Obertura molto vivace para otro año difícil

Uruguay también cumple un año con la salud colectiva bajo amenaza; aunque al fin el coronavirus está siendo menos mortal que las epidemias de fiebre amarilla de 1855-1858 y 1868-1872, o la “gripe española” de 1918-1919.

A un año de iniciar su andadura, el gobierno puede mostrar ciertos éxitos notables y varias deudas evidentes.

En primer lugar, el país ha seguido andando con relativa normalidad, según el hilo de los afectos, los trabajos y los días, pese al histeriqueo en las redes sociales, atiborradas de propaganda, y a los aspavientos de políticos y sindicalistas.

El pequeño Uruguay, un botecito en el fin del mundo, ha navegado bastante bien en aguas tempestuosas. Sufrió hasta ahora unos 170 muertos por covid-19 por millón de habitantes, frente a casi 1.200 de sus vecinos, Argentina y Brasil; y realiza el doble de test per capita.

No ha sido tanto por mérito del gobierno, ni tampoco del sistema de salud, que en realidad nunca fue puesto en prueba extrema, como sí ocurrió en otras partes del mundo.

El escenario dantesco de hospitales y CTI desbordados, con médicos resolviendo quién vive y quién no, jamás ocurrió en Uruguay; aunque es factible que el país sufra todavía una segunda ola de coronavirus, mientras está en fase de vacunación, debido a una mayor movilidad y a las mutaciones del virus.

El dique uruguayo contra la pandemia parece radicar más en factores estructurales como la baja densidad de población, sin grandes ciudades apiñadas, y una geografía generosa y sana; la relativamente buena salud general; y cierto respeto mínimo por las normas de distanciamiento e higiene.

Pero el gobierno sí tuvo un gran acierto: en los sombríos días de marzo o diciembre no cayó en la tentación de decretar un lockdown completo, pese a los fanáticos de la reclusión que aparecieron por doquier, ese gran “teatro pandémico” que en otros países provocó enormes daños inútiles, además de ansiedad y depresión masivas.

Pero el éxito inicial pareció apaciguar al gobierno en la búsqueda de una vacuna. Confió en el mecanismo Covax, una iniciativa multilateral bajo la batuta de OMS, cuando, en realidad, la burocracia internacional suele mostrarse incompetente.

El gobierno uruguayo trató de enmendar su error de cálculo inicial con una salida agresiva al mercado, que fructifica ahora, con una provisión masiva de vacunas. Y se fijó una meta ambiciosa: aplicar dos dosis al 75% de la población mayor de 18 años, cerca de dos millones de personas, en menos de seis meses.

Un segundo éxito del nuevo gobierno, aunque a título precario y revocable, ha sido una baja significativa de casi todos los delitos, después de décadas de ascenso vertical. Este descenso, de gran significación social y política, parece ser el resultado de una acción más resuelta de la Policía, y de la creciente cantidad de delincuentes en prisión.

Deberá verse este año si la caída del delito persiste y se ahonda, o si es efímera.

El flanco débil de la nueva administración ha sido la economía, más o menos como en todo el mundo.

El apagón global por la pandemia contribuyó a pronunciar ciertas tendencias ya instaladas en Uruguay: estancamiento y recesión, más desempleo y más pobreza.

El año pasado el PBI uruguayo cayó casi 6%, el bajón más grande después de los desastres de 1982 y 2002.

Unas 60.000 personas perdieron sus trabajos durante 2020, y muchas más redujeron sus ingresos: por menores ganancias de las empresas, la reducción de honorarios, y la caída de las horas trabajadas y de los salarios.

La proverbial sensibilidad e imaginación de los actores políticos abrió un gran concurso de ideas sobre cómo gastar más a costa de más deudas.

Algunos socios de la coalición gobernante y la oposición de izquierda marcan perfil ante la austeridad del gobierno, representada por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de la OPP, Isaac Alfie, a quienes les sale mal la multiplicación de los panes y de los peces.

El Estado uruguayo redujo sus ingresos por una caída de la recaudación, y gastó US$ 500 millones extras en seguros de desempleo, asistencias en dinero y alimentos a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y en prórrogas para las pequeñas empresas.

El agujero fiscal anda en 6% del PBI, el más alto desde 1989. El Estado ya destina US$ 4.000 millones por año para cubrir el déficit y pagar capital e intereses de deuda pública; pero siempre se puede tirar un poco más de la cuerda.

Otro frente de preocupación para el gobierno es la creciente independencia de Cabildo Abierto, un socio político veleidoso que a fines del año pasado llegó a votar junto a la oposición.

Es típico en una coalición que las partes marquen perfil, pero no tan temprano sino en vísperas electorales.

El opositor Frente Amplio, mientras tanto, se muestra dislocado y confuso, tras el ocaso de los líderes tradicionales y la derrota de 2019, que le obligó a abandonar miles de cargos gubernamentales. Juega demasiado a la izquierda en el tablero y pierde por el centro, mientras procesa una “autocrítica” demasiado elíptica.

En paralelo, es notorio que hay pequeños sectores políticos y sindicales “ultras” que desean lanzar una ofensiva con fines políticos apenas los vientos sean propicios.

En los próximos meses la izquierda comprobará si conserva su tono muscular, reuniendo las firmas necesarias para someter a referéndum la ley urgente del gobierno (LUC), o si padece una nueva humillación, otro tributo antes de rehacerse y renacer.

Por último, el gobierno de Lacalle Pou todavía está en deuda en algunos asuntos decisivos que, en rigor, han figurado en la agenda de todos los gobiernos: una reforma de la seguridad social, que implicará un retiro más tardío; una modernización de la enseñanza pública, de modo de reducir la masiva deserción estudiantil; una reforma del Estado que implique desburocratización y menor costo; y una apertura de la economía al mundo, para mayor prosperidad y menor cautividad con Argentina y Brasil.