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13 de febrero de 2021 a las 05:04

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El debate público en torno a la necesidad o no de profundizar el paquete de ayuda fiscal a familias y empresas, o que el Estado sea una palanca más potente para apuntalar inversiones, en respuesta a la crisis provocada por el covid-19, no es algo exclusivo de Uruguay, sino un asunto de primer orden de la agenda mundial.

Las crisis económicas por eventos excepcionales siempre dejan la mesa servida a la discusión acerca del papel del Estado en la economía. Así como los efectos devastadores de las guerras mundiales dieron nacimiento al pensamiento keynesiano y la Gran Depresión de 1929 al New Deal de Roosevelt, el tiempo tormentoso de la pandemia está provocando un renacer de planes de estímulo económico o de alivio a familias y empresas, sobre todo a las pymes, muy asfixiadas por razones exógenas a la propia gestión empresarial, y que juegan un papel clave en la creación de empleo y en el sostenimiento del tejido social.

En ese sentido, desde hace un tiempo, en Uruguay se han conocido una variedad de propuestas —algunos más compartibles que otras por su impacto real en la economía— desde el opositor Frente Amplio, pasando por dos importantes socios de la coalición, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, hasta el exministro de Economía Ignacio de Posadas.

No creemos que la instalación de una renta básica sea una solución verdadera a los problemas económicos y sociales derivadas de la pandemia. Es una medida efímera porque no mueve la actividad económica.

En cambio, nos parecen más acertadas las propuestas que buscan apoyar a las empresas o desarrollar un plan de inversiones, pues, son medidas que contribuyen a sostener el empleo que ha sido muy castigado por la crisis.

Pese al cimbronazo de la pandemia, hay que reconocer que el equipo económico ha honrado los compromisos del presidente Luis Lacalle Pou en la campaña electoral. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en una reciente presentación pública, demostró que prácticamente se cumplieron las metas macroeconómicas trazadas en la ley de Presupuesto, lo que es muy importante para enderezar la economía y dotar de credibilidad a las proyecciones oficiales.

Y si bien es justo valorar el esfuerzo fiscal por la pandemia, también es cierto que el país tiene algo de margen para profundizar medidas de apoyo, sin comprometer la correcta dirección del barco que navega en medio de una tormenta.

Para ello es necesario reconocer que “momentos excepcionales requieren medidas excepcionales”, como expresó Kristalina Georgieva, la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), alentando a adecuar las políticas públicas a una situación de emergencia.

Todos los países del mundo, cada uno según sus circunstancias, están recurriendo a medidas fiscales excepcionales para paliar el declive empresarial de corto plazo.

Lacalle Pou ha dado señales en estos días de que se tomarán algunas decisiones en ese sentido, pero se desconoce todavía qué magnitud tendrán.

Hace bien el presidente en mostrar una actitud abierta, y se reconoce que es un paso audaz para un gobierno que, con razón, ha puesto el acento en el control de las cuentas públicas deterioradas. Pero nadie lo juzgará mal por introducir cierta flexibilidad en un período absolutamente inédito del mundo contemporáneo y por apoyar a quienes generan empleo hoy y lo harán también mañana si sobreviven a la crisis.

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