional al IASS.
Los que perciban hasta $ 120 mil nominales de jubilación no pagarán adicional. De $ 120 mil a $ 130 mil se descontará un 5%. De $ 130 mil a $ 150 mil se descontará 10%. De $ 150 mil a $ 180 mil se aplicará una tasa de 15%. Las jubilaciones superiores aportarán 20% para atender la emergencia sanitaria.
"En ningún caso el monto de las jubilaciones, pensiones o prestaciones de pasividad similares líquidas, una vez deducidos el aporte al sistema de salud correspondiente, el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social y el impuesto que se crea, podrá ser inferior al mayor de los siguientes montos: a) $100.000 (pesos cien mil) líquidos mensuales. b) El líquido resultante del mayor ingreso de la franja anterior conforme a la liquidación de una persona física sin dependientes ni otros familiares a cargo a efecto de los aportes personales al Fondo Nacional de Salud", agrega el texto.
| Escala | Más de | Hasta | Tasa |
| | | 120 mil | 0% |
| 1 | 120 mil | 130 mil | 5% |
| 2 | 130 mil | 150 mil | 10% |
| 3 | 150 mil | 180 mil | 15% |
| 4 | 180 mil | | 20% |
En el caso de los sueldos públicos, el mínimo no imponible nominal y las franjas son las mismas que en las jubilaciones. La diferencia está en que una vez deducidos otros aportes, como el de la seguridad social, el IRPF y el Fondo de Reconversión Laboral, la retribución de aquellos que paguen el impuesto no podrá ser inferior a $ 80 mil líquidos.
Del mismo modo, tampoco podrá ser inferior al "líquido resultante del mayor ingreso de la franja anterior conforme de a la liquidación de una persona física sin dependientes ni otros familiares a cargo, que liquida bajo el régimen individual a efecto del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y del aporte al Fondo Nacional de Salud", dice el texto.
El artículo 4 dice que habrá tres grupos de sujetos pasivos del impuesto a los sueldos públicos. En primer lugar, los "funcionarios de la Administración Central, Poder Legislativo, Poder Judicial, los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y de los Gobiernos Departamentales. Segundo, "aquellas personas físicas que mantengan contratos de servicios personales con el Estado, incluyendo los contratos de arrendamiento de obra y de servicios, motivados por vínculos temporales que no revistan la condición de funcionarios públicos, excluido el IIVA, cualquiera sea su fuente de financiamiento". Por último, "los beneficiarios de los subsidios otorgados por ley a quienes hubieren ocupado cargos públicos o de particular confianza".
El texto establece que "queda exceptuados del presente impuesto, el personal de la salud que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial (trabajadores médicos y no médicos) que a raíz de las tareas que desempeña, está expuesto al contagio del SARS-CoV2, que provoca la enfermedad COVID 19".
Cargos políticos incluyen a beneficiarios del subsidio
Los cargos políticos –desde presidente y vicepresidenta, pasando por ministros, subsecretarios, legisladores, intendentes y otros puestos de particular confianza– aportarán 20%. Ese impuesto incluye a "los beneficiarios de los subsidios otorgados por ley a quienes hubieren ocupado cargos públicos o de particular confianza".
También a "las retribuciones personales de los funcionarios que desempeñan tareas en el exterior", incluyendo "embajadores, ministros o ministros consejeros".
El borrador dice que el impuesto será por los meses de abril y mayo, facultándose al Ejecutivo a prorrogar su aplicación "hasta por un período máximo de tres meses". En ese caso deberá comunicarlo a la Asamblea General.
La Cámara de Senadores discutirá el proyecto este miércoles. Diputados lo hará el jueves.