El principal objetivo, dice el decreto, será "obtener y almacenar información genética asociada a una huella genética digitalizada, a los efectos facilitar el esclarecimiento de hechos que sean objetos de una investigación criminal, en relación a la identidad de supuestos autores de hechos presuntamente delictivos".
En esa línea, este organismo permitirá también la identificación y búsqueda de las personas requeridas por la Policía, ya sea porque estén extraviadas, desaparecidas a la fuerza o fallecidas, mediante el almacenamiento de información genética de sus parientes.
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En el Registro también estarán las huellas de los funcionarios de los ministerios de Interior y Defensa que sean asignados a misiones de paz en el exterior, y las de los agentes policiales, así como los de la Prefectura Nacional Naval y todos los técnicos que intervengan en escenas donde hayan ocurrido crímenes.
Para todos los casos, la información no quedará en el registro en forma indeterminada. Las huellas genéticas aportadas por víctimas de delitos, por ejemplo, serán borradas cuando los acusados sean condenados. Las de los familiares de las víctimas desaparecerán una vez que la persona buscada haya sido identificada. La información de ADN que pertenezca a los funcionarios de las carteras se eliminará cuando pasen a retiro, y la del personal policial, técnico o militar también será borrada, pero una vez que hayan pasado cinco años desde la fecha en que "dejasen de prestar servicios inherentes a la criminalística". En tanto, las huellas de los imputados en procesos penales solamente serán eliminadas si media una orden judicial.
La información del organismo será de absoluta reserva, y el decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez expresa varias veces que para aquellos que violen la confidencialidad de estos datos, o entreguen información sobre ADN, exámenes, muestras biológicas o perfiles genéticos, a personas no autorizadas a ese acceso, se deberán atener a "sanciones penales, administrativas y civiles".
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