Maduro remarcó que no aceptará "la ley más criminal que se ha aprobado en Venezuela"

Además, durante un acto del gobierno celebrado hoy en Caracas, Maduro volvió a responsabilizar a Leopoldo López de los 43 fallecidos en 2014 y aseguró que la ley no será aprobada, ya que según él es "la ley más criminal que se haya aprobado en Venezuela". El mandatario declaró que "el asesino de Ramo Verde (lugar donde se encuentra preso López)" no será beneficiado por ninguna ley. "Él llamó a quemar este país y ahora pretende ser perdonado en los crímenes de 43 venezolanos", expresó.

El argumento del oficialismo es que se trata de un "autoperdón de asesinos" que intentaron poner fin al gobierno de Hugo Chávez y al suyo mediante acciones violentas que derivaron en violaciones de derechos humanos.

Existe una discusión aparte sobre los delitos que exculpa este proyecto de ley. El gobierno alega que se busca indultar a presos comunes, a delincuentes de todo tipo, pues se propone perdonar a responsables de crímenes de incendio de edificios públicos, daños al sistema de transporte, violencia contra la autoridad, entre otros.

En su contexto

Pero los opositores aseguran que la norma debe ser entendida en su contexto. Alegan que el gobierno "sofisticó tanto la persecución política que le aplicó a los opositores políticos delitos comunes", según las palabras de Florido. De hecho, el texto está repleto de precisiones que aclaran que la amnistía se aplicaría solo a los casos de presos políticos, y no de otros delincuentes.

A partir de ahora Maduro puede vetar la normativa, devolverla al Parlamento para modificaciones o enviarla al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dentro de los próximos diez días, para que esta evalúe su constitucionalidad. Se estima que optará por esta tercera vía y que el TSJ, que le es favorable, fallará a su favor. La oposición acusa a ese tribunal de ser el "bufete jurídico" del chavismo.

Juristas como José Ignacio Hernández advierten que a la ley le espera un largo camino para hacerse efectiva, si es que llega este momento.

En lugar de una amnistía, Maduro propuso convocar una "comisión de la verdad" para investigar los delitos que se le imputan a los beneficiarios de la normativa.

Algunos de los que quedarían contemplados en la ley

Leopoldo lópez. Líder del ala radical de la oposición, fundó el partido Voluntad Popular y fue alcalde del municipio de Chacao (2000-2008) -uno de los más ricos de Caracas-, donde proyectó una figura de dinamismo y eficacia que lo perfiló como posible candidato presidencial. Fue inhabilitado políticamente en dos ocasiones y en febrero de 2014 convocó a las manifestaciones contra Maduro. La Justicia pidió su captura y él se entregó. Está preso en una cárcel militar, donde cumple una condena de casi 14 años de cárcel.

Antonio Ledezma. El alcalde de Caracas, de 60 años, fue detenido en febrero de 2015, acusado de conspiración y asociación para delinquir. Tres meses después obtuvo el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud, luego de ser operado de una hernia inguinal. Formado en las filas del partido Acción Democrática, fue diputado, senador y alcalde del capitalino municipio Libertador en dos ocasiones. La Fiscalía pidió que sea condenado a 16 años de prisión por "presuntamente apoyar a grupos que pretendían desestabilizar el país a través de acciones violentas".

Daniel Ceballos. Este ingeniero de 32 años fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia como alcalde de San Cristóbal en marzo de 2014, acusado de desacatar una orden judicial para contener las manifestaciones. Militante del partido Voluntad Popular, fue imputado por los delitos de rebelión civil y agavillamiento pero recibió el beneficio de arresto domiciliario en agosto de 2015 por razones de salud.

Manuel Rosales. El excandidato presidencial de 63 años, que enfrentó a Chávez en los comicios de 2006, fue detenido en octubre pasadoa las puertas de un avión que lo llevó a Venezuela tras seis años de exilio en Perú. Los tribunales emitieron una orden de captura en su contra tras haber sido imputado en 2008 por enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador de Zulia durante dos períodos (2000-2008).