Ley de financiamiento: la “señal” que todos comparten pero sigue trancada

Pero en medio del largo debate, y más allá de la disputa política por el procedimiento que derivó en la libertad del narcotraficante uruguayo, legisladores de la oposición y el oficialismo aprovecharon la instancia para también hablar de la necesidad de regular el financiamiento de los partidos políticos.

“Es imprescindible que votemos la ley de financiamiento de los partidos políticos, dilatada en este Parlamento” pidió en el tramo final de esa extensa sesión la senadora frenteamplista Liliam Kechichian. “Lo considero una necesidad imperiosa, y sería una gran señal para la sociedad”, señaló.

Esa “señal” se refería a algo reiterado por varios de sus colegas en la interpelación: la necesidad de que el sistema político tome medidas ante la posibilidad de ser infiltrado por el poder y el dinero narco, como sucedió en casi todos los países de la región.

Sobre ese tema, el Parlamento tiene a estudio desde hace años un proyecto para modificar la ley de Partidos Políticos (del año 2009) y fortalecer los controles del financiamiento de los partidos y sus campañas. La iniciativa fracasó en la legislatura anterior, –al Frente Amplio le faltó el voto 50 de su diputado Darío Pérez– y se reflotó en esta legislatura con el afán de encontrar consensos, aunque hasta ahora sin éxito.

El próximo miércoles, después de tres meses, el texto volverá a someterse a discusión de la Comisión Especial con Fines Legislativos para Estudiar el Financiamiento de la Democracia, creada justamente para trabajar en ese proyecto. 

Todos los partidos que integran esa comisión han mostrado voluntad de que la nueva ley sea votada a corto plazo en Diputados y de ser posible antes de fin de año.

Pero para eso deberán superar una serie de escollos técnicos y políticos que hasta el momento lucen difíciles de mover.

El principal bloqueo está en la interna de la coalición de gobierno, con la postura de Cabildo Abierto de no votarlo hasta que se renueven las autoridades de la Corte Electoral. Los liderados por Guido Manini Ríos reclaman que aún no se dio ingreso al representado que le corresponde a esa colectividad en función de los votos de la elección de 2019. 

“Es una cuestión de Justicia”, le dijo a El Observador este miércoles el senador Manini Ríos, al recordar que con el 11% de los votos, a su partido debería corresponderle uno de los nueve ministros de la corporación. Manini sostuvo también que la representación es importante atendiendo al rol que tendría ese organismo en el control de las finanzas de los partidos una vez se aprueben las modificaciones a la ley.

Un rompecabezas

Los cabildantes habían nominado para la Corte Electoral a Sandra Chá. Su entrada, sin embargo, representaría la salida de uno de los dos ministros que hoy tiene el Partido Colorado. 

Los colorados, en tanto, reclaman la vicepresidencia de la Corte porque sostienen que ese cargo, hoy en manos del frenteamplista Wilfredo Penco, debería corresponderle al oficialismo. Las cosas se complican al señalarse que, salvo Cabildo Abierto, los demás partidos entienden que la renovación de la Corte debe ser simultánea a la de otros organismos de contralor.

Allí el problema está en el Tribunal de Cuentas. El Frente Amplio se niega a votar allí la ratificación de Susana Díaz como presidenta, ya que le reprochan un cambio de postura en relación a las observaciones del tribunal al accionar del presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en torno a la concesión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, informó Búsqueda. 

Según acusan desde el FA, Díaz iba a apoyar un informe crítico con el jerarca pero terminó votando el de los ministros oficialistas. La izquierda tampoco apoya que el colorado Gustavo Osta asuma en el Tribunal de Cuentas, tal como pretenden en ese partido. Fuentes coloradas señalaron a El Observador que entienden necesaria la renovación allí dado que Álvaro Ezcurra, uno de los actuales ministros colorados, había ingresado como representante del sector de Pedro Bordaberry.

Para destrabar todo este entuerto se necesitan mayorías especiales que el Parlamento hoy no tiene. “No hay acuerdo” confirmó a este miércoles uno de los negociadores, el senador nacionalista Gustavo Penadés. 

El semáforo

El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a El Observador que un proyecto como el del financiamiento de los partidos políticos debería contar con el máximo consenso posible. Pero si bien dijo estar dispuesto a realizar los máximos esfuerzos, el legislador se declaró personalmente partidario de que si Cabildo Abierto persiste en su postura, la coalición trate de acordar con el Frente Amplio. 

El Frente Amplio, en tanto, suscribe el texto que había sido presentado en la pasada legislatura, pero que motivaba varias resistencias en los partidos que hoy integran el oficialismo.

En la coalición, a instancias del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, elaboraron un “semáforo” que divide en tres colores los 28 articulos del proyecto. Solo uno de ellos aparece en “verde” y, por lo tanto, reuniría el voto de todo el arco político. Se trata del artículo 2, sobre retribuciones salariales y pasividades.

Otros siete están en “rojo”, lo cual implica que el oficialismo los rechaza en su totalidad. Entre ellos se incluye el artículo 4, que establece que los ingresos que generen los partidos deberán ser realizados mediante pagos electrónicos. La coalición entiende que eso ya está consagrado en el texto vigente, por el que todo aporte o contribución de campaña deberán ser depositados en una cuenta bancaria. 

El oficialismo también se opone al artículo 6, que establece que partidos, sectores y listas solo podrán recibir aportes y donaciones de personas físicas debidamente identificadas, prohibiéndose así las donaciones de empresas. La coalición propone extenderlo bajo las mismas condiciones a personas jurídicas, bajo el argumento de que la prohibición no aportará transparencia sino que incentivará apartamientos a la normativa.

Tampoco hay consenso en la eliminación de las donaciones anónimas, planteada en el artículo 9. 

También se pide ajustar la definición de lo que debe considerarse “publicidad electoral” y los horarios de televisión destinados. Se rechaza asimismo el artículo 24, que establece que las multas aplicadas por la Corte Electoral, el Consejo de Comunicación Audiovisual y el organismo de control constituirán título ejecutivo.