Legisladores de todos los partidos piden aumentar las asignaciones familiares

El Poder Ejecutivo se apresta a realizar una revisión de las políticas de transferencias monetarias, en el marco de la reunión del gabinete social, y desde varios frentes piden modificaciones a las asignaciones familiares que se otorgan en la actualidad. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición surgieron voces que reclaman aumentar esas partidas que consideran escasas y que, por tanto, no incentivan a los padres a mandar a sus hijos a la escuela o el liceo.

El Banco de Previsión Social (BPS) le paga asignaciones familiares a 484.347 personas pero no todos cobran lo mismo ni están en las mismas condiciones socioeconómicas.

El derecho a las asignaciones familiares tradicionales –que tienen 93.939 beneficiarios- lo genera el adulto que trabaje, tenga menores a cargo y cobre menos de $26.132 nominales. En ese caso, recibe cada dos meses, a partir de marzo, $693, y si cobran entre $26.132 y $43.562 nominales, reciben $346.

La diputada nacionalista Graciela Bianchi (Todos) y exdirectora del liceo Bauzá dijo a El Observador que las asignaciones familiares son "bajísimas" y que deberían ser aumentadas. "Eso sí, hay que gastar mejor para poder pagar más. Y yo no sé qué es lo que está gastando el Mides. No sé si cuando habla de asignaciones familiares está hablando de las asignaciones familiares tradicionales o de otras partidas de dinero que ignoramos. Que nos digan la verdad para saber qué tipo de planes estamos pagando", agregó Bianchi.

El BPS paga otras asignaciones familiares, que administra el Mides en el marco del Plan de Equidad, y que son recibidas por unas 390.939 personas. Estas asignaciones son destinadas a los hogares de aquellas personas que no tienen trabajo. En estos casos también son tenidos en cuenta aquellos niños que están internados en régimen de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

La asistencia que otorga el ministerio en este caso es un monto mensual de $1.404 por beneficiario en Primaria y $2.000 en Secundaria, según los datos que figuran en la página del BPS.

Tanto para las asignaciones tradicionales como para las del Plan de Equidad, los beneficiarios deben concurrir "asiduamente" a institutos de educación formal o no formal, ya sean públicos o privados. Si acuden a un centro de Primaria deben tener hasta 14 años (excepto en zonas rurales donde el centro educativo más cercano esté a más de 5 kilómetros, donde se extiende a 16 años) mientras que si trata de Secundaria, el beneficio se extiende hasta los 18 años.

El diputado oficialista Felipe Carballo (Lista 711) dijo que se ha entrevistado con madres que le han manifestado su preocupación porque, cuando empiezan las clases, todavía no recibieron el dinero de las asignaciones familiares. Por eso, propone que ese dinero sea entregado "sí o sí" en febrero y que esa primera partida sea "reforzada". "Con 700 pesos no alcanza para comprar todos los implementos que supone mandar a un niño a la escuela o al liceo. Y para peor reciben la partida en marzo después de que empezaron las clases", dijo Carballo.

Acerca de la posibilidad de aumentar las asignaciones familiares que se pagan durante el correr del año, Carballo dijo que es partidario de mejorar esas retribuciones. "En los últimos años han aumentado pero no alcanza. Hay que ver de dónde sacamos el dinero para poder mejorarlas", señaló el parlamentario y se manifestó a favor de que, para acceder a ellas, se controle que los niños sean enviados a clase.

El diputado colorado Conrado Rodríguez apuntó en el mismo sentido y dijo que en "todo aquello" que sea para favorecer a las familias más vulnerables, el Partido Colorado está de acuerdo y compartió que actualmente las asignaciones familiares son bajas. De todas formas, aseguró que es necesarios poner "ciertas condiciones" para asegurar que ese niño integre el sistema educativo.

El diputado Iván Posada (Partido Independiente) dijo a El Observador que las asignaciones familiares, ya sean las tradicionales o las que otorga el Mides, deben tener "un aumento significativo y sustancial" porque con los montos actuales tienen "un muy bajo impacto" en la tarea de evitar la deserción de estudiantes.

"El dinero que se paga es muy poco porque no solo importa la educación, sino también la salud y todo lo que tiene que ver con el bienestar de los niños", dijo el parlamentario. Señaló que el PI ya presentó un proyecto en el Parlamento para modificar esa situación.

El sociólogo Gustavo Leal recordó que el sistema de asignaciones familiares tiene su origen en la década del '40 y que, dado los vertiginosos cambios que han ocurrido desde entonces, debe estar bajo la lupa.

"Inicialmente estaba diseñado para el apoyo a las familias con hijos que tenían un empleo formal. En los últimos 20 años el mecanismo de asignación fue cambiando y reconociendo los nuevos arreglos familiares. Sin embargo, en el marco de un rediseño necesario del sistema de transferencias en Uruguay, debería contemplarse con más profundidad la diversidad de situaciones que impactan directamente en la crianza y el desarrollo de los niños. A mi juicio, esta revisión debería estar orientada a ampliar derechos y mejorar coberturas diferenciales para registrar las diversas configuraciones familiares", opinó.

El Mides puso nuevamente en agenda la discusión acerca de si se debe quitar o no el apoyo económico a aquellos niños que abandonen la enseñanza. La subsecretaria de esa cartera, Ana Olivera, adelantó que propondrá que no se saquen esos beneficios aunque los niños no vayan a clase.

Según la jerarca, en muchos casos los adolescentes dejan la enseñanza porque se tienen que hacerse cargo de tareas en su casa.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, ya había cuestionado la suspensión de las asignaciones familiares dispuesta por el Poder Ejecutivo para quienes no cumplan con las contraprestaciones. El argumento para el rechazo de esa decisión es que se trata de un castigo que no ayuda al niño a volver a la escuela. Ahora, el Mides volverá a la carga con ese tema.

"En el Mides pensamos que la asignación familiar es un derecho de los niños y los adolescentes, y que muchas veces retirando ese ingreso no necesariamente se favorece su inclusión en el sistema educativo y sí se está penalizando doblemente a la familia", dijo Olivera a El Observador.

La propuesta del Mides generó rechazo tanto en el oficialismo como en la oposición. El diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti, dijo que sería "inconveniente" no exigir la asistencia a clase para otorgar la asignación ya que el gobierno busca "por todos los medios" mantener a los jóvenes en el sistema educativo.

Desde la oposición, el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) opinó que la propuesta "es una barbaridad". En su cuenta de Twitter escribió que se está ante un caso de "clientelismo político" que promueve "la deserción escolar". Sin embargo, la ministra de Educación, María Julia Muñoz, aseguró que el tema no está en discusión.

"Esta polémica no es tal. Ese no es un tema que esté en discusión actualmente. Esto ya se discutió. A los padres que no envíen a sus hijos a la escuela se les retendrá la asignación familiar, tal como sucede hasta ahora", dijo.

El año pasado, a la hora de hacer los controles, había 15.994 casos expuestos a perder el derecho a cobrar la asignación por abandonar la enseñanza. Luego de una primera advertencia, los efectivamente suspendidos fueron 11.334. Es decir, solo 4.660 personas volvieron al sistema de enseñanza una vez que se les notificó que la asignación corría peligro.

El ex inspector del Codicen, Daniel Corbo, criticó la propuesta del Mides porque "no construye oportunides".

"Se trata de un clientelismo que abriga intereses electoralistas y que empuja a la deserción educativa. Se cree que personas adultas merecen recibir un recurso que resulta de un esfuerzo de la sociedad, sin pedirles nada a cambio" escribió en una columna para El Observador.