Los marxistas incómodos
El PCU tiene un peso importante en el PIT-CNT y, por tanto, rechaza los decretos de esencialidad; pero sus miembros tuvieron que aceptarlos por estar en el gobierno
"Che, Castillo, che, Castillo, qué contento se te ve, vos ganas más de 100 palos y yo no llego a fin de mes", le cantaban al entonces director nacional de Trabajo, Juan Castillo, cuando el gobierno decretó la
esencialidad de la educación en 2015. Al jerarca lo acusaban de pasarse para el otro lado del mostrador, ya que en el pasado había sido secretario general del
PIT-CNT e histórico dirigente del Partido Comunista.
En ese momento Castillo amenazó con renunciar si el gobierno no levantaba el decreto, porque a su sector siempre le dolió la esencialidad. De hecho, la dirección del Partido Comunista se reunió en aquel entonces para discutir la continuidad de Castillo en la Dirección Nacional de Trabajo, por lo que en la interna del sector había presiones para que el jerarca se retirara.
"Cantaban, entre otras cosas, contra mí, me decían traidor. Es muy fuerte para mí, cala muy profundo hasta los huesos. Yo no soy traidor, luché por los trabajadores", había dicho Castillo a la prensa en ese momento, cuando anunció que dejaría el cargo si el gobierno no levantaba la esencialidad.
Sin embargo, el jerarca no renunció porque el oficialismo revió su postura y dejó de lado el decreto, pero tuvo que interceder el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para que Castillo no lo dejara "solo" en la tarea. El presidente Tabaré Vázquez también le pidió que se quedara, porque Castillo los ayudaría a negociar con los trabajadores.
De todos modos, desde que el Frente Amplio es gobierno, hay militantes del Partido Comunista en lugares de responsabilidad que tuvieron que aceptar decretos de esencialidad. Este recurso va en contra del derecho a huelga de los trabajadores cuando pone en juego derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los comunistas tienen una larga tradición sindical y es un área en donde se sienten fuertes. Pero en este momento hay compañeros que son gobierno y otros que continúan en los gremios, por lo que los antiguos camaradas tienen que sentarse a negociar. La diferencia de roles entre personas que siempre militaron juntas determina que el Partido Comunista esté en una posición incómoda.
Los residuos, un problema
El gobierno decretó la esencialidad en la recolección de residuos en Montevideo en diciembre de 2010. Un conflicto con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) determinó que los trabajadores no juntaran la basura, por lo que la acumulación de residuos se había transformado en un problema sanitario. Además de decretar la esencialidad, el gobierno también le pidió al Ejército que ayudara en la recolección.
La entonces intendenta de Montevideo, la comunista Ana Olivera, había dicho al programa En Perspectiva que "de ninguna manera la salud de los ciudadanos podía ser un arma de presión" sindical y que por ese motivo la comuna había decidido pedir la esencialidad.
"Nos dijeron que Susana Muñiz no pidió el decreto de esencialidad, pero algo le tienen que haber preguntado" Martín Pereira, presidente FFSP
La militancia de Olivera en el Partido Comunista no impidió que la jerarca tomara decisiones duras contra los trabajadores, pero la entonces intendenta reconoció que le costó pedir el decreto. "Hay momentos en que uno tiene que anteponer a los derechos de un sector de la sociedad, absolutamente respetables, el interés general", dijo en ese momento.
Olivera confesó que no quería llegar al decreto de esencialidad, pero también aseguró que los caminos de negociación se habían agotado cuando la intendencia tomó la decisión de limitar el derecho a huelga de los trabajadores. "Trataremos de no llegar a esto (el decreto), pero si es necesario lo reiteraremos. Hay que fijar desde ahora reglas de juego en ese sentido, que es lo que estamos tratando de hacer", afirmó.
Comunistas afuera
El Partido Comunista amenazó con irse del gobierno en 2012, cuando José Mujica era presidente. ¿El motivo? En los únicos lugares donde el gobierno había decretado la esencialidad era en la Intendencia de Montevideo –gestionada por la comunista Ana Olivera– y en la salud, a cargo del también comunista Jorge Venegas.
Sin embargo, en el área de la educación se habían ocupado decenas de centros de estudios y un conflicto gremial en ANCAP había dejado sin combustible a todos el país durante un fin de semana.Pero el gobierno no había llegado a una medida tan drástica.
"Entendemos que hay terreno para promover la profesionalización y el gran desafío es la gestión del cambio" Jorge Basso, ministro de Salud Pública
Pero sí lo hizo en el sector de la salud donde los trabajadores reclamaban mejoras salariales. El entonces presidente pidió "firmeza" y el mensaje fue que no habría más aumentos. Ante esa decisión, el sindicato anunció que ocuparía seis centros de salud y Venegas tuvo que aceptar un decreto de esencialidad, pero dejó en claro que actuaba bajo "instrucciones" de Mujica.
Una semana después de la medida, el presidente Mujica se enteró del malestar de los comunistas y los invitó a una reunión en su chacra. Los líderes del partido fueron con un planteo fuerte: o respaldaba al ministro o se replanteaban su relación con el Poder Ejecutivo. Los comunistas tuvieron suerte. Mujica dio marcha atrás con el decreto de esencialidad y se retomaron las negociaciones con los trabajadores.
Lugar incómodo
La presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (
ASSE), Susana Muñiz, está en un lugar incómodo ahora. La jerarca integra el Partido Comunista y, al igual que sus compañeros, rechaza los pedidos de esencialidad. Fuentes del prestador público dijeron a El Observador que no fue consultada sobre el decreto en la salud –que se resolvió el jueves 11–, y que la directiva llegó desde el Ministerio de Salud Pública.
De hecho, los delegados de ASSE se encargaron de informarles a los trabajadores que el directorio no había participado del decreto. El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, dijo a El Observador que en uno de los ámbitos de negociación colectiva se trató el tema, porque a los dirigentes les llamaba la atención que la jerarca hubiera tomado esa medida. "Nos dijeron que Muñiz no pidió el decreto, pero algo le tienen que haber preguntado. Esto afecta a los trabajadores de la empresa que ella preside", subrayó.
