En medio de un prolongado conflicto laboral en SanCor, el gobierno de Santa Fe, representado por Maximiliano Pullaro, envió a la policía provincial a la planta de Sunchales para garantizar el acceso de aquellos que deseen trabajar en medio de la disputa entre la cooperativa láctea y la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra).
El sindicato acusó que "han militarizado la planta de SanCor en Sunchales por fuerzas policiales y parapoliciales que llegaron para reprimir la protesta de sus trabajadores que reclaman el pago de sus haberes y los aportes jubilatorios".
El ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo, afirmó: “No vamos a permitir bloqueos, extorsiones o amenazas para impedir el trabajo y la producción”. El conflicto surgió por un planteo para la creación de un fideicomiso de salvataje, que fue desestimado, y por deudas salariales que, según la empresa, se están saldando.
La crisis en la planta de SanCor alcanzó un nuevo nivel con la revelación de pérdidas estimadas en $4500 millones, según la empresa. Se han señalado diversas medidas que han impactado la producción, llevando a la imposibilidad de procesar y desechar leche.
La diputada nacional (PRO) Verónica Razzini, fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), respaldó la intervención del gobierno provincial como "una protección necesaria para quienes desean trabajar en SanCor, aunque el sindicato denuncie intimidación por parte de las fuerzas de seguridad".
El sindicato negó cualquier bloqueo a la producción y sigue habiendo desacuerdos sobre las causas de la situación económica precaria. Desde Atilra consideran que la presencia de legisladores nacionales del PRO y del ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, fue un indicio de medidas represivas. Atilra difundió un video filmado por los trabajadores, donde se observa la presencia de fuerzas policiales, acusando a los directivos de SanCor de tácticas intimidatorias.
La propuesta de un fideicomiso como posible solución para SanCor vuelve a la mesa, recordando dos años de gestiones que no prosperaron. El sindicato respaldaba esta vía como una salida viable, mientras que la compañía se ha visto reducida a seis plantas y alrededor de 600.000 litros diarios de producción, desde más de tres millones de litros diarios en su apogeo en 2017.
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