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Le secuestraron el auto en Mar del Plata, se lo compactaron y la indemnizaron por una suma ridícula
La situación de la mujer de 47 años de la localidad de Batán, partido de General Pueyrredón, se complicó cuando fue a recuperar su auto, que la Municipalidad le había secuestrado un año antes debido a la falta de licencia de conducir, VTV y seguro del vehículo. Sin embargo, al llegar, le informaron que el automóvil había sido compactado. Después de diversas apelaciones, la Justicia otorgó una indemnización de tan solo $100.000, una cifra muy baja dada la situación.
Los problemas comenzaron en 2020, en medio de la pandemia, cuando la mujer, identificada como M.Z., se desplazaba en su Fiat Uno modelo 1999 por la ruta 88 hacia su trabajo, contando con el permiso de circulación correspondiente. Durante un operativo de control, se le solicitó que presentara los documentos reglamentarios del vehículo y su licencia de conducir, pero la mujer no disponía de ninguno de ellos.
Ante esta situación, el personal de la Municipalidad de General Pueyrredón procedió a secuestrar el automóvil, emitir la multa correspondiente y trasladar el Fiat Uno al playón municipal de Tandil y Libertad.
Al no contar con los fondos necesarios para pagar la multa y recuperar su vehículo, la mujer apeló al Juzgado Correccional N.º 1 de Mar del Plata. Este tribunal decidió anular las actas del personal de tránsito y la sentencia, al considerar que las infracciones habían sido detectadas en una ruta provincial sobre la cual la Municipalidad no tiene jurisdicción. Esta decisión fue ratificada por el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial.
La situación de la mujer se vio complicada aún más cuando, en octubre de 2021, más de un año después del secuestro de su auto, finalmente obtuvo la sentencia. Sin embargo, al presentarse en el playón para recuperar su vehículo, el personal le informó que no sabían dónde estaba. Ante esta situación, envió una carta documento a la Municipalidad, y la respuesta fue que el automóvil había sido compactado el 14 de septiembre de 2021 como parte del proceso de descontaminación, compactación y disposición final de vehículos.
Después de recibir esta serie de malas noticias, la mujer buscó obtener una indemnización a través de la vía administrativa. Ante la negativa del Municipio, en abril de 2022 decidió iniciar una demanda por "daños y perjuicios" con intervención del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Mar del Plata.
Finalmente, dos años después del inicio del proceso, recibió respaldo judicial, donde se consideró que el secuestro y la compactación del vehículo fueron actos "antijurídicos". Sin embargo, en cuanto al resarcimiento económico, solo se le otorgó una indemnización de $110.000, una cantidad que la mujer consideró insuficiente y decidió apelar nuevamente.
Según el titular del Juzgado Contencioso N.º 2, la suma del resarcimiento se determinó considerando la información proporcionada por la mujer en su momento. Esta información se limitó a indicar cuál sería el valor de mercado, al momento de interposición de la demanda, de un vehículo similar en un sitio web de comercio electrónico como MercadoLibre.
El juzgado reconoció que la acción antijurídica del municipio privó a la mujer de la propiedad de su vehículo, pero indicó que no había elementos para calcular el daño causado. Por lo tanto, se tomó como referencia la valuación fiscal del Registro Nacional de la Propiedad para el año 2021 de un Fiat Uno modelo 1999, que ascendía a $176.000.
Sin embargo, dado que el acta de secuestro del vehículo señalaba que estaba en mal estado, el juzgado decidió fijar una indemnización de $100.000, considerando prudente este monto. Además, se sumaron intereses y se tuvieron en cuenta los gastos de transporte en los 460 días que duró el proceso, lo que agregó una suma adicional de $10.000.
Ante esta decisión, la mujer presentó una apelación solicitando que la indemnización se ajustara al valor real y de mercado del vehículo. Originalmente, había pedido una compensación de $500.000 por el valor del Fiat Uno y $300.000 por los gastos de movilidad, basados en valores de abril de 2022.
