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Que el sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo y su pareja, Paola Fiege, hayan pasado su primera noche de los cuatro meses de cárcel que les quedan por delante por la prisión preventiva decretada por el juez Pablo Benítez, a pedido del fiscal Rodrigo Morosoli, es tan solo el inicio de la investigación que este martes se formalizó en Uruguay. Que sus bienes en territorio nacional hayan sido incautados y se haya dispuesto un embargo genérico, fue la previa de esa investigación y una medida urgente mientras el fiscal seguía recolectando la evidencia que presentó ante la Justicia de Crimen Organizado en la audiencia realizada hace dos días. Ahora, la lupa de Morosoli estará puesta en las empresas y sociedades comerciales con las que Balcedo y Fiege tienen alguna relación.

El fiscal se encuentra terminando el relevamiento registral y financiero de esas empresas e intenta determinar qué otras más pueden también estar involucradas en los negocios de la pareja, acusada de lavado de activos, tráfico interno de armas y contrabando.

Según la evidencia presentada en la audiencia preliminar, por el momento se detectaron 10 sociedades comerciales, de las cuales Fiege figura como accionista en siete, junto a otras personas. En las que no figura como accionista, el fiscal destaca que sus directores son "personas allegadas" a la pareja.
Fuentes vinculadas al caso indicaron a El Observador que una vez que Morosoli logre tener el organigrama empresarial y societario completo comenzará a citar a testigos o eventuales implicados. La principal sospecha es que a los dos argentinos se les sumen uruguayos como involucrados en las maniobras de la pareja.

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El equipo multidisciplinario que trabaja para temáticas de Crimen Organizado, que fue el encargado de realizar informes antes de la audiencia preliminar, ya está trabajando en nuevos pedidos de Morosoli, que esta vez tienen como foco a las empresas y sociedades.

Si bien el fiscal había pedido como medida cautelar cinco meses de prisión preventiva porque entendió que había riesgo de fuga de ambos imputados, el juez Benítez dispuso que sean cuatro. De todas maneras, para el representante del Ministerio Público los 120 días dispuestos es tiempo suficiente para poder realizar una acusación. Si la causa llega a juicio oral y hay una sentencia que condene a los argentinos residentes en Uruguay, la Fiscalía pedirá de inmediato el decomiso de los bienes incautados a pocos días de que Balcedo y su pareja fueran detenidos.

Relación de familia

Durante la audiencia de formalización realizada el martes, la defensa de Balcedo y Fiege –integrada por los abogados Alejandro Balbi y Víctor Della Valle– presentó un recurso de reposición para que la mujer no fuera a prisión y cumpliera arresto domiciliario. El principal argumento era que sus hijos pequeños tenían "secuelas" producto de la detención de sus padres y necesitaban, al menos, que su madre estuviera cerca.

A raíz de ese planteo, el fiscal dijo en la audiencia que investigará la relación entre Balcedo y Fiege y sus hijos. Consultado en el programa En Perspectiva, Morosoli señaló: "El argumento humanitario es bastante manido en las defensas para conseguir mejores condiciones de reclusión de su cliente, pero no hace al objeto de la medida cautelar que tiene un fin claro: permitir que las personas estén a disposición del proceso y que no se fuguen. En este caso el riesgo de fuga es clarísimo. Aún son solventes y tienen contactos en varios países. Las cuestiones de corte humanitario, si bien son entendibles y hasta cierto punto compartibles, no hacen al objeto de la medida cautelar".
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crimen organizado Marcelo Balcedo investigación Justicia fiscalía contrabando

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