Oficialismo archiva el juicio político en el Parlamento contra el "alcalde de las mil gauchadas"

Integrante del Partido Nacional, era titular del municipio coloniense de Florencio Sánchez cuando a fines de setiembre del año pasado recibió una condena de prisión por los delitos de asociación para delinquir en reiteración real, concusión y fraude. 

El oficialismo hizo una interpretación literal del artículo 296 de la Constitución, que establece que "los intendentes y los miembros de las Juntas Departamentales" pueden ser acusados ante el Senado, para lo cual se requiere un tercio del total de votos de sus componentes. Desde la coalición se planteó que ese artículo –que precede en el tiempo a la creación del tercer nivel de gobierno– se aplicaba en este caso. "Es un problema constitucional", dijo a El Observador el senador nacionalista Carlos Camy. La postura es que, más allá de lo repudiable del accionar de Sánchez, la Carta Magna no prevé una acción de este tipo en contra de un alcalde, y solo habla de intendentes o ediles.

Ese fue el argumento que ya había esgrimido su correligionaria Carmen Asiaín en varias sesiones. "Me genera dudas que se extienda el juicio político a este caso, porque no está previsto por la Constitución", dijo la senadora.

Otro de los argumentos es que, por la vía de los hechos, Sánchez ya fue desplazado de su cargo. Allí se hace valer el numeral 4 del artículo 80 de la Constitución, que prevé la prohibición de ocupar una responsabilidad de ese tipo ante "sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación durante el tiempo de condena".

El asunto deberá ser votado en el Plenario del Senado, en donde el Frente Amplio está dispuesto a dar el debate. El senador José Carlos Mahía (AU) dijo a El Observador que la opinión de la bancada opositora es que, más allá que la Constitución no lo diga explícitamente, la posibilidad de entablar un juicio político contra Sánchez es legal. El Frente Amplio apela allí a la ley que consagró la creación de los municipios, que a su modo de ver establece para los alcaldes el mismo tipo de sanciones que en el caso de las intendencias o juntas locales.

La norma allí citada establece en su artículo 18 que "las juntas departamentales tendrán sobre los municipios los mismos controles que ejercen sobre las intendencias". Allí también se prevé que en esos casos será aplicable lo previsto en el artículo 296 de la Constitución. 

Con todo, Mahía entendió fundamental que el sistema político hubiese enviado un "mensaje" en cuanto un rechazo contundente a este tipo de conductas "vengan de donde vengan". El senador consideró errónea la estrategia del oficialismo, que deberá enfrentar así una "discusión gratuita". 

La Junta Departamental de Colonia había elevado un oficio en octubre del año pasado para que el Senado destituyera vía juicio político al alcalde, dando cuenta que oficialmente nunca había presentado renuncia a su cargo. 

La imputación contra Sánchez, a cargo de la fiscal de Colonia Sandra Fleitas, consideró probado que el alcalde entregaba canastas de alimentación a personas que no las habían solicitado –“muchas veces eran a cambio de votos”– y que tenían el mismo sistema con respecto a boletos. Además había motos incautadas, sobre las que luego no aparecía actas de devolución. Se devolvían por orden de Sánchez y no por disposición administrativa. También utilizaba materiales de construcción del municipio para su propio beneficio personal, y los hacían colocar con maquinarias de la alcaldía, que eran manejadas por funcionarios públicos. La fiscal informó de sobreprecios en las obras que el municipio arreglaba con una empresa constructora  pero luego se facturaba un monto superior. 

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El que sí aparece comprometido es Pablo Sánchez, hijo del alcalde y titular de una banca de edil por el Partido Nacional en la Junta de Colonia, de la que aún es considerado el titular. Condenado en la misma causa judicial que su padre, la comisión decidió otorgarle diez días de plazo para que efectúe sus descargos, aunque en este caso el resultado aparece claro y habrá votos en el Senado para destituirlo de su cargo. 

El que obtuvo un poco más de aire fue Israel Acuña, edil nacionalista de Soriano. La comisión decidió devolver las actuaciones para que la Junta de ese departamento formalice la acusación en su contra.

En tanto el que tanto el que también fue archivado fue el pedido de juicio político contra Javier Urrusty, un edil blanco de Lavalleja. Como el involucrado renunció a su banca, el proceso político en quedó sin objeto.