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Medida de Trump contra Cuba desata enfrentamiento con la UE

Se activó una cláusula para desanimar inversiones en la isla.

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05 de mayo de 2019 a las 05:00

El jueves pasado entró en vigencia la decisión del gobierno de Donald Trump de reactivar un capítulo de la ley Helms-Burton sobre las inversiones extranjeras en Cuba, que en la práctica dejaron sin efecto todos los gobiernos estadounidenses anteriores desde su aprobación en 1996.

La medida se inscribe en el marco más general de una política exterior más agresiva de EEUU contra Cuba y diametralmente opuesta a la del expresidente demócrata Barack Obama que tuvo gestos concretos de acercamiento con el gobierno de la isla por el entendido de que la mano dura desde 1959 no había dado ningún resultado.  

La ley Helms-Burton -como es conocida por los apellidos de los dos representantes republicanos que la impulsaron- entró en vigor en marzo de 1996 tras un curioso incidente: el 24 de febrero de ese año, tres avionetas de militantes anticastristas entraron al espacio aéreo cubano y dos de ellas fueron derribadas por orden de La Habana. El presidente demócrata Bill Clinton, en pleno año electoral, y con ambas cámaras en poder de los republicanos, prefirió entonces exhibir mano dura contra el régimen y firmó el proyecto de ley que delegó en el Congreso la potestad para mantener o levantar el embargo económico que pesa sobre la isla desde 1961 y, a su vez, incluyó medidas para fortalecer las sanciones internacionales contra el gobierno de Fidel Castro. EEUU  tenía “ la esperanza de que el régimen cubano hiciera una transición hacia la democracia”, algo que nunca ocurrió.

La ley también incluye un controvertido título III que abre la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses entablen demandas contra empresas extranjeras que hayan invertido en propiedades confiscadas por el gobierno cubano desde 1959. La Unión Europea, como valedora de los intereses de sus empresas, amenazó en 1996 a EEUU con un contencioso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y Washington asumió entonces el compromiso de que no se admitirían querellas contra las inversiones europeas en Cuba.

El título III y IV (este último impide la entrada a EEUU de los demandados por el anterior) quedaron pues, en suspenso, y tanto Clinton como George W. Bush y Obama firmaron, semestre tras semestre, la prórroga de esa suspensión. Hasta que Trump, tras dos años en el poder, decidió aplicar la ley completamente, sin exenciones. Según algunas fuentes, los ciudadanos estadounidenses o cubanos nacionalizados como estadounidenses afectados por las confiscaciones, pueden llegar a presentar unas seis mil demandas ante los tribunales de EEUU y exigir a las empresas europeas y de otros sitios unos ocho mil millones de dólares en compensación.

Ese movimiento sin precedentes, va a afectar a empresas extranjeras, particularmente firmas europeas, canadienses, japonesas, rusas o chinas, que  operan -generalmente en régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas- hoteles y otros negocios ubicados en propiedades o terrenos que fueron nacionalizados en los primeros años de mandato de Fidel Castro.

España es el país que puede verse más perjudicado por las inversiones empresariales que tiene en el sector turistico de Cuba.

España es el primer inversor en la industria turística isleña, con una importante presencia de las cadenas hoteleras Meliá, Iberostar, Barceló, Globalia, NH, etc.  Hay grupos estatales cubanos que están en la mira dela Administración de Trump, que están asociados a empresas  españolas, como la corporación Gaviota, que posee unos 80 hoteles.

La cadena Meliá, que corre a cargo de 34 en toda la isla, opera seis de conjunto con Gaviota, por lo que una sentencia de un tribunal estadounidense contra la empresa cubana por haber levantado un hotel en un terreno confiscado, puede tocar colateralmente a la compañía española. Esta, en una nota reciente, ha asegurado que no mantiene en propiedad “bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación tras su expropiación en la década de 1960”, y que su rol es el de “meros gestores hoteleros”.

Existe temor de que de multiplicarse las demandas en tribunales estadounidenses se podría generar una complicada espiral de litigios internacionales que perjudicarían a las empresas demandadas, especialmente si cuentan con algún tipo de activos en EEUU. 

Es por eso que la Unión Europea (UE), que aglutina a la mayoría de las compañías amenazadas, advirtió que contraatacará con “todas las opciones a su alcance”, en palabras de su alta representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, que emitieron un comunicado conjunto tras el anuncio de Washington. 

Concretamente, Bruselas prometió recurrir a su “estatuto de bloqueo”, aprobado en noviembre de 1996, que habilita a las empresas europeas demandadas en EEUU a presentar a su vez, ante tribunales del bloque, recursos legales contra quienes les hayan puesto un pleito en territorio estadounidense, y cobrarse una indemnización a partir de los bienes que aquellos posean en suelo comunitario.

Diplomáticos del bloque europeo tienen muy presente en estas horas que fue una amenaza de demanda ante la OMC que forzó a EEUU a suspender indefinidamente la aplicación de los títulos III y IV.  

La UE, además de considerar una medida violatoria de acuerdos internacionales, advierte al gobierno de Trump que su decisión genera “fricciones” y “debilita la confianza y la previsibilidad de la asociación trasatlántica”. (En base a servicios internacionales)

Efecto disuasorio
Al margen de los procesos legales a los que dé pie, los expertos auguran que la aplicación del título III creará un efecto disuasorio en potenciales inversores extranjeros en la isla, que necesita de unos dos mil millones de dólares anuales de inversión foránea directa para sostener su economía.
El gobierno cubano ha emprendido una intensa campaña para desacreditar la medida del presidente   Donald Trump y recabar apoyos en la comunidad internacional, lo que refleja el alto grado de preocupación que esta amenaza genera en La Habana.
Al  desincentivo de las inversiones extranjeras se suma además el anuncio de dos nuevas sanciones de EEUU: la restricción más severa de los viajes de sus ciudadanos a la isla y la limitación de las remesas de familiares a mil dólares trimestrales por persona.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reconoció que las medidas tendrán “un impacto probable en la economía” del país, si bien consideró que “están condenadas al fracaso” y apeló a la tradicional resistencia de los cubanos ante las continuas adversidades a las que se enfrentan.
Cuba  registra  problemas en su economía  que se están reflejando en la escasez de algunos alimentos básicos (En base a EFE)

 

Primera demanda
La empresa de cruceros Carnival fue demandada el jueves  pasado en los tribunales federales de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que después de la revolución de 1959 fueron expropiadas a sus dueños sin compensación. Es la primera demanda amparada en el título III de las Ley Helms-Burton.
La demanda fue interpuesta  por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada.

 

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