Lo político encima de lo jurídico (parte 2)

En ciertas ocasiones se pierde la noción de cuán importante es la Constitución y esto termina por hacerle daño al Uruguay

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05 de agosto de 2018 a las 05:00

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La Constitución de la República es el pacto que nos hemos dado los uruguayos para regular nuestra convivencia y le hemos otorgado un grado de inamovilidad superior a las leyes y decretos precisamente porque lo que allí se recoge es algo que regula conceptos y derechos que son difícilmente movibles. Es más, en cuanto a las disposiciones que se encuentran en la parte inicial, tratamos de que no se cambien porque allí se recogen derechos, deberes y garantías que hacen a la esencia de un estado de derecho. Sin ellas, nuestras instituciones devendrían en una autocracia o habría individuos de primera y de segunda categoría.

Si no tenemos claro lo que implica la Constitución, y los mecanismos de gobierno republicano que allí se establecen, estamos en serios problemas. La base republicana y garantista de nuestra constitución es algo que no se puede andar discutiendo. Y si alguien la pretender discutir, o modificar, está alterando nuestra esencia como nación. Dejaríamos de ser una "república" y pasaríamos a ser otra cosa, donde imperan mayorías circunstanciales y donde vale la ley del más fuerte o del más numeroso y no la fuerza de la ley.

Nuestra condición republicana se intentó cambiar por la fuerza de las armas, cuando la sublevación tupamara en los años 60. Se cambió durante la dictadura militar de los 70. Y volvimos a la normalidad republicana en los 80. Pero de vez en cuando surgen voces como la del ex presidente Mujica que ve en la Constitución un obstáculo para llevar a cabo sus reformas y entonces sostiene que lo político debe estar por encima de lo jurídico. Afortunadamente, cuando intentó hacerlo, la Suprema Corte de Justicia puso las cosas en su lugar y declaró la inconstitucionalidad de por lo menos seis leyes aprobadas durante su gobierno.

Ahora, la bancada del Frente Amplio intenta dar un segundo acto de "lo político está por encima de lo jurídico" al buscar dar voto a los uruguayos que viven en el exterior mediante una "ley interpretativa" de la Constitución. Especialmente del Art. 1 que establece que la República es la asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio (articulo que no genera duda ni necesidad de interpretación alguna) y de los art. 77 y 81 que son más claros que el agua.

Pero hay más. No solo esta ley interpretativa sería inconstitucional. No solo es inoportuno el momento en que se la trae a colación (apenas un año antes del acto electoral y cuando las encuestas no son favorables para el partido de gobierno). También contradice el accionar del propio Frente Amplio, que teniendo el mismo propósito en el año 2009, no buscó "interpretar" la Constitución sino que juntó las firmas necesarias para reformar la misma y establecer el voto epistolar. Es bueno recordar que dicho intento de reforma fracasó claramente y fue rechazado por el 61% de la ciudadanía.

Cabe preguntarse muy seriamente: si en 2009 ante una misma situación se buscó la vía de reformar la Constitución ¿por qué ahora se busca una vía oblicua para "interpretarla"? ¿No será porque se sabe que no están los votos para reformarla? Y siendo esto así ¿no es mala praxis eludir el pronunciamiento popular, al cual el Frente Amplio ha recurrido en numerosas oportunidades desde el intento de derogar la Ley de Caducidad en 1989, para buscar atajos jurídicos que no están en nuestro ordenamiento legal?

¿No es, además, desconocer la voluntad popular expresada categóricamente hace 10 años al respecto? Recordemos que cuando se derogó por voto popular la Ley de Empresas Pública, lo impulsores de la iniciativa dijeron: el pueblo ha hablado, este tema está laudado, y no se puede volver a poner sobre la mesa.

Pues entonces, si el pueblo habló hace 10 años sobre el voto desde el exterior, ¿por qué se lo pone nuevamente sobre la mesa y de forma claramente inconstitucional?

Esto no le hace nada bien al Uruguay. Por eso, el senador Pablo Mieres, señaló que la actitud del partido de gobierno en torno a este tema " es de una temeridad sorprendente. Es de una gravedad inusitada". Y por ello, si esta iniciativa parlamentaria prosperara, como parece que va a prosperar, sería bueno que el presidente Vázquez, quien dijo que su gobierno se regiría firmemente por el principio "dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada", debería hacer uso del ejercicio del veto para evitar que el proyecto se convirtiera en ley.

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