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FA insiste con la renta básica y pide un salario mínimo para 300 mil hogares
El Frente Amplio volvió a entregar al presidente Luis Lacalle Pou una serie de propuestas para mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria y de esta primera ola de contagios en el país. Dentro de esas medidas, como ocurrió en marzo de este año, la oposición propone que el Estado asegure un salario mínimo líquido ($ 13.712) para unos 300 mil hogares durante los primeros cuatro meses de 2021, con la posibilidad de extenderlo por otros dos meses más.
Así lo señala la carta que elevó este miércoles el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, a Lacalle Pou.
"El gobierno, en estos meses, ha hecho aportes a este grupo poblacional que, a nuestro juicio, resultan insuficientes", indica el escrito en relación a los sectores con "menor capacidad de respuesta".
Según los cálculos de la oposición, el costo total de la medida sería de US$ 374,8 millones en los cuatro meses.
Pero además del apoyo económico (algo que los frenteamplistas reclaman para llevar adelante una disminución en la movilidad de ciertos sectores), la oposición pidió al presidente que los gobiernos departamentales tengan una vinculación directa con el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).
"Los gobiernos departamentales y municipales tienen un papel fundamental en la prevención y el control de la epidemia. Para llevar adelante esta función, resulta fundamental el acceso de información desagregada sobre la situación epidemiológica, para la implementación de intervenciones socio sanitarias en el ámbito territorial y comunitario", argumenta el texto.
En la carta firmada por Miranda también se propone suspender los desalojos y el lanzamiento de inquilinos por 120 días, así como un "diferimiento de intereses de cuotas hipotecarias del Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario entre enero y abril de 2021 para trabajadores en seguro de paro y aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia". "Luego se definirá un esquema de pago sin incluir mora ni intereses por dicho diferimiento", agrega la carta.
También se propone diferir los vencimientos de cuotas de la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social para las pequeñas y medianas empresas de "sectores con mayor impacto, así como aquellas que se prevea serán severamente impactadas por la caída de la actividad turística en el primer trimestre de 2021".
Por otra parte, se sugiere diferir el pago de tarifas de UTE y de OSE, así como crear un fondo de emergencia para el sector turístico. En el caso de las tarifas públicas la propuesta implica
