Economía y Empresas > Medias por la pandemia

Renta básica transitoria por el covid-19: los países que la usaron y el debate en Uruguay

El crecimiento exponencial de contagios en los últimos días puso el asunto nuevamente sobre la mesa 

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22 de diciembre de 2020 a las 05:02

El repunte de contagios por covid-19 en el país disparó en las últimas semanas un nuevo paquete de medidas desde el gobierno para tratar de contener el avance de la pandemia.

El empeoramiento de la situación sanitaria también volvió a poner sobre la mesa el planteo sobre la implementación de una renta básica focalizada y transitoria, dirigida a los sectores más golpeados por la crisis con el objetivo de mitigar el impacto económico.

Este tipo de ayuda se está implementando en varios países del mundo y con gobierno de diferentes ideología políticas. Por ejemplo, en marzo el gobierno del derechista Jair Bolsonaro dispuso la creación de una renta básica de 600 reales (unos US$ 120) como ayuda para familias con bajos ingresos debido a la crisis económica que disparó la pandemia. El plan que vence en diciembre tuvo varias prorrogas con disminución a la mitad de la ayuda económica. Ahora se analiza si habrá una nueva extensión.

En tanto, EEUU aprobó en las últimas horas con apoyo de demócratas y republicanos un nuevo paquete de ayuda para familias y empresas por un total de US$ 900.000 millones,  que reemplazará  a un plan similar que ha estado vigente desde marzo (ver recuadro).

En Uruguay es un tema planteado con insistencia por el Frente Amplio, el PIT-CNT y distintas organizaciones sociales identificadas con la izquierda, pero hasta ahora sin mayor receptividad en el gobierno de la coalición multicolor.

La semana pasada la coalición de izquierda entregó una nueva propuesta al presidente Luis Lacalle Pou. Allí se plantea que el Estado asegure un salario mínimo líquido (unos $ 13.700) para cuentapropistas con cobertura de seguridad social parciales, entre los meses de enero y abril de 2021, con posibilidad de extender el plazo hasta junio, cuando estaría en marcha la vacunación masiva. Ese plan que permitiría reducir la movilidad, llegaría a unas 300 mil personas e implicaría para las arcas de gobierno un desembolso de unos US$ 375 millones.

Al momento de debatir hay dos posturas bien diferenciadas. Por un lado están quienes sostienen que el contexto actual de las finanzas públicas no deja margen para una decisión política que empuje la puesta en marcha de este tipo de planes, y que hay que manejarse con prudencia.

Hasta ahora desde el gobierno se ha marcado como prioridad volcar recursos para cubrir seguros de desempleo y subsidios para personas mayores de 65 años que deben quedarse en la casa, así como el reforzamiento de las asignaciones familiares del plan de equidad del Mides y la tarjeta Uruguay Social.

“La plata va a estar para lo que sea, pero los recursos son finitos. Intentemos ser lo más justos posible, equilibrando el apoyo a todos los sectores”, dijo la ministra de de Economía Azucena Arbeleche este año cuando se le consultó por el tema.

También hay argumentos que se pliegan a la idea de que Uruguay no puede imitar planes que están llevando adelante países ricos.

Desde la otra vereda se argumenta que Uruguay tiene la capacidad financiera para hacerlo, y que en las crisis los gobiernos deben dar soluciones a los que más lo necesitan porque luego el costo puede ser mayor.

“El costo de no hacer nada y luego atender el derrumbe es muchísimo más caro desde lo fiscal, pero sobre todo es una pésima decisión desde lo humano no tomar medidas preventivas frente al drama social que ello genera”, afirmó el exsubsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri en su cuenta de Twitter.

Renta básica versus grado inversor

Este año en una conferencia organizada por El Observador, el director ejecutivo de Ceres y profesor del IEEM, Ignacio Munyo, también se refirió al tema, pero con algunos recaudos.

El economista reconoció que Uruguay tiene financiamiento internacional a corto plazo que le permitiría poder asistir con transferencias directas de un salario mínimo nacional a miles de personas a través de un mayor endeudamiento.

Sin embargo, señaló que la respuesta a dicha propuesta es compleja y “nada obvia, porque Uruguay tiene planteado un “dilema entre el corto y el largo plazo”.

“En el corto plazo todo indica que habría que ir hacia esa situación (una renta transitoria). Pero también hay que tener claro que la situación fiscal del país es realmente compleja. He ahí el dilema. Uruguay tiene un activo muy valioso que es el grado inversor, que representa una calificación a nivel internacional que costó mucho recuperar después de haberlo perdido. Llevó una década volver a tener el grado inversor después de haberlo perdido en 2002 y después que se pierde, volver a recuperarlo puede llegar a demorar nuevamente diez años”, advirtió en la oportunidad.

La economista Gabriela Mordecki del Instituto de Economía de la Udelar destacó la semana pasada que el contexto actual tiene algunos factores positivos que podrían aprovecharse, como las bajas tasas internacionales de interés que van a perdurar.

La economista dijo que los sectores más desfavorecidos de la población precisan ayudas “más efectivas” para poder hacer frente a la situación. “Tal vez si es una situación de unos meses, muchas familias lograron arreglarse de alguna forma, pero si esto perdura la situación va a ser mucho más compleja”, alertó Mordecki en una actividad organizada por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT.

También valoró que la mayoría de los países incrementarán fuertemente el déficit fiscal y el endeudamiento, algo que las calificadoras de riesgo tendrán en cuenta.

Nueva ayuda en EEUU

El Congreso de EEUU aprobó este lunes un nuevo plan de ayuda para las familias debilitadas por los efectos de la pandemia. La próxima semana comenzarán a enviarse cheques de US$ 600 por adulto y por niño. También proporcionará US$ 300 adicionales en beneficios por desempleo hasta marzo.
La medida para la que se dispondrán US$ 900.000 millones es “una forma rápida de inyectar dinero a la economía”, explicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en la cadena CNBC, según informó la agencia AFP.
Su objetivo es el de sostener el consumo de los hogares y permitir a las familias con mayores dificultades que puedan pagar sus alquileres. Ya en el mes de marzo muchas familias recibieron cheques de US$ 1.200 por adulto, lo que sostuvo en gran medida el consumo. Ese primer plan de estímulo requirió US$ 1,8 billones y se extiende hasta finales de diciembre
El plan de ayuda anunciado el domingo por demócratas y republicanos incluye también un paquete de ayuda por medio de préstamos  condonables dirigido a pequeñas empresas de sectores como transporte, escuelas y universidades.
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