Llega la hora de Luis Lacalle Pou

No es lo mismo asumir el cargo cuando el país viene de un período malo pero en recuperación (2005), que hacerlo cuando hay un espejo de bonanza reciente (2004-2014) y luego se han acumulado problemas que deben resolverse con urgencia pero sin más plata, y con medidas no simpáticas (2020).

Jorge Batlle buscó varias veces la Presidencia y ganó las elecciones de 1999 en condiciones que eran malas, tanto en panorama presente como en proyección futura. Un año antes de aquellas votaciones, Uruguay había caído en recesión replicando lo pasado en Argentina en la primavera de 1998, y el problema se había agudizado en enero de 1999 con la ruptura del Plan Real de Brasil. Todo ese panorama recesivo se daba mientras Argentina incubaba una crisis financiera que estallaría en 2001 y se replicaría un año después en Uruguay.

Sin reforma constitucional y por lo tanto sin el mecanismo de balotaje, probablemente el Frente Amplio hubiera llegado al gobierno en aquel año, porque fue el lema más votado. Vázquez hubiese asumido en marzo de 2000, cuando ya iban dos años de recesión sin que se visualizara un cambio de tendencia, y con problemas financieros que venían dándose en el mundo con un efecto dominó. Las crisis cambiarias se había replicado desde julio de 1997 en Tailandia, Rusia en 2008 y varios países de Latinoamérica (rupturas de “bandas de flotación” de relación moneda local y dólar), lo que anticipaba la crisis uruguaya.

Y además, la izquierda no hubiese tenido mayoría absoluta sino 40% del Parlamento.

El Frente no eligió ganar en 2004, le tocó en suerte, pero era el mejor escenario para seguir el empuje fuerte de PIB de fin de gobierno de Batlle, y luego aprovechar el contexto favorables de precios internacionales para seguir creciendo, mejorando el ingreso familiar y disminuyendo la pobreza.

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Pero ni imaginaba en aquel 2012 que la situación económico-social de este año sería tan compleja.

¿Por qué no es bueno el escenario de 2020 para arranque de gobierno?

La caja del Estado sufre cada mes por más salidas que entradas, y ese déficit se mantiene alto desde 2012, o sea que se produjo en medio de la bonanza económica, no en una recesión. Eso limita la implementación de planes de mejora, para los que no alcanza con el ingenio de redireccionar recursos, y además obliga a un ajuste que debió hacerse antes y se ha postergado.

El segundo gobierno de Tabaré enfrentó problema similar al que llega ahora, y tanto el presidente como otros de su entorno, se quejaban de la herencia de “Pepe” Mujica y el despilfarro en entes y otras áreas del Estado que habían hecho saltar el déficit.

Vázquez-Astori se animaron a un par de ajustes fiscales pero la suba de impuestos no tuvo correlato en una baja sustancial del gasto público. El déficit siguió alto y subió más.

Ahora hay que corregirlos, y sea la estrategia que sea, eso es antipático. El nuevo gobierno rechaza subir impuestos y se juega a la baja de gasto, pero eso también afecta gente y genera malestar.

Hay que hacerlo, pero los costos son visibles (los recortes que se hagan) y el beneficio de achicar el déficit y endeudarse menos no es palpable por la gente.

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Y también hay que hacer reformas que afectan derechos. La reforma jubilatoria no es una idea exclusiva de Lacalle Pou y sus socios; el actual gobierno la calificó como “prioritaria” e “inevitable” hace un par de años en un mensaje al Parlamento. Pero no se hizo nada y ahora hay que hacerlo, porque si no se hace, aumentará la percepción de riesgo financiero y habrá menos gente dispuesta a prestar dinero al Estado uruguayo y los que lo hagan, exigirán intereses más altos.

La economía está relativamente estancada desde 2015 y eso se tradujo en pérdida de puestos de trabajo desde entonces, y ya van dos años seguidos de pérdida de poder de compra de las familias.

A diferencia de 2005 cuando se venía saliendo de una crisis y había recuperación firme, ahora no hay señales de mejora a corto plazo. Para este año se espera una suba de PIB de 2%, de los cuales 1,5% es por UPM2. La inversión privada viene en caída hace años, y si se recuperara, su impacto no es inmediato.

El Uruguay ha sufrido un deterioro en seguridad pública que ha sido progresivo y alarmante, y así lo siente la población, independiente del partido al que votan. En el combate al delito no hay chance de ahorrar gastos, sino que seguramente se precisen más recursos, pero la caja está en rojo.

Ahora llegó la hora de Lacalle Pou, y el nuevo presidente es optimista en que obtendrá logros que la gente valorará. No quiere poner el acento en las dificultades porque no quiere que contagie “un bajón” sino que prefiere alimentar esperanzas, cautas, como impulso a un nuevo tiempo.

El presidente lidera una inédita coalición, que no tiene funcionamiento orgánico y que se pondrá a prueba con la votación de una compleja ley de reformas, de urgente consideración. Y enfrente hay una oposición que no da tregua ni en transición, y pega a todo lo que se mueve.

A partir de ahora ya no contará la herencia, sino lo que haga el presidente y su gobierno: Lacalle Pou precisará mucha concentración en lo importante, acciones planificada y consensuadas con sus socios, y también una dosis de suerte.

Cierra el ciclo de 15 años del Frente y llegó la hora de Luis, un joven rebelde que maduró, un Herrera pura sangre, un estratega que dibujó una campaña electoral efectiva como para ganar una elección histórica. Ahora comienza otra batalla política, desde el vértice del gobierno.