Los dichos del ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, acerca de que en 2006 le pidió apoyo a Estados Unidos, ante un eventual conflicto bélico con Argentina por Botnia, generaron un revuelo internacional.
Si bien lejos se estuvo de un brete de estas características, Vázquez prefirió prevenir posibles ataques de los asambleístas y firmó un decreto, en diciembre de 2006, en el que habilitaba al Ejército a custodiar el terreno propiedad de Botnia, empresa que se hizo cargo de levantar alambradas y las casetas para los militares que rodeaban el predio.
Lo más cerca al conflicto bélico fue lo encargado a los 60 efectivos apostados en dos campamentos, comandados por el entonces jefe del Ejército, Jorge Rosales. En esa zona militar podían actuar, en caso de ser necesario, “con armas de fuego”.
Los efectos de la custodia militar
La custodia militar permitió, a juicio de la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, una disminución de la tensión “en forma muy importante”. Y proyectó que, en caso de ser necesario se pueda movilizar nuevamente al Ejército, tal como “la que dio origen a la primera decisión”.
En el interín, la crisis diplomática se intensificaba. Ante La Haya, Uruguay acusaba de “inacción” al gobierno argentino y Argentina argumentó que el gobierno uruguayo “inventaba un vínculo artificial” por los piquetes.
Rosales y su crítica a la custodia militar
En 2007, Rosales aseguró que estratégicamente, desde el punto de vista militar, no creía conveniente la custodia que se venía llevando a cabo. Vázquez replicó sus dichos y dijo: “Cuando tengamos alguna información que lo amerite tomaremos la medida, pero por el momento no tenemos información que nos despierte cierta inquietud como para hacerlo”, advirtió.
Además del Ejército, la Armada Nacional realizó un informe interno advirtiendo la necesidad de elaborar planes de contingencia para neutralizar las acciones previstas por los piqueteros de Gualeyguaychú, cuando Botnia empezara a funcionar.
Más vigilancia
El control militar se acentuaba cada vez más por dos hechos: primero, el Ministerio de Ganadería, junto a efectivos del Ejército, requisó armas de una embarcación ilegal de piqueteros y, además, hubo un fuego intencional en rolos de la empresa en el Puerto de Montevideo en la que participaron piqueteros.
En setiembre de ese año, la Prefectura Nacional Naval empezó a identificar embarcaciones de activistas argentinos que navegaban por zonas ilegales por el río Uruguay. Las empezó a multar con $ 33.000.
Vázquez cerró la frontera con Argentina
En 2007, el problema radicaba en que los asambleístas cada vez se radicalizaban más y la relación entre Uruguay y Argentina también se tensaban más. Uno de los asambleístas más conocidos, Luis Molinuelo, planeaba una gran protesta en la que se pretendía “escrachar” la imagen de Tabaré Vázquez. “Esto se pudre mal, hermano”, dijo a El Observador. El mandatario decidió cerrar la frontera con Argentina en prevención de las protestas que proyectaban los manifestantes argentinos.
Tras tres años de un conflicto intenso, Uruguay y Argentina lograron un acuerdo en el que se comprometieron realizar un monitoreo medioambiental en conjunto del Río Uruguay para fiscalizar la posible contaminación de la polémica pastera.
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